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El dilema: trabajo o seguridad social

Uno de los debates en el tema laboral mas importante, y desafortunadamente ausente en las contiendas electorales de este año, fue el tema del salario mínimo.

Aunque para este último trimestre el DANE no ha expedido ningún estudio sobre el porcentaje de informalidad, las últimas cifras conocidas fueron las de último trimestre de 2008, indicando un 57,7% de informalidad. Por otra parte para Julio de este año se reportó una cifra aterradora: el 12, 6% de la población carece de empleo formal.

La informalidad tiene unas consecuencias realmente graves. Todo el sistema de seguridad social colombiano, que incluye el tema de pensiones por invalidez o vejez, riesgos profesionales y salud, se basa en los aportes que deben hacer aquellas personas que se considera tienen un trabajo “oficial” o formal, respaldado por un contrato de trabajo. La informalidad es aquel modo de empleo que, como no se encuentra dentro del sistema, no aporta a la seguridad social, pero en cambio muchas veces la consume.

La consume porque esos trabajadores que tienen capacidad de generar dinero no ayudan con su plática para el bienestar general, pero en cambio entran como beneficiarios subsidiados, lo cual va en contra de la lógica del sistema, que busca que quien produzca aporte, y quien no se subsidie mientras encuentra empleo (que no se pregunte luego por qué se desangró el sistema).

Una de las causas de esa informalidad seguramente es el salario mínimo. Existen dos extremos: el nuestro, un país en el que más de la mitad de su población es informal y por tanto no tiene seguridad social, pero tiene un salario que parece cumplir con su función de ser un ingreso que garantice la salvaguarda de los derechos de las personas; y por el otro lado, el ejemplo de China, un país en el que el salario mínimo parece inexistente, y en el que las condiciones laborales (horarios, ambiente) son terribles, pero un país en el que sus individuos tienen pensiones y seguros de salud y de riesgos profesionales, además de que casi todas las personas tienen trabajo.

¿Qué preferimos nosotros? Obviamente, un punto medio, pero casi imposible de lograr por la presión tan grande que ejercen las confederaciones de trabajadores y el mismo gobierno a la hora de determinar el salario mínimo.

Reflexiones de una primivotante: JJ Rendón es el nuevo asesor del partido de la U

No estaría exagerando quien dijera que últimamente le hemos dedicado la mayoría del espacio de este blog a las elecciones presidenciales que se avecinan. Si ha sido así, es porque el equipo de Monopolio Jurídico pertenece a esa generación de jóvenes estudiantes que se acercaran por primera vez a las urnas y que están descubriendo de primera mano lo que se mueve en una campaña.

Tras haber cargado con el título de ser primíparos en la universidad, ahora nos tildan como los primivotantes. El que sea la primera vez que puedo votar explica, al menos en mi caso, mi creciente interés en el tema.  No recuerdo más que un par de anécdotas sobre las elecciones de 2006. En cambio, de las elecciones de 2002, a duras penas me acuerdo contra cuáles candidatos se enfrentó Uribe. Mi amnesia electoral está justificada a medias por mi edad, pero es bastante generalizada en generaciones que son más veteranas en esto de salir a votar – o acaso muchos recuerdan que Uribe llegó por primera vez a la presidencia desde el partido liberal?

Crecí con la era Uribe. Básicamente, no recuerdo este país bajo otro presidente. No recuerdo absolutamente nada del gobierno de Pastrana. Lo que sé de Samper, lo he aprendido en clases de Historia. Acerca de Gaviria, mis fuentes son las mismas: no es la experiencia personal la que ha marcado las ideas que tengo sobre éstos, sino más bien lo que he tenido que leer para apropiarme de esa historia que es, a fin de cuentas nada más ni nada menos que mi propia historia. Siendo así las cosas, no me extraña que este factor haya amplificado el interés de la gente de mi generación por lo que está por decidirse en unas semanas. Crecimos viendo a Uribe en la casa de Nariño, y ahora, cuando por fin cumplimos los 18, es además la oportunidad de abrir un nuevo capítulo sin él. ¿Cómo será un domingo sin consejos comunales?

