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Medida de aseguramiento al sistema

La experiencia vivida en los juzgados en las que los miembros de este blog presenciamos entre dos y cuatro audiencias, no es suficiente para generalizar sobre el funcionamiento y las características del sistema penal, sin embargo,  contamos con un diagnostico panorámico del mismo gracias al  trabajo de Guzmán. Sin embargo, dado que el funcionamiento diferenciado referido al SPA (Sistema Penal Acusatorio), que se da en cuatro dimensiones del mismo, es producto de un estudio general y dada la naturaleza de estos funcionamientos, (Vgr, no podemos notar rasgos de funcionamiento diferenciado en cuanto a lo regional si solo vamos a un distrito judicial). No podemos hacer más que identificar ciertos rasgos muy específicos mencionados en la investigación y en este caso en particular solo nos es posible hablar de una funcionamiento diferenciado del sistema en materia procesal; como los es para el caso de la flagrancia. Ahora, estas limitaciones metodológicas no nos impiden ver cómo operan en la práctica algunos artículos del código penal, sin caer en generalizaciones y evidenciando  que estos artículos no solo operan en los juzgados y no solo en la actuación de los ciudadanos sino en la manera en que las autoridades actúan o dejan de actuar de acuerdo a las particularidades del SPA fuera de los juzgados.  Continuación se presentara el tratamiento que se dio  ciertos artículos dentro de las audiencias en las que fui presente, analizadas siempre en función de los componentes de estos artículos que hemos elegido.

cuando tratamos el derecho a la libertad, en particular referencia la medida de aseguramiento, podría darse la intuición de que por lo general, de ser solicitada, esta sería ejecutada por el juez en la mayoria de los casos. pero hoy tuve la oportunidad de rebatir esa intuicion, pues en la audiencia de estafa en la que me hice presente, a pear de que los miembros de la fiscalia pidieron medida de aseguramientopara el imputado,  se dió que el juez ,actuando en concordancia con la ley no permitió que se diera esa medida, pues la presencia del imputado, dada la naturaleza del delito,  no representaba una amenaza para la comunidad ni para la víctima, en principio, sin embargo se puede pensar, a raíz de que la victima apeló la decisión del juez, que el imputado si podría representar una amenaza para ella, si se tiene en cuenta que el imputado quisiera tomar represalias. Esto es una muestra de respeto por la libertad y de discrecionalidad de los jueces.

Ahora, si miramos los texto de Cardona y Palacios tenemos que ambos se refieren a una misma situación, cuando Palacios menciona que el acusado no entendía nada de lo que estaba pasando y cuando Cardona se refiere repetidamente a la imprecisión del sistema. Esta situación es la del llamado “lenguaje técnico”, barrera que ya vimos en el documental “bagatela”. Sin embargo no deja de ser inquietante la connotación imprecisa que da Cardona al sistema y ciertamente no lo encuentro pues el lenguaje técnico es precisamente específico y preciso y es por esto que se impone como barrera para el ejercicio de sus derechos al imputado que es un ciudadano común. Por el único lado que se podría tomar el alegato de Cardona es por la evidencia de que hay dificultades administrativas, como las que presencié hoy en dos juzgados diferentes donde, aun cuando los imputados habían sido encontrados en flagrancia, estos no se habían presentado; uno por que su dirección era en el sur y no la habían escrito como tal y la otra porque vivía en Soacha (distrito judicial diferente al de Bogotá) y la citación no le había llegado. Esto me lleva a recordar la charla que mantuvieron abogados y jueza una vez pospuesto el caso donde uno de los abogados comentaba, con aprobación de su contraparte y de la jueza, refiriéndose a la actuación de las autoridades frente a la delincuencia común: “lo que pasa, es que dejan que ellos (los delincuentes) cometan el delito para que las cámaras los vean y así poder atraparlos en flagrancia”. Afirmaciones como estas no deben ser tomadas a la ligera, pues ésta en particular evidencia que el trato que se la ha dado a la figura de la flagrancia en el nuevo sistema, y el ahorro de tiempo que este implica para las autoridades , ha llevado a que las mismas autoridades actúen de forma distinta y de algua forma, contraria a la ley; los apartes del código, potenciados en el nuevo sistema han trascendido los juzgados y han cambiado la actuación de las autoridades públicas, esto nos invita a reflexionar sobre el papel regulador del derecho en virtud de su capacidad de permear la sociedad, no solo por las leyes sino por las dinámicas que se dan dentro de este.

