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Las lecciones del activismo judicial

Dos de los grandes problemas que enfrenta la sociedad colombiana hoy en  día son el desplazamiento y el acceso a la salud. La Corte Constitucional se ha pronunciado acerca de ambos en varias ocasiones. Frente al desplazamiento, la Corte “dictó el fallo más ambicioso de sus casi dos décadas de existencia: la sentencia T-025 de 2004” (Rodríguez y Rodríguez, 2010, p. 13). Para enfrentar el problema de la falta de acceso a la salud y el recurrente uso de las tutelas para acceder a ésta, la Corte dictó la sentencia T-760 de 2008. A pesar de que ambos fallos tienen que ver con temas que son de vital importancia para el país, la eficacia de ambos ha sido diferenciada.

Considero que uno de los factores que ha contribuido a que la T-760 sea menos eficaz que la T-025 tiene que ver con las diferencias en los tipos de órdenes que en cada una de ellas se establecen. Además, existe una diferencia fundamental en cuanto al tipo de fallo que es cada una de las anteriores. Ambas ejemplifican los llamados casos estructurales, que son aquellos en los cuales existe una violación sistemática y masiva de los derechos humanos en los cuales se reconoce que el Estado juega un rol importante – sea a través de la inacción o de las acciones equivocadas – que contribuye a perpetuar esas violaciones. Partiendo de un reconocimiento a que son problemas que comparten rasgos, y que la sentencia debe buscar no solo cubrir a los que interpusieron acciones de tutela sino a toda la población, la Corte llega a decisiones diferentes en cuanto a cómo enfrentar esos problemas.   La T-025 establece un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) mientras que la T-760 no lo hace. Para Mauricio Torres, representante del Movimiento Nacional por la Salud, es claro que parte de la problemática yace en que la Corte no declaró un ECI para la salud y por ello la sentencia no ha tenido el cumplimiento deseado. Es importante tener en cuenta que estos no han sido los únicos casos estructurales que ha manejado la Corte y que el único ECI declarado no ha sido el que tiene que ver con los desplazados. Ya hace unos años se declaró el ECI respecto a la situación de los presos en el país y esa sentencia tuvo un bajísimo impacto; por lo tanto, aunque comparto con Torres la idea de que es un buen primer paso declarar el ECI para la salud, éste no representa garantía alguna de cumplimiento.

Además de esta diferencia a nivel macro de las implicaciones que tiene o no declarar un ECI, existe también una diferenciación en los tipos de órdenes dictadas en cada sentencia. En un foro reciente sobre el rol que las cortes alrededor del mundo pueden jugar en las transformaciones sociales, el ex magistrado Manuel José Cepeda (Magistrado ponente de ambas sentencias) declaró que habían existido tanto órdenes concretas como órdenes generales en ambas sentencias. Ya en “Cortes y cambio social” se había expuesto la existencia de dos etapas diferentes en el tipo de órdenes de los casos estructurales. En un primer momento, las Cortes se dedicaron a órdenes sumamente detalladas que resultaron ser ineficaces. Habiendo aprendido la lección, la Corte dio el giro hacia órdenes abiertas que permitieran que las demás ramas del poder ejercieran su función sin sentirse intervenidas. Este giro hacia el llamado activismo dialógico se refleja en la T-025 pues conjuga los rasgos característicos de éste: órdenes abiertas, la apertura de un espacio de diálogo entre las partes y un proceso minucioso de seguimiento. Por el contrario, como lo expuso Camila Gianella, una investigadora peruana, la T-760 no ha contado ni con eso mecanismos de participación ni con esos mecanismos de seguimientos Dada la ausencia de estos rasgos del activismo dialógico, la sentencia T-760 no ha contado con el mismo grado de eficacia que la T-025.

Referencias Bibliográficas

Rodríguez, C., & Rodríguez, D. (2010). Cortes y cambio social. Bogotá: DeJusticia.