No es solo el hecho de poder votar por primera vez  lo que explica la movilización estudiantil: lo es también el imaginario de renovación que tienen estas elecciones para una generación que creció con él como presidente. Este despertar del interés en la política ha llevado, en mi caso particular, a un profundo desencantamiento con el modo de funcionar de las campañas.

Crecí creyendo que la política era un juego limpio, una batalla de ideas que se oponía a la batalla cruenta que se estaba librando en otras zonas del país. Crecí creyendo en el diálogo; en el debate claro, abierto y respetuoso. Crecí creyendo en unas elecciones limpias. Hace años dejé de cree en la transparencia de las instituciones colombianas, y confieso que las chuzadas y los mal llamados falsos positivos aportaron enormemente a mi desazón por lo político. Ahora, he tratado de buscar mecanismos que transformen ese desencanto en participación, en movilización, en cambio. Si bien me muevo constantemente entre la esperanza y el desencanto, el precario seguimiento a las campañas ha inclinado la balanza bastante hacia el hastío y la sorpresa por realidades que no creía posibles. Ahora resulta que uno de los nuevos asesores de campaña del partido de la U es JJ Rendón, un hombre que fue considerado hace apenas unos años como alguien digno de ser deportado de este país. Dudo si poner una de las páginas de desprestigio que me han llegado. Mi idea no es darle publicidad por apoyar la causa que éstas pregonan, sino que difundirla en estos medios sea una forma de aumentar la sorpresa y la indignación que páginas como ésta han generado en mí. Ahí queda.

Defensa a favor del voto en blanco

Por: Santiago Rojas Molina

Tradicionalmente, el voto en blanco ha sido considerado como un voto desperdiciado, cuyos índices se atribuyen más a errores al momento de depositar los votos, que a la verdadera intención de los votantes y cuyo poder político es nulo en medio de las contiendas electorales que se desarrollan en todo régimen democrático. No obstante, las pasadas elecciones parlamentarias del 14 de Marzo –en las cuales el voto en blanco fue triunfador en las elecciones para el Parlamento Andino- nos recuerdan que un escenario como el que se dio en dichas elecciones, no existe únicamente en las páginas de José Saramago, y que esa imagen del voto en blanco como una opción de voto inútil y vacía, no es del todo cierta. Muy por el contrario, es una alternativa electoral con verdadero potencial para marcar una diferencia.

En vista de ello, considero necesario reivindicar la opción del voto en blanco como una alternativa real de voto, pues en nuestra mentalidad colectiva generalmente es ignorada como tal.  El voto en blanco sirve como un mecanismo de presión hacia los partidos políticos, que los obliga a actuar con seriedad y diligencia en sus campañas políticas y a ofrecer al electorado propuestas concretas que sirvan de criterio para tomar una decisión informada. Pareciera ser que en las recientes justas electorales, nuestros partidos políticos olvidaron por completo esa presión que sobre ellos se ejerce, y ante la falta de visibilidad de propuestas, la pobre atención que se le prestó al tema en la campañas, y el desinterés generalizado por promover el voto para el Parlamento Andino e informar a la población, todos los partidos se vieron sancionados por el voto popular que prefirió darle la victoria al voto en blanco, que votar a favor de los partidos que no se habían movilizado para presentar una campaña decente y suficientemente convincente a sus electores. Cuando ningún candidato o partido ofrece propuestas adecuadas que logren convencer a sectores importantes de la población para votar a su favor, o no se molestan lo suficiente como para hacer campañas políticas serias y meritorias, el voto en blanco aparece como una alternativa política para exigir más de nuestros representantes. El voto favorable no es algo que se obtiene por transitiva, sino algo que se gana con propuestas y políticas serias, motivadas y  reales de los partidos y que no debe concedérseles a la ligera.

