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Durmiendo en la calle

“no solo las reglas son para todos”.

Ayer, por tercera vez en un año fui robado, las modalidades han sido diferentes, la primera vez, un niño me ofreció un rosa durante el recorrido de dos cuadras, y mientras yo intentaba deshacerme de el, otro niño me sacaba la billetera aprovechando mi distracción. Luego, cuando volvía de la universidad, a las cuatro de la tarde fui abordado por dos hombres que me amenazaron con un apuñalarme si no les entregaba todo. Y claro, está lo que pasó ayer, mientras volvía a mi casa, luego de comer, un hombre en una bicicleta me cerró el paso en una calle en la que él no tenia porque parar, pues no había carros en la intersección ni peatones cruzando la calle, yo paré y cuando el hombre en la bicicleta me lo permitió seguí mi camino sin dejar de sentirme extrañado por lo que acaba de suceder. Al minuto de mi incidente fui a comprar una cerveza y me di cuenta de que ya no tenía billetera, la misma que había usado segundos atrás para comprar unos cigarrillos. No lo podía creer, hablé con la policía, ellos me dijeron que no había nada que ellos pudieran hacer, aun cuando el robo acababa de suceder no mas de cinco minutos atrás. Sin embargo lo que me sorprendió fue la respuesta concreta de uno de los policías quien me dijo: “lo que pasa es que usted – o sea yo – no puede dejar que lo roben así tan fácil, eso le pasa por andar borracho”. ¿Es que acaso no tengo derecho a andar borracho sin ser robado? ¿Acaso el hecho de que me robaran fu culpa mía? Bueno, cuando oí las palabras del policía, la imagen de un cartel que había visto en donde comía hace veinte minutos se me vino a la cabeza, el cartel decía “en la calle no se duerme” y era parte de una campaña gubernamental para que los ciudadanos estuvieran prevenidos y cuidadosos de sus objetos personales durante las horas de fiesta.

Haciendo una radiografía de lo que había sucedido esa noche pensé, ¿que puede hacer el derecho ante una situación similar?, bueno, a esto tengo que responder con una reflexión.

Cuando estúve en los juzgados de paloqueamo y luego de haber visto el documental “bagatela”. Me di cuenta de que las penas para estos delitos habían aumentado considerablemente, posiblemente como parte de una estrategia para reducir la criminalidad de este tipo[1].  Sin embargo pude notar que casi ninguno o ninguno de los perpetradores de estos delitos, sabían que las penas para estos delitos habían aumentado tanto, y se encontraban con una dura realidad. Los abogados les decían “no, es que esa ley – la que regula las penas – si quedo muy dura”. Mi siguiente reflexión fue intentar meterme en la cabeza de ellos, pensé que al robarme ellos tal vez dirían, entre muchas otras respuestas o excusas cosas como “a este no le va hacer falta lo que le vamos a robar, a mi en cambio si me hace falta”, “vamos a robar a este “gomelo” que tiene todo y nosotros nada”, “que embarrada con el muchacho pero tengo que alimentar a mi familia”, en fin, siempre advirtiendo que estoy especulando, creo que estas personas piensan que no están haciendo nada malo, o en ultimo que están haciéndolo pero que tienen que hacerlo. mi primera respuesta fue, las cosas no son así, ellos si están haciendo algo malo y las cosas no tienen que ser así, y creo que me voy a mantener en ella hasta que alguien me convenza, no con el argumento trillado de que es culpa del capitalismo o del gobierno por no hacer nada ante tanta desigualdad social sino con argumentos que me demuestren que ellos no pueden hacer otra cosa que robar, en el mejor de los casos, a jóvenes borrachos, irresponsables y nihilistas, que ningún bien le hacen a la sociedad.

Por ultimo, algo que me llamo la atención fue, además de la reacción del policía, la reacción de mi familia y de quienes estaban conmigo, ellos creían que había sido culpa mía por haber estado tan distraído, me dijeron que tenia que aprender de la situación y tener mucho mas cuidado ¿Qué cuidado podía tener yo cuando en la segunda ocasión me sacaron un puñal a plena luz del día?

Es cierto que los ciudadanos debemos estar prevenidos y ciertamente las campañas publicitaras que no lo dicen son muy acertadas en cuanto a su premisa y a su enfoque, sin embargo creo que esta publicidad y esta campaña cívica debe darse en ambas direcciones, es decir, no solo debe invitar a los ciudadanos a no dejarse robar sino también a los ladrones a no robar, no solo bajo la amenaza de la coerción sino además, desde un enfoque que genere conciencia en ellos. El derecho debe ser entonces no el amigo borracho que los demás cargan a cuestas hacia su casa, sino el amigo sobrio al que los demás deben defender y ayudar cuando esta cansado de cargar con todo lo que se necesita para pasar un rato tranquilo.

