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El dilema: trabajo o seguridad social

Uno de los debates en el tema laboral mas importante, y desafortunadamente ausente en las contiendas electorales de este año, fue el tema del salario mínimo.

Aunque para este último trimestre el DANE no ha expedido ningún estudio sobre el porcentaje de informalidad, las últimas cifras conocidas fueron las de último trimestre de 2008, indicando un 57,7% de informalidad. Por otra parte para Julio de este año se reportó una cifra aterradora: el 12, 6% de la población carece de empleo formal.

La informalidad tiene unas consecuencias realmente graves. Todo el sistema de seguridad social colombiano, que incluye el tema de pensiones por invalidez o vejez, riesgos profesionales y salud, se basa en los aportes que deben hacer aquellas personas que se considera tienen un trabajo “oficial” o formal, respaldado por un contrato de trabajo. La informalidad es aquel modo de empleo que, como no se encuentra dentro del sistema, no aporta a la seguridad social, pero en cambio muchas veces la consume.

La consume porque esos trabajadores que tienen capacidad de generar dinero no ayudan con su plática para el bienestar general, pero en cambio entran como beneficiarios subsidiados, lo cual va en contra de la lógica del sistema, que busca que quien produzca aporte, y quien no se subsidie mientras encuentra empleo (que no se pregunte luego por qué se desangró el sistema).

Una de las causas de esa informalidad seguramente es el salario mínimo. Existen dos extremos: el nuestro, un país en el que más de la mitad de su población es informal y por tanto no tiene seguridad social, pero tiene un salario que parece cumplir con su función de ser un ingreso que garantice la salvaguarda de los derechos de las personas; y por el otro lado, el ejemplo de China, un país en el que el salario mínimo parece inexistente, y en el que las condiciones laborales (horarios, ambiente) son terribles, pero un país en el que sus individuos tienen pensiones y seguros de salud y de riesgos profesionales, además de que casi todas las personas tienen trabajo.

¿Qué preferimos nosotros? Obviamente, un punto medio, pero casi imposible de lograr por la presión tan grande que ejercen las confederaciones de trabajadores y el mismo gobierno a la hora de determinar el salario mínimo.

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La Adopcion no puede ser un juego político



En medio del apasionante clima político hemos cerrado la discusión y dejado de tratar temas que también pueden ser de interés no solo para quienes están interesados en la política sino para todos, a continuación desarrollaré un argumento un tanto provocador en contra de la eventual adopción por parte de parejas homosexuales.

En el marco de la lucha por los derechos de los homosexuales, se ha dado la batalla política y jurídica por el derecho que quieren tener las parejas homosexuales a adoptar. La vinculación de organizaciones de la comunidad LGBT[1] y la militancia de estos grupos y organizaciones en manifestaciones  y contiendas públicas  supone un activismo fuerte en todas las esferas de la sociedad. Tenemos la petición de las parejas del mismo sexo para conformar  sociedades conyugales, batalla jurídica que tras pasar por la corte constitucional fue ganada por la comunidad LGBT en lo que fue una decisión progresista de la alta corte en reconocimiento del derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad entre otros[2]. Sin embargo, y a pesar del resultado favorable de la sentencia, las prescripciones legales no trascendieron de forma efectiva la esfera jurídica y estuvieron lejos de legitimar estas tendencias sexuales en el imaginario colectivo, pues a pesar de la victoria en la corte, estas personas se vieron incapacitadas a ejercer los derechos que se les reconocían en la sentencia que proclamó la constitucionalidad de estas uniones, pues lo que se creía era que de publicar sus tendencias, ante sus jefes o ante la sociedad, estas personas corrían un alto riesgo de ser echadas del trabajo, de sufrir discriminaciones e incluso de ser víctimas de facciones altamente intolerantes de la sociedad. El caso de la adopción es similar y puede tener efectos contraproducentes no solo para con los niños, que son los as importantes en esta situación, sino también para los adoptantes pues la publicidad de sus intenciones y de sus eventuales actos de adopción puede hacerlos vulnerables a sufrir discriminación y fuertes agresiones, y claro en orden a perjudicar a los adoptantes, los grupos intolerantes pueden llegar a agredir a los niños adoptados. Esta situación propone dos reflexiones importantes que deben considerarse antes de decidir si las parejas del mismo sexo deben tener o no la capacidad jurídica de adoptar. Primero, el hecho de que la institución de la adopción sea una institución orientada únicamente al bienestar del niño, este bienestar es lo único que debe considerarse a la hora de mirar si una persona puede adoptar o no. De esto se sigue que no existe ningún derecho a adoptar del cual sean titulares los ciudadanos jurídicamente capaces, incluso las parejas heterosexuales no gozan de ningún derecho constitucional a adoptar por lo que el argumento de la igualdad esgrimido por la comunidad LGBT no tiene fundamento. La segunda reflexión se hace a la luz de lo jurídico teniendo en cuenta el contexto social, no creo que las parejas homosexuales sean incapaces mantener una relación filial y de educar y mantener niños adoptados, sino que mas bien, la sociedad no está lista para que las parejas homosexuales asuman esta responsabilidad, pues la intolerancia de algunos puede derivar en agresiones significativas para con los niños, ya sea por discriminación contra ellos (los niños) o ya sea por agredir indirectamente a los padres adoptivos de estos. Y ciertamente estas no son meras especulaciones pues como se ha comprobado ya con el caso de las sociedades conyugales, las victorias legales no siempre se traducen en victorias sociales sino que además pueden terminar por perjudicar a quienes una vez ganaron en la corte. Es importante aclarar que la posibilidad de agresiones fiscas contra los hijos de parejas heterosexuales es remota, el hecho de que estos niños sean objeto o estandarte de una lucha política, los expone, los hace personajes de vida pública, y claro los hace mucho más vulnerables a eventuales agresiones psicologías o físicas, no solo por el hecho de que se les ataque a ellos sino que las mismas campañas en contra de sus padres y su estilo de vida puede llegar a causarles una gran frustración.

Bibliografía:

Lemaitre, J. (2009). El derecho como conjuro. Bogota: siglo del hombre editores.


[1] Es decir, Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.

[2] Al respecto véase,  (Lemaitre, 2009)