Además, el voto en blanco es una opción de voto importante que los ciudadanos apolíticos deben tener en consideración. En una democracia, no puede esperarse que todos los ciudadanos estén interesados por la política nacional, ni que estén realmente informados sobre lo que sucede en la arena política, como para poder tomar una decisión justificada a la hora de votar, pues la diversidad de proyectos de vida e intereses de la ciudadanía en general, son demasiado amplios como para pretender que todos sean ciudadanos políticamente activos. La neutralidad y el desinterés político, son libertades de las que las personas deben poder gozar y ello resulta respetable, pero por otra parte, el abstencionismo electoral no es neutral, sino que es un mal social que históricamente ha facilitado la cooptación del poder político sin una verdadera representatividad de la ciudadanía colombiana. Por ello, los ciudadanos apolíticos tienen el deber ciudadano de presentarse a las urnas y hacer valer su derecho al voto, para contribuir a erradicar el problema que representa el abstencionismo electoral.

No obstante lo anterior, muchos ciudadanos apolíticos se ven presionados por sus familiares, amistades y conocidos a darle su voto a los candidatos o partidos que ellos apoyan, y el hacerlo, resulta un acto irresponsable y reprochable, pues con ese voto están contribuyendo sin un verdadero fundamento, a algo a lo que realmente no apoyan, en lugar de ser fieles a sus propias ideas. En lugar de votar por Santos, Noemí o Mockus, sencillamente porque los demás lo hacen, los ciudadanos apolíticos o inconformes con las propuestas de todos los candidatos, no deben temer a utilizar la herramienta del voto en blanco como una forma de congeniar sus deberes ciudadanos con sus posturas respecto a la política; así evitando otorgar sin razones su voto a cualquiera. El voto en blanco es una opción política real, que en determinados escenarios puede llegar a marcar una verdadera diferencia como lo hizo en las elecciones del 14 de Marzo, pero solo cuando como ciudadanía comencemos a considerarlo como tal, es que éste dejará de ser una alternativa inútil e imperceptible y podrá convertirse en una verdadera alternativa política del electorado.

La revolución verde

Por: Juan Sebastián Salinas.

Hoy hace doscientos años, los próceres de nuestra independencia desataron un movimiento y despertaron un sentimiento de gloria que con sangre tiño los campos de nuestra nación para hacerla libre, un grupo de soñadores se congregaron, persiguieron su sueño y lo conquistaron. Hoy, doscientos años después, se comenzó a cocinar la segunda revolución más grande que esta república independiente haya visto, una revolución gestora de consciencia social, una revolución cultural, cívica, y pacifica, una revolución de la sociedad y no de los políticos, nacida de la insatisfacción de la realidad política nacional, una revolución que se alza en contra de la politiquería, la corrupción, el clientelismo, y la ilegalidad que nos doblegan y nos atan día tras día. Nos han llamado locos, por perseguir este sueño, nos llaman chiflados por levantarnos en contra de las maquinarias políticas, sin embargo nos hemos encontrado con miles de locos que comparten los mismos sueños, y ahora el sentimiento de victoria se percibe en el aire, una victoria en la cual nuestra arma más poderosa es la decencia y nuestra maquinaria está compuesta por jóvenes, adultos, ancianos, mujeres y niños que comparten una visión del país, el país que soñamos.

Hoy doscientos años después traemos una revolución ciudadana que le devolverá al país las oportunidades, generadora de conciencia, retomando el concepto de política limpia y renovada, sin una bala, con esperanzas, recuperando el valor del recurso público y promoviendo la educación como motor de transformación social. Hemos sido testigos de la degradación de la política y decidimos tomar acción, no vamos a ser doblegados nunca más, desafiando a las maquinarias con girasoles, construyendo paso a paso nuestro capital más importante, la confianza. Es tiempo de despertar, que la sangre verde corra por nuestras venas, y que el sentimiento renovador y transformador nos invada, CADA UNO DE USTEDES es llamado a ser parte de esta revolución verde, son llamados hacer historia, vamos por la transformación de la sociedad, vamos por la transformación del país, vamos contigo, vamos por ti, porque compartimos tus sueños, tus ilusiones y tus expectativas para el país, hazlo por ti, por tus hijos, por tu nación, MOCKUS PRESIDENTE!