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Los absurdos de la ley

Asistir a una audiencia del sistema penal es enfrentarse con lo que sucede diariamente en la justicia colombiana. Comparto con Santiago y Alejandra el desencanto que me produjo presenciar uno de los miles de casos que son llevados a los juzgados alrededor del país. A diferencia de ellos, asistí a audiencias en el Tribunal Superior y gracias a un hecho fortuito terminé sentada cara a cara con Ramón Isaza y otros paramilitares desmovilizados bajo la ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz).

Ya en Bagatela observamos el funcionamiento de la justicia frente a los casos más cotidianos. Aún así, la realidad colombiana está conformada tanto por casos como estos, que aunque no corresponden siquiera con lo que el Estado ha identificado como la amenaza principal, sí son los que inundan las cárceles (Iturralde, 2009) como por casos de crímenes realizados sistemáticamente por grupos armados al margen de la ley y, como quedó demostrado en el escándalo de los falsos positivos, por el Estado mismo. Así como la literatura existente ha identificado los retos y obstáculos del sistema penal y de su código de procedimiento para ese primer tipo de casos – de bagatela-  para lo cual supuestamente la legislación está preparada para afrontar, el reto para la debida y eficiente aplicación de la justicia es aún mayor para los casos asociados al conflicto armado dada no solo la magnitud numérica de los hechos sino también el tema con el cual se está tratando.

Sin negar las contradicciones y desafíos de los procesos penales como los descritos en “Revictimizando a las víctimas”, creo de suma importancia tener siempre presente que hay toda otro tipo de procesos enormes que están siendo llevados a cabo que tienen que ver no con una, sino con más de 3000 imputaciones, como en el caso de la audiencia de imputación de cargos del Bloque Norte o del Magdalena Medio.

El 18 de marzo, los líderes desmovilizados habían confesado entre otras cosas, “el asesinato y desaparición de una persona en zona rural del Tolima, a quien sacaron de su casa a la fuerza, la descuartizaron con motosierra, la enterraron en una fosa común ilegal y luego de un tiempo, sacaron el cadáver y lo cremaron en un sitio especial conocido como ‘El Grillo’ por las Auc, para que no fuera encontrado por las autoridades” (Verdad Abierta, 2010). Es a esta clase de situaciones a las que también se está enfrentando hoy en día el sistema penal colombiano.

Tras esta audiencia de imputación, el magistrado de Control de Garantías del Tribunal Superior de Bogotá, Julio Ospina, le negó la detención domiciliaria a Ramón Isaza.  Frente a esa negación, la defensa decidió apelar, lo cual significaría suspender el resto del proceso mientras una corte superior delibera sobre este punto. Ante esto, el ministerio público pide romper la unidad procesal para que el resto de los procesos que se le adelantan puedan seguir su curso y las víctimas puedan acceder a la verdad lo antes posible. A pesar de la sensatez que contiene esta idea, la ruptura procesal se da frente a personas, no frente a hechos; el magistrado declara “no veo cómo proceder, pero comparto su preocupación, así como la comparten las víctimas y la comunidad internacional. Queremos que esto vaya rápido. Quisiera que fuera viable pero no veo la formal legal de hacerlo”. Luego de esta intervención, el fiscal pide recurrir a “recursos filosóficos” en vista de que no hay recursos legales para hacerlo. El desenlace final, por ahora, es que se le niega la ruptura procesal, por un absurdo de la ley que en lugar de permitir e incentivar que se agilicen los procesos y se respeten los derechos consagrados en el artículo 11 del código penal, lo que hace es demorarlos aún más.

Así como entiendo la necesidad de un marco legal que rija las situaciones que se puedan presentar, creo que lo que ha tenido lugar en Colombia en los últimos años presenta un reto inmenso para la administración de justicia en el cual la academia puede jugar un rol importantísimo – como queda evidenciado en el diagnóstico llevado a cabo por Guzmán, Revelo y Uprimmy-  para determinar estrategias que hagan del proceso uno más humano y rápido que no tenga que apelar a la filosofía sino a la jurisprudencia para funcionar.

Bibliografía:

Iturralde, Manuel. “Prisiones y castigo en Colombia: La cultura del miedo y el Estado punitivo”. 2009.