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Un campo social permeable

La condición de discriminación sufrida por las mujeres es categoría  si se hace una revisión histórica de su condición social, cultural y política, y donde esta ultima forma de discriminación es la que se hace más evidente en nuestros días. En Colombia se ha tomado una medida política y jurídica conocida como la ley de cuotas que prescribe que deber haber al menos una mujer en las ternas propuestas por los funcionarios públicos para altos cargos públicos[1]. Este tipo de medidas son conocidas como acciones afirmativas por medio de las cuales se ha querido subsanar el rezago histórico de las mujeres en la política producto de la discriminación sexual de la que han sido víctimas. Sin embargo y a pesar de la especificidad y el cumplimiento de la ley, esta ha tenido una incidencia teleológica mínima pues en realidad estas mujeres no son tenidas en cuenta seriamente por quienes deben escoger entre ellas y los otros dos candidatos, o bien son destinadas a cargos públicos de poca injerencia en la vida pública. Esto se debe claro a que sigue habiendo una discriminación de naturaleza cultural hacia las  mujeres que el ámbito jurídico se ha visto incapaz de penetrar. Lo anterior apuntaría a que el derecho no puede simplemente y por si solo modificar la realidad social, sin embargo de esto no se sigue que el derecho no pueda manipular la realidad social. Afirmar que la intrascendencia de dicha ley se debe a una incapacidad inherente del derecho no estaría correcto, pues en realidad esta puede deberse a un falencia particular de la ley, a la previa consideración superficial del contexto donde esta fue introducida  y a la falta de políticas subsidiarias de la ley; como lo sería una agenda educativa y publicitara referente a la igualdad de las mujeres. A estos argumentos se suma el hecho de que la ley está siendo cumplida y por lo tanto no haya una forma jurídica inmediata para exigir el derecho que se quiere proteger; a la no discriminación.

Pero indagando un poco más a fondo, tenemos que dicha ley tiene un fundamento en el derecho a la igualdad consagrado en la constitución, es decir, en la constitución. Una constitución que reivindica la diversidad y e l pluralismo nacional y que pretende una sociedad más justa[2]. Una constitución que permitió que a la mujer se le diera el derecho a abortar en determinadas circunstancias, y lo permitió estratégicamente; mediante el reforzamiento de los derechos fundamentales, (como el derecho a la igualdad y la dignidad) y mediante la creación de una corte constitucional que garantizara y promocionara el goce efectivo de esos derechos, así como mediante la creación de mecanismos de protección de derechos como la acción de tutela. Una constitución aspiracional[3]. Una constitución que ha permitido que esos grupos rezagados luchen por sus derechos en una forma jurídica, y lo hagan con resultados, que si bien no son óptimos son resultados que no se hubieran sido posibles dentro de un marco normativo diferente a la Constitución de Colombia de 1991. Y es que lo cierto es que los logros alcanzados por estos grupos marginados (mujeres, indígenas, comunidad LGBT) se han dado en el ámbito de lo jurídico precisamente porque su manifestación política ha sido siempre insignificante, ¿o es que alguna vez ha existido un partido LGBT o “de las mujeres” con injerencia en la agenda publica de los colombianos?. Es cierto que hay trabas culturales y sociales a la exigencia de estos derechos ratificados por la corte, como lo es en el caso del aborto, es cierto que en muchos casos las mujeres que quieren abortar logran acceder a estos servicios médicos luego de haber interpuesto demandas o acciones de tutela, pero también es cierto que hay quienes lo han logrado y más importante, quienes lo han hecho, para el caso de acceder a un aborto digno y en condiciones aceptables de salubridad, lo han hecho por vías judiciales, no políticas. Y es que precisamente porque estos grupos han estado históricamente rezagados en el campo político, es en el campo jurídico donde encuentran un campo de batalla que si al menos no les es favorable, por lo menos no les es desfavorable. Es en cabeza de los derechos consagrados por la constituciones que múltiples movimientos sociales han iniciado su lucha política[4] y es aquí cuando el derecho ha penetrado la realidad social, sin negar que este también se ve afectado por la misma.