Sobre el papel de la Fiscalía

Habiendo asistido la semana pasada a diferentes audiencias es interesante comparar observaciones, reflexiones y conclusiones- por preliminares que éstas sean. Tras haber leído varias entradas sobre el tema, quedé intrigada por la posición expuesta en “Entre el Derecho y el Hecho” sobre el papel de la fiscalía.

El autor termina con esta provocadora pregunta:  “‘¿Cuál es entonces el papel de la fiscalía? Monopolizar el resultado de un juicio preferiblemente breve y fácil que se adapte menos a las dinámicas de un juicio justo y más a las dinámicas de un falso positivo”. Si bien es cierto que la pretensión de el autor probablemente nunca fue exponer un patrón universal que halló a partir de las dos audiencias a las que asistió, sí quiero compararlo con la audiencia de imputación de cargos a los mandos medios del  Bloque Norte de las Autodefensas.

A diferencia de lo expuesto por el autor, la fiscal que manejaba el caso lo conocía a la perfección. Dicha audiencia venía desde hacía varias semanas ya que eran más de 3500 los cargos que se estaban imputando.  A pesar de la magnitud numérica de la información manejada, la fiscal procedió a exponer punto por punto los cargos, demostrando así no solo su enorme conocimiento del tema, sino también la dedicación y el tiempo que eso implica. Esto contrasta enormemente con el supuesto objetivo de brevedad que mencionó el autor en su entrada.

Soy conciente que de lo que habla el autor representa un tipo de delito distinto que se relaciona más con “Bagatela” que con crimenes sistemáticos como los perpetrados por los paramilitares. Aún así, quise rescatar a la Fiscalía de las acusaciones de “Derecho hecho y trecho” por algo tan poco diciente o incluyente como lo fue mi buena experiencia con una fiscal en una audiencia. Lo anterior, acepto, no es en lo absoluto una muestra significativa para saltar a adulaciones positivas sobre el compromiso de los fiscales alrededor del país. Para lo que sí es suficiente es para agregarle matices a la visión presentada por el otro blog, para plantear nuevos interrogantes sobre la justicia  y para introducir un ingrediente más en un debate que muy probablemente, no se cerrará pronto.

 

Los absurdos de la ley

Asistir a una audiencia del sistema penal es enfrentarse con lo que sucede diariamente en la justicia colombiana. Comparto con Santiago y Alejandra el desencanto que me produjo presenciar uno de los miles de casos que son llevados a los juzgados alrededor del país. A diferencia de ellos, asistí a audiencias en el Tribunal Superior y gracias a un hecho fortuito terminé sentada cara a cara con Ramón Isaza y otros paramilitares desmovilizados bajo la ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz).

Ya en Bagatela observamos el funcionamiento de la justicia frente a los casos más cotidianos. Aún así, la realidad colombiana está conformada tanto por casos como estos, que aunque no corresponden siquiera con lo que el Estado ha identificado como la amenaza principal, sí son los que inundan las cárceles (Iturralde, 2009) como por casos de crímenes realizados sistemáticamente por grupos armados al margen de la ley y, como quedó demostrado en el escándalo de los falsos positivos, por el Estado mismo. Así como la literatura existente ha identificado los retos y obstáculos del sistema penal y de su código de procedimiento para ese primer tipo de casos – de bagatela-  para lo cual supuestamente la legislación está preparada para afrontar, el reto para la debida y eficiente aplicación de la justicia es aún mayor para los casos asociados al conflicto armado dada no solo la magnitud numérica de los hechos sino también el tema con el cual se está tratando.