Un campo social impermeable

El que una mujer pueda abortar de forma legal y protegida por una Sentencia de la Corte Constitucional es una situación que pocos se hubieran imaginado hace apenas unas décadas. El fallo de la Corte así lo contempla, pero la pregunta es si realmente las mujeres pueden hacerlo.  Como lo explicó Paola Bergallo en el foro organizado por expresa.la, la liberalización del aborto en Latinoamérica tiene como denominador común un componente regulatorio y un encuadre argumental. Los diferentes modelos regulatorios se clasifican bajo tres grandes categorías: están los que no lo aprueban en ninguna instancia (Chile, Nicaragua), los que liberalizan por indicaciones (Colombia, Argentina, Perú) y aquellos países que lo legalizaron por plazos (Puerto Rico, Cuba,).

De acuerdo con esta escala comparativa, el desarrollo legislativo colombiano es moderado: se puede practicar el aborto sin que sea delito en tres casos específicos. Para algunos, la sentencia C-355 de 2006 es un ejemplo del espíritu progresista de la Corte. Según estos,  las grandes batallas encaminadas hacia transformaciones progresistas e incluyentes se originan en los estrados judiciales.

Ahora bien, si esas determinaciones en el estrado no conllevan a ningún cambio por fuera de él, la determinación se queda en mera abstracción y en últimas, falla como tal. Es en las acciones cotidianas de los ciudadanos que esa transformación se estaría librando verdaderamente y donde se evidencia que las herramientas jurídicas no están aún del todo al servicio de la comunidad.

Como lo demuestran varios reportajes, a menudo las mujeres que buscan realizarse un aborto en alguna de las tres situaciones reglamentadas por la Corte deben enfrentarse a muchas barreras, entre otras que los médicos se nieguen a practicar el aborto  incluso por objeción de conciencia – recurso que legalmente no puede ser utilizado en esta instancia (Castellanos, 2009). El que las mujeres tengan que recurrir a una demanda para hacer valer los derechos que les otorgó la corte muestra la debilidad instrumental de una sentencia que no ha logrado eliminar las trabas burocráticas y administrativas que imponen quienes buscan “hacerle el quite” al fallo. Según Roa, las mujeres a menudo logran tener el aval para realizarse el procedimiento, pero solo después de haber demandado a quienes en un principio se los habían negado. De esta manera, recurren a instancias jurídicas para hacerse valer derechos que debieron habérseles reconocido desde el comienzo.

El discurso reformista debe ser más que un discurso para esconder, bajo el manto de reconocimiento de los derechos, la permisividad de prácticas que no respetan el derecho. Para Holguín, es importante entender que lo que ha venido sucediendo es que “el válido ejercicio de un derecho como el de objetar lleve a que, en la práctica, resulte imposible ejercer otros”. Resolver contradicciones y vacíos como éste es una de las tareas más urgentes del  derecho si lo que busca es ser una herramienta coherente de transformación.

Además de las dificultades logísticas y prácticas que continúan teniendo las mujeres para realizarse un aborto seguro, esta sentencia sirve como ejemplo entre la pugna actual entre los usos del derecho. Hay quienes celebraron el cambio por el solo hecho de ser cambio, sin conocer la legislación anterior ni preguntarse por los mecanismos puntuales para llevarlo a cabo. Por controversial que suene, hay situaciones en que el conservar el marco jurídico existente es positivo; de no haber sido así, la celebración de hace apenas unos días porque se rechazó la propuesta por cambiar la constitución para permitir una tercera reelección, no tendría ningún sentido.

A diferencia de algunos, no considero que el uso actual del derecho como algo que conserve la estructura de fondo bajo un manto discursivo de cambio, sea en sí algo lamentable, ni tampoco admirable; no creo que esa caracterización tenga un juicio de valor implícito que haga que el conservar es necesariamente menos bueno que transformar. Si el rol o función del derecho es ser transformador, se ha quedado corto en acto e implicaciones tangibles. Ahora bien, si se le asignara otro rol a ese derecho, el fracaso no sería tal. Ya desde hace algún tiempo, un informe de la UNAL había advertido que uno de los retos de la sentencia era “eliminar las barreras administrativas, médicas y culturales para el acceso de las mujeres a abortos seguros.” (Cardozo et al, 2007, p. 92). Para considerarse como una herramienta exitosa, una opción sería reevaluar lo que el campo jurídico considera como la meta prioritaria y por qué es así.