[1] Ley de cuotas, Republica de Colombia, Ley 581 de 2000

[2] Rodrigo Uprimmy, foro: expresa.la

[3] Garcia Villegas, Mauricio. 2006. “El derecho como espereanza: Constitucionalismo y Cambio Social en America Latina, con algunas ilustraciones a partir de Colombia”,

[4] Garcia Villegas, Mauricio. 2006. “El derecho como espereanza: Constitucionalismo y Cambio Social en America Latina, con algunas ilustraciones a partir de colombia”,

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Bibliografia:

  • Garcia Villegas, Mauricio. 2006. “El derecho como espereanza: Constitucionalismo y Cambio Social en America Latina, con algunas ilustraciones a partir de colombia”, en Uprimmy R, C. Rodríguez Garavitoy M. García Villegas, ¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en colombia. Bogotá, Norma, pp. 201-234.
  • Comunicado de la Ruta Pacífica de las Mujeres.
  • foro Expressa.la, intervencion de Rodrgio Uprimmy

¡El tablero venía dañado desde hace rato!

La debilidad de las instituciones políticas como catalizador de un proceso dado a establecer regímenes autoritarios en Latinoamerica

Las Características del campo jurídico Latinoamericano, se han manifestado en Colombia y han permitido que se llegue a la situación del referendo para una segunda reelección consecutiva, sin embargo, durante el proceso, o más bien, EN el proceso, estas características no se han manifestado de forma concreta sino como condiciones del proceso y posibles consecuencias de la realización favorable de éste.

La teoría económica ha identificado, entre otros, dos tipos de estados en función de cómo su organización afecta el desarrollo del país, a saber, los estados predatorios y los estados desarrollistas. Estos dos tipos de estado no son antagónicos sino que se ubican en diferentes partes de un espectro que comprende la búsqueda de rentas propias, por un lado,  y el fomento económico alejado, más no inmune, de la búsqueda de rentas propias, donde las políticas públicas tienen su fundamentación en un desarrollo económico más  generalizado que fraccionado, por el otro. [1] sin embargo, enmarcar a la generalidad de países latinoamericanos en uno de estos dos modelos resulta problemático, pero esto no nos impide ubicarlos dentro del espectro y es que como Evans (2007) lo dice respecto de Brasil, nosotros podemos afirmarlo respecto de varios países Latinoamericanos. Esto es, que estos países se encuentran en un término medio, (mas hacían un lado que hacia el otro o viceversa) entre tener Estados Predatorios o Desarrollistas; acá lo que sucede es que si bien se ha logrado un desarrollo económico coherente e incremental, los miembros del Estado siguen tras la búsqueda de rentas propias y además, (Evans, 2007) los presidentes cuentan con un elevadísimo poder de designación política.