Para mas información recomiendo el articulo Secretaría de Gobierno lanza campaña ‘En la calle no se duerma, permanezca atento’


[1] Delitos de bagatela, es decir; delitos menores.

Los absurdos de la ley

Asistir a una audiencia del sistema penal es enfrentarse con lo que sucede diariamente en la justicia colombiana. Comparto con Santiago y Alejandra el desencanto que me produjo presenciar uno de los miles de casos que son llevados a los juzgados alrededor del país. A diferencia de ellos, asistí a audiencias en el Tribunal Superior y gracias a un hecho fortuito terminé sentada cara a cara con Ramón Isaza y otros paramilitares desmovilizados bajo la ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz).

Ya en Bagatela observamos el funcionamiento de la justicia frente a los casos más cotidianos. Aún así, la realidad colombiana está conformada tanto por casos como estos, que aunque no corresponden siquiera con lo que el Estado ha identificado como la amenaza principal, sí son los que inundan las cárceles (Iturralde, 2009) como por casos de crímenes realizados sistemáticamente por grupos armados al margen de la ley y, como quedó demostrado en el escándalo de los falsos positivos, por el Estado mismo. Así como la literatura existente ha identificado los retos y obstáculos del sistema penal y de su código de procedimiento para ese primer tipo de casos – de bagatela-  para lo cual supuestamente la legislación está preparada para afrontar, el reto para la debida y eficiente aplicación de la justicia es aún mayor para los casos asociados al conflicto armado dada no solo la magnitud numérica de los hechos sino también el tema con el cual se está tratando.

Sin negar las contradicciones y desafíos de los procesos penales como los descritos en “Revictimizando a las víctimas”, creo de suma importancia tener siempre presente que hay toda otro tipo de procesos enormes que están siendo llevados a cabo que tienen que ver no con una, sino con más de 3000 imputaciones, como en el caso de la audiencia de imputación de cargos del Bloque Norte o del Magdalena Medio.

El 18 de marzo, los líderes desmovilizados habían confesado entre otras cosas, “el asesinato y desaparición de una persona en zona rural del Tolima, a quien sacaron de su casa a la fuerza, la descuartizaron con motosierra, la enterraron en una fosa común ilegal y luego de un tiempo, sacaron el cadáver y lo cremaron en un sitio especial conocido como ‘El Grillo’ por las Auc, para que no fuera encontrado por las autoridades” (Verdad Abierta, 2010). Es a esta clase de situaciones a las que también se está enfrentando hoy en día el sistema penal colombiano.

Tras esta audiencia de imputación, el magistrado de Control de Garantías del Tribunal Superior de Bogotá, Julio Ospina, le negó la detención domiciliaria a Ramón Isaza.  Frente a esa negación, la defensa decidió apelar, lo cual significaría suspender el resto del proceso mientras una corte superior delibera sobre este punto. Ante esto, el ministerio público pide romper la unidad procesal para que el resto de los procesos que se le adelantan puedan seguir su curso y las víctimas puedan acceder a la verdad lo antes posible. A pesar de la sensatez que contiene esta idea, la ruptura procesal se da frente a personas, no frente a hechos; el magistrado declara “no veo cómo proceder, pero comparto su preocupación, así como la comparten las víctimas y la comunidad internacional. Queremos que esto vaya rápido. Quisiera que fuera viable pero no veo la formal legal de hacerlo”. Luego de esta intervención, el fiscal pide recurrir a “recursos filosóficos” en vista de que no hay recursos legales para hacerlo. El desenlace final, por ahora, es que se le niega la ruptura procesal, por un absurdo de la ley que en lugar de permitir e incentivar que se agilicen los procesos y se respeten los derechos consagrados en el artículo 11 del código penal, lo que hace es demorarlos aún más.

Así como entiendo la necesidad de un marco legal que rija las situaciones que se puedan presentar, creo que lo que ha tenido lugar en Colombia en los últimos años presenta un reto inmenso para la administración de justicia en el cual la academia puede jugar un rol importantísimo – como queda evidenciado en el diagnóstico llevado a cabo por Guzmán, Revelo y Uprimmy-  para determinar estrategias que hagan del proceso uno más humano y rápido que no tenga que apelar a la filosofía sino a la jurisprudencia para funcionar.

Bibliografía:

Iturralde, Manuel. “Prisiones y castigo en Colombia: La cultura del miedo y el Estado punitivo”. 2009.