Bibliografía

Castellanos, Ángela. “Objeción de conciencia no aplica para negar abortos legales”. En: América Latina en movimiento. http://alainet.org/active/30478&lang=es

Cardozo, Mrad, Maldonado et. al. “Implicaciones éticas, jurídicas y médicas de la Sentencia C-355 de 2006”. Tomado de: http://www.unal.edu.co/bioetica/documentos/conveniodoc/parte%20interna%20cartilla.pdf

Holguín, Magdalena. “ El aborto y la objeción de conciencia”. Tomado de: http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/aborto-objecion-conciencia/111832.aspx

Uribe pierde el turno

En los últimos tres días el tablero de juego nacional se ha transformado considerablemente. Tras meses de esperar una resolución a la incertidumbre en la que se encontraban todas las fichas, por fin parece que sabemos en cuál casilla se encuentra cada quién y tenemos la certeza de que Álvaro Uribe no jugará en la próxima ronda presidencial.

En medio de las pasiones que ha despertado el reciente fallo de la Corte Constitucional sobre el proyecto de referendo reeleccionista, creo que vale la pena tratar de darle una mirada más pausada y analítica a lo que esto significa y representa para nuestro país. En Jugando bien México, Santiago declara que “el intento de reforma constitucional para la reelección de presidente Álvaro Uribe Vélez subraya  las debilidades institucionales del país”.  Estoy en completo desacuerdo con esa apreciación; si bien el intento de una reforma encaminada hacia la reelección podría subrayar una posible debilidad institucional, este intento se declaró inexequible y de esta manera subrayó el efectivo vigor de algunas instituciones colombianas.

En Tres pares Alejandra sí se plantea una pregunta fundamental sobre el origen de cómo hemos llegado a asociar tan vehementemente la reelección como algo negativo.  Una respuesta inicial a esta pregunta nos lanza al concepto mismo de democracia. La teoría liberal moderna asocia la democracia con la alternancia en el poder como condición necesaria para que estemos hablando de un sistema democrático. En contra de monarcas absolutos, propone la elección periódica de los gobernantes en marcos institucionales acompañados por la separación de poderes.

Tomado de: http://matadorcartoons.blogspot.com/

El voto es el instrumento político por excelencia de los ciudadanos para castigar o aprobar a sus gobernantes. Pero a través del voto, los ciudadanos también pueden manifestar sus preferencias políticas, como en los referendos y plebiscitos que contemplan la mayoría de constituciones democráticas. Si bien este es el argumento de Tres pares para apoyar el referendo como una iniciativa popular del constituyente primario, yo usaré el mismo punto de partida de la democracia como algo deseable, para llegar a la conclusión contraria, ya que el llamado “estado de opinión” no puede olvidarse que está intrínsecamente regido por el Estado de Derecho y el marco normativo que éste implica. En vista de que las masas también se equivocan, la soberanía popular no es lo único que alimenta la tradición democrática. En otras palabras, además de preferencias políticas la democracia, para mantenerse, requiere de instituciones que garanticen los derechos ciudadanos.

El proceso colombiano se enmarca en un momento regional que ha tendido hacia el reformismo constitucional enmarcado en contextos de democracia plebiscitaria que tienden a sacrificar las instituciones liberales a cambio de la participación directa de los ciudadanos en política. Visto de esta manera, el proyecto de referendo y los argumentos que se usaron para defenderlo se inscribían perfectamente dentro de los patrones de la región, pero como se menciona más arriba, lo que resulta significativo no es el intento, sino el desenlace que éste tuvo – radicalmente distinto a otros proyectos reeleccionistas.  Por esto, el fallo de la Corte es excepcional en todo el sentido de la palabra: rompe con la tradición de lo que ha sucedido en países vecinos y con las características que se han usado para entender el campo jurídico del que hace parte.