Esta distinción introductoria, a pesar de tener un enfoque económico, no es ajeno a una dinámica política que a su vez tiene repercusiones en el campo jurídico de las naciones latinoamericanas, ¿Cómo? Bueno, lo cierto es que la corrupción se ve, y a causa de esto los congresistas y en general las instituciones pierden legitimidad ante el pueblo. Esta situación se da en países donde el presidente, además  de tener un alto poder de designación política tiene poderes de veto para con la rama legislativa e incluso tiene poderes legislativos; como en el caso de Colombia, bajo la figura de un Estado de emergencia Social consagrado, para bien o mal, en la Constitución. Esta relación de corrupción y poder presidencial, puede entenderse como catalizadora de un proceso de acumulación presidencial de poder, para casos en los que el presidente ha logrado responder ciertos problemas persistentes y además publicitar su imagen. De modo que tenemos una rama legislativa que carece de legitimidad en el imaginario nacional y un presidente con alta popularidad  y facultades legislativas, que aunque previstas para situaciones extraordinarias, son invocadas regularmente. Esto, a la luz de la perspectiva de Evans puede explicarse porque en Latinoamérica no solo hay problemas de pobreza e inseguridad; “la ingobernabilidad es una constante en los países latinoamericanos donde Las instituciones como el Congreso y los partidos políticos carecen de legitimidad frente a la sociedad como intermediarios de las demandas sociales”[2], no solo carecen de legitimidad sino que están preocupados por favorecer a ciertos sectores con los que se ha comprometido, a pesar de que el mandato del pueblo sea representativo. Mientras que el presidente, por la misma naturaleza de su figura se ve impulsado a la búsqueda del interés general aunque sus facultades designativas logran darle un poder enorme, ya no frente al pueblo como tal sino frente a su propio gobierno y frente al estado, ganando aliados en todos los frentes, aliados que se hicieron presentes, de forma directa o indirecta en el proceso de montaje del referendo reeleccionista.  Pues como se sabe muchas de las entidades que financiaron la recolección de firmas fueron contratistas del estado. Contrataciones que claro, no hacen los congresistas sino los miembros del gobierno. En muchos casos designados por el presidente.

Cara a cara

Presidente de la Corte Constitucional Mauricio González Cuervo – Tomado de: http://www.eltiempo.com

A pesar de que los miembros de la rama judicial no son elegidos de forma democrática, (situación duramente criticada por algunos) y si bien estos no están exentos de ser susceptibles a deudas con altos cargos respecto de quien los propuso, estos logran mantenerse al margen de la crisis política, institucional y de gobernabilidad y muchas veces, logran hacer lo que los congresistas no, y esto es responder de forma oportuna frente a problemas emergentes. Pero el valor originario de una rama judicial reside no en su faceta dinamizadora sino en su función reguladora. Pues la función natural de los jueces no es propositiva sino decisoria y precisamente por eso resulta paradójico  el desenlace del proceso de referendo del que la corte constitucional fue protagonista, y resulta paradójico en la medida de que la corte ya ha tenido un papel dinamizador y en cierto modo legislativo, sin tener que enfrentar mayores cuestionamientos por parte de la opinión pública[3], frente al hecho de que , ahora, cuando está cumpliendo la función para la cual fue creada dicha corte, sea cuando se esté cuestionando, no su fallo como tal sino su competencia.

Creo que el proceso del referendo estuvo marcado por las actuaciones de miembros del gobierno y cercanos al gobierno.

Aunque la ineficacia instrumental se ha manifestado de forma indirecta en este proceso pues como se ha dicho, pienso que en realidad hay un componente, no de autoritarismo sino mas bien genérico de este que es el que se debe resaltar en el proceso, en lo que se refiere a los campos jurídicos latinoamericanos, pues fue la debilidad institucional, no instantánea, sino histórica, la que permitió que se tuviera, en tal consideración apoteósica, a un jefe de estado con balances positivos de sus políticas, fue esa misma debilidad la que permitió que los colombianos, e incluso las autoridades y las mismas instituciones (procuraduría) fueran indiferentes a la violación de normas cuando éstas limitaban el ejercicio de un poder que estaba rindiendo sus frutos. Fue precisamente la ineficacia generalizada e histórica, presente en la generalidad de los campos jurídicos latinoamericanos, la que generó esa sensación de vulnerabilidad en la población; que a su vez estuvo dispuesta a sacrificar las normas por su seguridad o por los resultados. En este orden de ideas, no es que se haya manifestado la ineficacia como tal en el proceso de reelección, pues al fin y  al cabo fueron las normas que violaron las que hicieron que ésta cayera con contundencia, o tampoco el autoritarismo pues, aún con casos de corrupción de  enjuiciamiento social contra personas en contra del régimen de Uribe, no se puede decir que se haya tratado de un gobierno propiamente autoritario, ni mucho menos que el autoritarismo se haya manifestado en el proceso del referendo, sino que más bien fue esa ineficacia histórica la que generó un ambiente en el que podía eventualmente nacer un gobierno autoritario.