Sin negar las contradicciones y desafíos de los procesos penales como los descritos en “Revictimizando a las víctimas”, creo de suma importancia tener siempre presente que hay toda otro tipo de procesos enormes que están siendo llevados a cabo que tienen que ver no con una, sino con más de 3000 imputaciones, como en el caso de la audiencia de imputación de cargos del Bloque Norte o del Magdalena Medio.

El 18 de marzo, los líderes desmovilizados habían confesado entre otras cosas, “el asesinato y desaparición de una persona en zona rural del Tolima, a quien sacaron de su casa a la fuerza, la descuartizaron con motosierra, la enterraron en una fosa común ilegal y luego de un tiempo, sacaron el cadáver y lo cremaron en un sitio especial conocido como ‘El Grillo’ por las Auc, para que no fuera encontrado por las autoridades” (Verdad Abierta, 2010). Es a esta clase de situaciones a las que también se está enfrentando hoy en día el sistema penal colombiano.

Tras esta audiencia de imputación, el magistrado de Control de Garantías del Tribunal Superior de Bogotá, Julio Ospina, le negó la detención domiciliaria a Ramón Isaza.  Frente a esa negación, la defensa decidió apelar, lo cual significaría suspender el resto del proceso mientras una corte superior delibera sobre este punto. Ante esto, el ministerio público pide romper la unidad procesal para que el resto de los procesos que se le adelantan puedan seguir su curso y las víctimas puedan acceder a la verdad lo antes posible. A pesar de la sensatez que contiene esta idea, la ruptura procesal se da frente a personas, no frente a hechos; el magistrado declara “no veo cómo proceder, pero comparto su preocupación, así como la comparten las víctimas y la comunidad internacional. Queremos que esto vaya rápido. Quisiera que fuera viable pero no veo la formal legal de hacerlo”. Luego de esta intervención, el fiscal pide recurrir a “recursos filosóficos” en vista de que no hay recursos legales para hacerlo. El desenlace final, por ahora, es que se le niega la ruptura procesal, por un absurdo de la ley que en lugar de permitir e incentivar que se agilicen los procesos y se respeten los derechos consagrados en el artículo 11 del código penal, lo que hace es demorarlos aún más.

Así como entiendo la necesidad de un marco legal que rija las situaciones que se puedan presentar, creo que lo que ha tenido lugar en Colombia en los últimos años presenta un reto inmenso para la administración de justicia en el cual la academia puede jugar un rol importantísimo – como queda evidenciado en el diagnóstico llevado a cabo por Guzmán, Revelo y Uprimmy-  para determinar estrategias que hagan del proceso uno más humano y rápido que no tenga que apelar a la filosofía sino a la jurisprudencia para funcionar.

Bibliografía:

Iturralde, Manuel. “Prisiones y castigo en Colombia: La cultura del miedo y el Estado punitivo”. 2009.

Revictimizando a las victimas

Las semana pasada fui testigo de las fallas inimaginables a las que nos hemos acostumbrado en el sistemas penal  colombiano. Nos acostumbramos a pensar  en que el dinamismo y aumento de penas en el  sistema es un avance en términos de justicia. Sin embargo, la realidad es muy diferente:  pueden existir penas de décadas de prisión pero de qué sirven si no las imponemos, o las imponemos después de largos y difíciles proceso.  Esta crítica surge por  la experiencia que viví cuando presencié una audiencia pública por abuso sexual de una menor de 14 años, en los juzgados de Paloquemado.

El caso empieza en el 2004 cuando un joven de no más de 25 años  viola a una niña de seis años. El proceso empieza con la  captura y acusación  al supuesto violador.  En marzo de 2010 se presentan las partes para  presentar un acuerdo  ante el juez de circuito, en el cual el  acusado se declara responsable de los hechos si se le  reduce en por lo menos la mitad la pena. Lo absurdo del caso es que es la fiscalía, la familia de la niña, la defensora de familia  y el  abogado  son los que buscan la aceptación del acuerdo, no están  búscando la máxima pena sino la mínima.  Esto solo pasa en un sistema  disfuncional;  la familia, ya cansada de un proceso de 4 años no busca justicia sino acabar la pesadilla.