Los intentos por caracterizar el campo jurídico latinoamericano como una categoría que incluya los procesos y patrones de cambio de toda una región han generado respuestas diferentes. Por un lado, está la respuesta de García Villegas y Rodríguez quienes identificaron los tres rasgos comunes de los que hemos venido hablando: pluralidad de ordenamientos jurídicos, ineficacia instrumental y autoritarismo. Así, el derecho se convierte en una forma de comunicación que compensa y se sobrecarga por la ineficacia e ilegitimidad del sistema político. Uprimmy no comparte este último diagnóstico. Para él, el uso simbólico del derecho ha sido un recurso del Estado “esencial en Colombia, pero que ha tenido menos relevancia en otros países (…) en donde el caudillismo, la militarización y la movilización popular jugaron un rol articulador de las demandas sociales que limitó considerablemente el uso simbólico del derecho” (Uprimmy, 2003, p. 69).  De esta manera, la caracterización de García Villegas y  Rodríguez generaliza rasgos colombianos como si ellos fuesen aplicables a toda una región.

Contrario a lo que expresa Alejandra, creo que la soberanía popular como cimento único de un estado democrático olvida que históricamente los regímenes que han apelado a ese argumento han llevado a gobiernos de tipo autoritario: “pero parece que ese principio de soberanía fue olvidado por la Corte Constitucional al pasar por encima del pueblo colombiano y negarle su voluntad de elegir a Álvaro Uribe Vélez por tercera vez como presidente de la república”. La decisión de la corte frena tajantemente la evolución hacia ese estado de cosas autoritario hacia el cual ha tendido a moverse la región en situaciones anteriores.

El caso peruano sirve para ilustrar esta situación y para resaltar las diferencias entre ambos procesos.  Partiendo de puntos similares, el desenlace entre Perú y Colombia ha sido completamente disímil. La llegada de Fujimori al poder a inicios de la década de los noventa marcó el origen de una serie de cambios que poco a poco lo fueron consagrando en el poder. Su liderazgo carismático y el apoyo con el que logró contar pasaron por encima del marco constitucional produciendo cambios que desequilibraron la balanza de poderes a favor del ejecutivo.  Retrocediendo en institucionalidad, Fujimori se mantuvo en el poder con enormes porcentajes de apoyo popular. El autoritarismo de éste y la erosión de la democracia es el completo opuesto de lo que sucedió en Colombia este fin de semana. Por encima de la voz de las mayorías, se impuso el marco legal que debe regirlas y evitó que desembocáramos en una realidad similar a la que se vivió en Perú.

En el caso del referendo reeleccionista lo que se da es una doble excepción a la descripción del campo jurídico latinoamericano de García Villegas y Rodríguez. Por un lado, la decisión de la corte rompe con la tendencia, según Uprimmy principalmente colombiana, de un reformismo puramente simbólico encaminado a asumir las tareas del sistema político. Por otro lado, resalta la existencia del autoritarismo creciente en procesos de otros países de Latinoamérica que se vio frenado en Colombia por ser inexequible una tercera reelección.

Nuevas casillas en el tablero

En estos días de acalorados debates centrados en la Constitución y más específicamente sobre su posible modificación, parece no quedarnos mucho más que hacer sino esperar. Estamos a la espera de que la Corte determine si el referendo reeleccionista tiene vía libre para pasar por “Go” o si incurrió en vicios de distintas índoles que lo harían inconstitucional, dejando al proyecto estancado en la casilla del parqueadero.   Esto, en otras palabras quiere decir que estamos esperando a que un órgano tome una decisión que impactará enormemente el futuro del país, lo cual a su vez significa que confiamos en el criterio de la Corte y que una vez ésta toma una decisión, solemos reconsiderar nuestras ideas al respecto. Después de todo, si lo dijo la Corte, “algo de cierto tendrá”. A esta reconsideración de las ideas que cada uno llevamos adentro, es lo que en el mundo del derecho se conoce como eficacia simbólica. El que aún confiemos en el órgano dedicado a salvaguardar la Constitución, en la decisión que ésta tome, y que todavía entendamos por inconstitucional algo que no se puede hacer, dice mucho sobre la eficacia simbólica de ésta.