El anterior fue un seguimiento al caso colombiano analizado desde una perspectiva que encuadra a los países latinoamericanos y caracteriza en forma satisfactoria sus relaciones intra-gubernamentales. El proceso del referendo no es atípico en Latinoamérica y en realidad se enmarca en el patrón de reformas constitucionales para los referendos en donde estos se hacen para perpetuar al presidente de turno, Fujimori, Chávez, Morales y no nacen de un análisis abstracto y objetivo de las necesidades del país y sin una consideración concienzuda de las consecuencias que tendrá dicha reforma para el país, cuando este líder haya dejado su  silla. Pienso que el punto de comparación, por lo menos para el caso de Perú y Colombia, mas allá del carisma del líder que es una constante en los procesos de reelección, es la presencia y la correlación entre una debilidad institucional histórica, la sensación de vulnerabilidad de la población, (ya sea en materia de seguridad para Colombia y en Perú en materia económica o social) y una confianza ciega un líder que haya logrado plasmar algunas de sus políticas públicas y publicitarlas correctamente.

Bibliografía

Evans, Peter. Instituciones y desarrollo en la era de la globalización neoliberal. Colección  En Clave de Sur. 1ª Edición: ILSA. Bogotá, Colombia, abril de 2007 pp.35-61

García Villegas, Mauricio y Rodríguez Garavito, Cesar. “Derecho y Sociedad en América Latina”, En García Villegas, M y C Rodríguez Garavito. Derecho y Sociedad en América Latina., Bogotá ILSA. Universidad Nacional de Colombia. Pp 15-56

ORDÓÑEZ MALDONADO, ALEJANDRO (Procurador General de la Nación) Concepto del Procurador General de la Nación respecto de la ley 1354 de 2009. Bogotá, D.C. 12 de enero de 2010. Expediente No. CRF-0003  Concepto No. 4890

Rojas Aravena, Francisco. Democracia y gobernabilidad en América Latina. En PEPELES, # 86 de 2004


[1] Esto es, en términos generales, la distinción que Peter Evans hace de estos tipos de estados, donde una estado predatorio seria la Nueva Republica del Congo y  una estado Desarrollista seria el Japón.

[2] Tomado de; Rojas Aravena, Francisco. Democracia y gobernabilidad en América Latina. En PEPELES, # 86 de 2004

[3] Claro que los cuestionamientos a las sentencia de la corte son proporcionales la controversia de sus sentencias y de los temas tratados, sin embargo, como en el caso del aborto, lo que se cuestiona y se debate mas es la validez de los argumentos de la corte y no, el hecho de que se hayan extralimitado o no en sus facultades.

Los jugadores invisibles

Si vamos a tratar un problema o una situación en la que los principales protagonistas son la Constitución de 1991 y los desplazados debemos partir del hecho de que los desplazados no eran un grupo constituyente, ni siquiera eran considerados como un grupo marginal como las mujeres o los indígenas: Esto se explica de manera satisfactoria si se entiende, según el texto citado sobre desplazamiento forzado, que solo hasta 1995 se reconoció al fenómeno del desplazamiento, y por lo tanto a los desplazados, como una situación que debiera ser incorporada a la agenda publica, a la discusión y a la arena política nacional. En otras palabras y en términos prácticos, para el momento en que se redactó la Constitución – no  para quienes la redactaron- no existían los desplazados. Cuando se hicieron las reglas de este juego, los desplazados no habían entrado en él como tales. Esto no significa que la Constitución no cubra eventualidades pues es en la consagración de los derechos fundamentales que la constitución encuentra la herramienta para combatir estas eventualidades sin modificarse.