Por consiguiente, el escenario no puede ser peor: la lentitud del proceso e indagaciones persisten y  todo por culpa de un sistema penal que irónicamente victimiza aun más a la víctima. Esta lentitud e imprecisión del proceso  son consecuencias  de acumulación de casos del sistema y funcionarios incompetentes (en muchos casos se estima que un mismo fiscal puede estar a cargo de más de 70 casos), a pesar de los cambios generados por Ley 906 de 2004.    Si el juez no acepta el acuerdo como sucedió en este caso,  el proceso sigue  afectando de manera directa a ambas partes y  paradójicamente, el sistema dificulta  aún más el proceso para la víctima y su familia limitando el incidente de reparación integral de la ley 903 de 2004.  Vemos que se ha avanzado en eficacia en algunos aspectos desde la aplicación del nuevo sistema penal, sin embargo, estamos lejos de tener un sistema realmente eficaz.

De igual importancia, en el 2006 se crea la  ley 1098 de Infancia y Adolescencia  la cual elimina la posibilidad de una reducción de penas para violadores de menores de 14 años y los preacuerdos en estos. Sin embargo, este cambio legal me hace cuestionar si esto realmente favorece a las víctimas.  En primer lugar, si el sistema sigue como está, esta ley no implica  realmente que se les impongan mayores penas a todos los violadores y victimarios.  Puede existir la posibilidad de penas mayores,  pero esto no implica que se estén  aplicando realmente. En segundo lugar, este proceso no facilita en la práctica el proceso de la víctima. En el  Diagnóstico de riesgos y puntos críticos se explica claramente que son estos mecanismos de justicia negociada los que agilizan los procesos y sentencia.

En definitiva, la solución  no es solamente  aumentar  y evitar disminución de penas, sino,  hacer un sistema más eficiente y que ayude a las víctimas en el proceso.  El sistema como esta concebido  afecta a la victima dada la lentitud e imprecisión de los procesos; irónicamente, evitar preacuerdos afecta a la víctima en muchos casos. Se vulnera las disposiciones del  Art. 4 Igualdad y del Art.11 Derecho de las víctimas,  que implican que se debe proteger a la persona que se encuentran en circunstancias de debilidad y a las víctimas. El objetivo del sistema penal acusatorio es ser  un sistema garantista de los derechos fundamentales y con  etapas diferentes (la audiencia de formulación de acusación, la preparatoria al juicio oral, la de juicio oral y la reparación integral y sentencia) en muchos casos sus características actuales (lento e impreciso en investigación), simplemente vulnera aun más los derechos que busca proteger.  Como lo explica Marc Galanter  en  la realidad los sistemas jurídicos generalmente no favorece a los demandantes ocasionales, lo absurdo es que en Colombia no solo no se favorecen sino que se pueden ver afectados por el sistema. Eliminar estos preacuerdos es viable solo cuando el sistema sea realmente  eficaz y se apoye a la víctima de manera integral.

Bibliografía:

– Galanter, Marc. 2001. “Por qué los poseedores salen adelante: especulaciones sobre los límites del cambio jurídico”, en García M., Sociología Jurídica: Teoría y sociología del derecho de Estados Unidos. Bogotá: Universidad Nacional. pp. 71-87.

-Guzmán Diana Esther, Revelo Javier Eduardo y Uprimny Yepes, Rodrigo. CAPÍTULO 4: Diagnóstico de riesgos y puntos críticos

– Código de Procedimiento Penal ( art.4 y art.11)

– Ley 906 de 2004

– LEY 1098 DE 2006  LEY DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN COLOMBIA