Apariencias en la audiencia

El pasado 23 de marzo asistí a dos audiencias penales en Palo quemado. Mi propósito era investigar sobre ciertos artículos específicos de la ley 906 de 2004 como la dignidad humana, la libertad, la igualdad etc. pero puedo decir, antes que nada y sin arrepentirme, que fui realmente inocente e ingenua al pretender que únicamente con presenciar 2 audiencias iba a poder afirmar con toda seguridad que el sistema penal de mi país y su código, es decir, la realidad y el papel trabajan armónicamente. No duden que me puedo sentar a describir cómo los dos casos a los que acudí son un ejemplo perfecto de los derechos de las víctimas, de la presunción de inocencia, de la defensa y demás pero sería algo superficial y aburrido de escribir y mucho más absurdo de leer-quien lo quiera ver puede ir él mismo a Palo quemado para hacerse una idea “bonita ” de la vida, yo no tengo porque convencerlos.

Lo que sí me nace decirles es lo que sentí. Estábamos siete estudiantes de la Universidad de los Andes esperando un típico caso de hurto,  pensando en “cosas de la vida”, cuando de la nada entra un señor armado que solo por su alto y ancho parecía 2 hombres en su mismo uniforme.  Adelante, esposado, entra alguien más que ante tales magnitudes se ve lo más escuálido e indefenso del mundo. Está tan asustado que ni siquiera nos determina y se apresura a sentarse con las esposas puestas (se las quitan después). Su abogada, que lo último que me inspiró fue sabiduría y confianza por el comportamiento previo a la audiencia, se sienta y habla como si fuera un día más, un caso más, un ser- si es que ella es consciente de la magnitud e implicaciones de esa palabra-más.

Pero lo que de verdad me impactó en este caso fueron dos cosas. La primera es que el acusado no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando. No estoy diciendo que su abogada no le explicara antes el proceso, porque eso no lo sé. Lo que sí vi fue al acusado acercarse al oído repetidas veces de su abogada preguntándole cosas y obteniendo siempre como respuesta un frio y seco “silencio”.  Finalmente este hombre llega a tal punto de resignación que se dedica a mirar por la ventana mientras tres personas deliberan sobre su futuro.

La segunda cosa que me impactó es un momento de tensión muy intenso: el fiscal dice “debemos recordar que JFM es un desmovilizado, que perteneció a las FARC y se acogió a la ley de Justicia y Paz”. Hasta su propia abogada se volteó a mirarlo. Creo que hasta ahí llegó cualquier tipo de consideración que pudiera sentir alguna persona presente.

Sobre el segundo caso lo que más me desconcertó fue el tiempo. Esta audiencia es una muy parecida a la que hace referencia Santiago Cardona en Revictimizando a las víctimas, los dos estuvimos en un caso de abuso sexual a un menor en el 2004 luego, si estamos en el 2010 ¿por qué los victimarios siguen libres?   Sin embargo, lo que me parece el punto central del autor es cómo el sistema penal colombiano es tan ineficaz que se dedica a través del tiempo a “torturar” a las víctimas y ayudar a los victimarios.

Al respecto solo puedo decir dos cosas. Primeramente, el argumento de Cardona para decir que el sistema ayuda a los victimarios mortificando a las víctimas es que la ley 1098 de infancia y adolescencia dice que en caso de abuso sexual  a un menor, no se puede rebajar la pena aunque el acusado acepte los cargos; pero en este caso lo ignoran y  la pena se reduce a la mitad. Ahora bien, creo indispensable recordar dos principios característicos del derecho penal: legalidad y favorabilidad. La ley 1098 fue posterior al hecho, entonces no aplica. Frente a esto muchos podrían rebatir, “pero el código penal también es posterior”. Pues el principio de favorabilidad dice que [l]a ley permisiva o favorable aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. El código penal le favorece luego sí aplica.

En segundo lugar no podía pasar por alto que desde los hechos han pasado seis años sin que se dicte una sentencia. Si bien es cierto que es demasiado tiempo, por lo que yo también reconozco que el sistema no es del todo eficaz, sí puedo  afirmar que lo que se está debatiendo es la vida de un ser humano, sus libertades y derechos. No sobraría entonces recordar que una decisión difícil no se puede tomar sin darle un tiempo de reflexión. Qué otro mejor ejemplo que los requisitos que debe cumplir una ley para que sea válida: puede tener hasta dos legislaturas para que los congresistas puedan analizar y decidir sin opción de arrepentirse.

Como conclusión, la decisión de qué tan armónico es el papel con la realidad se la dejo a ustedes.