El fenómeno del desplazamiento puede encontrarse caracterizado en una medida satisfactoria para el que esté leyendo esta entrada en el texto citado sobre el desplazamiento. Así pues, como a esta entrada le es imposible abarcar el fenómeno,  se limitará a señalar unas variables importantes de la relación entre el fenómeno mencionado y las actuaciones del Estado Colombiano.

En la columna “Reglas idílicas VS un juego real”, Santiago afirma que las reglas pueden limitar la conexión real de la Constitución y el progreso social basando su argumento en la coexistencia de normas que regulan la emergencia social con la persistencia prolongada de dicha emergencia social. Luego Alejandra, en su columna “No se puede ganar con un solo lanzamiento de dados”, acude a los esfuerzos de la corte para reivindicar el poder de la constitución. A fin de cuentas, fue ésta la que permitió que la Corte tomara cartas en el asunto y en una medida u otra se viera un progreso tangible en cuanto a la forma de abordar y tratar el problema de los desplazados. Por ultimo, tenemos la intervención de Camila quien en su columna “Nuevas casillas en el tablero”  nos recuerda que “la Constitución del 91 ha sido sumamente eficaz (en cierto sentido) porque se ha convertido en una fuente para la gente común sobre lo que se puede o no hacer y sobre lo que se puede o no exigir”. Y este ultimo punto es un punto de quiebre en la situación de los desplazados pues como fuente, la Constitución del 91 es la que ha permitido la intervención de la Corte Constitucional en la problemática nacional y ha permitido que ésta entre en relación Estado – desplazamiento como dinamizadora de un proceso estancado en fallas que considero técnicas y metodológicas

Pienso que algo crucial para el desarrollo de la discusión es que las actuaciones de la Corte tengan un papel protagónico en la misma. Lo que se debe rescatar es que la Corte ha intentado, de forma legítima, generar una coherencia interinstitucional a nivel público y privado en la nación para atender el problema de los desplazados. Ciertamente quien mire los autos de la sentencia contenidos en el texto sobre el desplazamiento es probable que entienda que estos esfuerzos están dando fruto y que si es que ya no se está logrando una cierta eficacia de constitución, por lo menos se está construyendo el marco en que la constitución podrá ser eficaz en materia de desplazados. Construcción cuyos componentes serian la generación de coherencia interinstitucional y la recaudación de fondos necesarios para ayudar a los desplazados. La razón para que el lector del texto tenga la sensación de que se está avanzando responde en gran medida al sistema de rendición de cuentas creado y administrado por la Corte Constitucional, para comprobar si efectivamente se está cumpliendo lo establecido en la sentencia t-025 de 2004 que precisamente demandaba, acudiendo a la figura del estado de cosas institucional, la coherencia institucional y la recaudación de fondos mencionadas, además del establecimiento de un método efectivo de conteo y determinación de la condición de la población desplazada.

Pero lo cierto es que el asunto ha sobrecogido a la Corte como institución pues ésta no cuenta con el personal ni los recursos suficientes para llevar de manera adecuada su sistema de rendición de cuentas. Como lo dijo el pasado lunes el presidente de la Corte Constitucional al periódico El Nuevo Siglo; el alto Tribunal no tiene suficiente personal para atender los informes que rinde el Gobierno en materia de desplazados.