Revictimizando a las victimas

Las semana pasada fui testigo de las fallas inimaginables a las que nos hemos acostumbrado en el sistemas penal  colombiano. Nos acostumbramos a pensar  en que el dinamismo y aumento de penas en el  sistema es un avance en términos de justicia. Sin embargo, la realidad es muy diferente:  pueden existir penas de décadas de prisión pero de qué sirven si no las imponemos, o las imponemos después de largos y difíciles proceso.  Esta crítica surge por  la experiencia que viví cuando presencié una audiencia pública por abuso sexual de una menor de 14 años, en los juzgados de Paloquemado.

El caso empieza en el 2004 cuando un joven de no más de 25 años  viola a una niña de seis años. El proceso empieza con la  captura y acusación  al supuesto violador.  En marzo de 2010 se presentan las partes para  presentar un acuerdo  ante el juez de circuito, en el cual el  acusado se declara responsable de los hechos si se le  reduce en por lo menos la mitad la pena. Lo absurdo del caso es que es la fiscalía, la familia de la niña, la defensora de familia  y el  abogado  son los que buscan la aceptación del acuerdo, no están  búscando la máxima pena sino la mínima.  Esto solo pasa en un sistema  disfuncional;  la familia, ya cansada de un proceso de 4 años no busca justicia sino acabar la pesadilla.

Por consiguiente, el escenario no puede ser peor: la lentitud del proceso e indagaciones persisten y  todo por culpa de un sistema penal que irónicamente victimiza aun más a la víctima. Esta lentitud e imprecisión del proceso  son consecuencias  de acumulación de casos del sistema y funcionarios incompetentes (en muchos casos se estima que un mismo fiscal puede estar a cargo de más de 70 casos), a pesar de los cambios generados por Ley 906 de 2004.    Si el juez no acepta el acuerdo como sucedió en este caso,  el proceso sigue  afectando de manera directa a ambas partes y  paradójicamente, el sistema dificulta  aún más el proceso para la víctima y su familia limitando el incidente de reparación integral de la ley 903 de 2004.  Vemos que se ha avanzado en eficacia en algunos aspectos desde la aplicación del nuevo sistema penal, sin embargo, estamos lejos de tener un sistema realmente eficaz.

De igual importancia, en el 2006 se crea la  ley 1098 de Infancia y Adolescencia  la cual elimina la posibilidad de una reducción de penas para violadores de menores de 14 años y los preacuerdos en estos. Sin embargo, este cambio legal me hace cuestionar si esto realmente favorece a las víctimas.  En primer lugar, si el sistema sigue como está, esta ley no implica  realmente que se les impongan mayores penas a todos los violadores y victimarios.  Puede existir la posibilidad de penas mayores,  pero esto no implica que se estén  aplicando realmente. En segundo lugar, este proceso no facilita en la práctica el proceso de la víctima. En el  Diagnóstico de riesgos y puntos críticos se explica claramente que son estos mecanismos de justicia negociada los que agilizan los procesos y sentencia.

En definitiva, la solución  no es solamente  aumentar  y evitar disminución de penas, sino,  hacer un sistema más eficiente y que ayude a las víctimas en el proceso.  El sistema como esta concebido  afecta a la victima dada la lentitud e imprecisión de los procesos; irónicamente, evitar preacuerdos afecta a la víctima en muchos casos. Se vulnera las disposiciones del  Art. 4 Igualdad y del Art.11 Derecho de las víctimas,  que implican que se debe proteger a la persona que se encuentran en circunstancias de debilidad y a las víctimas. El objetivo del sistema penal acusatorio es ser  un sistema garantista de los derechos fundamentales y con  etapas diferentes (la audiencia de formulación de acusación, la preparatoria al juicio oral, la de juicio oral y la reparación integral y sentencia) en muchos casos sus características actuales (lento e impreciso en investigación), simplemente vulnera aun más los derechos que busca proteger.  Como lo explica Marc Galanter  en  la realidad los sistemas jurídicos generalmente no favorece a los demandantes ocasionales, lo absurdo es que en Colombia no solo no se favorecen sino que se pueden ver afectados por el sistema. Eliminar estos preacuerdos es viable solo cuando el sistema sea realmente  eficaz y se apoye a la víctima de manera integral.

Bibliografía:

– Galanter, Marc. 2001. “Por qué los poseedores salen adelante: especulaciones sobre los límites del cambio jurídico”, en García M., Sociología Jurídica: Teoría y sociología del derecho de Estados Unidos. Bogotá: Universidad Nacional. pp. 71-87.

-Guzmán Diana Esther, Revelo Javier Eduardo y Uprimny Yepes, Rodrigo. CAPÍTULO 4: Diagnóstico de riesgos y puntos críticos

– Código de Procedimiento Penal ( art.4 y art.11)

– Ley 906 de 2004

– LEY 1098 DE 2006  LEY DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN COLOMBIA