Sin embargo, no puede negarse que se está mejorando pues aunque el sistema de rendición de cuentas no funcione de manera optima, hemos pasado de no reconocer el problema de los desplazados en la agenda publica a reconocerlo, de ahí a que el ejecutivo haya intentado desarrollar una política publica para que luego, tras la sentencia de la corte, el ejecutivo se vea obligado a que estas políticas funcionen, ese es el aporte de la sentencia, pues ahora el ejecutivo tiene una obligación judicial y no meramente social para con los desplazados que podría traerle sanciones mas allá de perder las próximas votaciones, pues como también lo dijo el presidente de la corte, Nilson Pinilla; “La Corte declaró un estado inconstitucional de cosas y tiene que cumplirse un proceso, de manera que en eso se seguirá haciendo un seguimiento pertinente hasta que el grado inconstitucional de cosas sea cero”. Cuando nos referimos a un constitucionalismo aspiracional,  no estamos hablando de superar el concepto contractual vinculado a la Constitución como figura política sino de “rebasar” dicho concepto, adelantarse a éste, o, en otras palabras ir mas allá del mismo. Es en esta medida que nos es insuficiente el constitucionalismo preservador pues acá no hay ningún status quo que mantener sino un estado inconstitucional de las cosas que superar.

Bibliografía:

Aponte, L.A (2010, 08 de febrero). Falta representación en comisión de reforma judicial: Nilson Pinilla. El Nuevo Siglo.

Conquistando casillas

Las Invasiones Bárbaras

 

Es probable que alguien que vea el documental “La Sierra” y luego lea el articulo de Jon Lee Anderson titulado “La favela de Iara” se percate de que tanto en las comunas como en las favelas el que manda ahí no es el Estado (esto es, el derecho estatal, con todas sus normas y regulaciones especificas). Esta persona se dará cuenta de que quien es tercero árbitro entre dos partes en conflicto, una vez más, no es el Estado, son los líderes insurgentes o narcotraficantes que han alcanzado el poder por medios diferentes al democrático. El mundo parecería al revés y a este pobre espectador no le quedaría más que preguntarse ¿estamos de cara a unas invasiones bárbaras? ¿Estamos perdiendo el país? Así como Roma perdió el control de su imperio, el estado colombiano ha perdido en control de su territorio. Pero lo cierto es que esta primera respuesta puede ser imprecisa y un análisis mínimamente concienzudo nos permitirá respondernos; No, no estamos frente a unas invasiones bárbaras, simplemente el Estado colombiano olvidó conquistar una de esas tribus bárbaras y éstas ahora están a merced de su propio derecho que consideramos primitivo. A la segunda pregunta podríamos responder; No, no estamos perdiendo el país, la verdad es que nunca lo hemos tenido en su totalidad, en realidad el Estado Colombiano no es omnipresente, y donde haya sociedades o agrupaciones, habrá derecho. Que este derecho sea el nuestro, no lo creo. Que este derecho regule y funcione en las comunidades donde se manifiesta, es probable. Es así como el autor nos plantea que en realidad, pueden exististir varios ordenes jurídicos en un mismo tiempo y/o espacio. La formulación de esta hipótesis nace de la observación de fenómenos sociales tales como el de las favelas y las comunas, donde en ambos casos esta el orden jurídico estatal; en Medellín o en Rio de Janeiro, y está el orden jurídico local; en la comuna o en la Favela.

El pluralismo jurídico se nos presenta como alternativa de comprensión para fenómenos que no logran explicarse desde la teoría hegemónica del derecho. Lejos de ser una directriz organizativa de la sociedad conforme al derecho, el pluralismo jurídico plantea un modelo de entendimiento de esta sociedad y de sus esferas que se ubican en planos diferentes al estatal. Para esto, el autor recurre a una contextualización del estado y pone las premisas de su investigación en una dirección diferente a la canoníca. De este modo plantea que no debe entenderse el concepto de derecho acudiendo al estado sino que advierte que el concepto de derecho abarca al derecho estatal. Es así como se nos presenta el reto de ver derecho fuera del estado; entender que hay comunidades o esferas de la sociedad que logran mantener el orden sin acudir al estado. Para lograr este entendimiento, el autor recurre a una definición amplia de “derecho” una en la que puedan entrar estas manifestaciones expresas y observables de ordenamientos ajenos al estado.

 

Daniel Pardo

Bibliografía:

Santos, Boaventura de Sousa. La globalización del derecho. La pluralidad de los campos jurídicos. ILSA