A menudo el análisis de normas y cuán eficaces han sido, hace referencia solamente a la eficacia material (lo que cambia la realidad tangible).  Propongo, a diferencia de Santiago y compartiendo un poco más con Alejandra, mirar la Constitución del 91, y su eficacia, desde la óptica de lo simbólico y no sólo de lo material.  Por lo tanto, se agregan casillas nuevas al tablero de juego. No hay solo una manera de jugar, sino varias que se sobreponen, y que creo firmemente, se pueden complementar. Hablar de eficacia simbólica no niega la existencia de eficacia material y viceversa.

Santiago habla de las debilidades fácticas de la Constitución y de su incapacidad de detener la violación de derechos de los desplazados. Alejandra aporta que la intención de la Corte con la sentencia T-025 del 2004 es novedosa porque implica seguimiento.  Si bien la intención de seguimiento y su posterior desenvolvimiento en numerosos autos y audiencias es un proceso sin precedentes, creo que la riqueza y el aporte de la sentencia van mucho más allá de eso porque ilustran otras maneras en que las sentencias, y la Constitución como tal, pueden ser eficaces.

Volviendo al caso de los desplazados, la sentencia de la Corte logró involucrar a diversos sectores de la población en una situación a la cual la opinión pública no le ponía mucha atención y a la cual se le hacía referencia en los medios como si los desplazados no fueran los protagonistas ni los titulares de derechos. Además de este proceso participativo, se ha logrado que los desplazados conozcan que tienen derechos. Como bien señala Alejandra, el que “la Carta  asegure el derecho a la educación no quiere decir que desde 1991, cuando se escribió la norma todos nos convertimos en “educados”. Completamente de acuerdo, pero lo que esa aseguración logra es hacernos saber que ese es un derecho del cual somos titulares y podemos exigir. Esta misma analogía aplica para el caso de los desplazados.

Tener en cuenta la eficacia simbólica a la hora de encasillar algo como eficaz o no eficaz, permite tener en cuenta variables que van más allá de lo tangible, pero que también son parte de una realidad y una forma particular de aproximarse a la sociedad en la que vivimos y los retos que enfrentamos como parte de ésta. Los cambios que pueden ser evaluados a partir de cifras, porcentajes y gráficas de la población que retorna y otras estadísticas, son una herramienta invaluable que puede enriquecerse aún más si tiene en cuenta otras formas de cambio que trascienden lo tangible.  En este segundo aspecto, creo que la Constitución del 91 ha sido sumamente eficaz porque se ha convertido en una fuente para la gente común sobre lo que se puede o no hacer y sobre lo que se puede o no exigir.

El reto de aceptar otras reglas de juego

Romper con los grandes paradigmas de la academia no es tarea fácil; implica romper con tradiciones teóricas que con el paso del tiempo y la legitimidad que les otorga quienes las promulgan, se han convertido en la aproximación “obvia”, “evidente”, o sencillamente la única posible. En el caso del derecho, este proceso se dio con la “conversión de las hipótesis jurídicas positivistas en tesis hegemónicas (de sentido común) sobre el derecho, el centralismo, o exclusivismo jurídico estatal desapareció como tal y pasó a ser el derecho tout court”[1].

Santos reacciona contra esta categoría y propone que el derecho como tal englobe todos los alcances que el derecho moderno hace posible, incluyendo, para molestia de aquellos fijados en la tradición, que hay también un derecho que no se origina en el Estado. Esta aceptación de que hay sistemas jurídicos que se originan desde puntos distintos es lo que Santos llama una pluralidad de ordenamientos jurídicos.

En las comunas de Medellín y las Favelas de Río la regulación y organización social se sale completamente de los marcos estatales y establece sus propios referentes donde el estado no es central. En estos dos lugares, se evidencia algo que, a primera vista, y siguiendo los lineamientos teóricos dominantes hoy en día, no es como deberían ser las cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué nos sorprenden e impresionan historias de dos comunidades que están organizadas bajo marcos jurídicos con altos contenidos de violencia, una burocracia organizada, y un poco de retórica propia – todos elementos necesarios del derecho? El que regímenes no estatales aparezcan y se encuentren tan arraigados en estos puntos contraviene completamente las ideas de construcción de la nación – monopolio legítimo de violencia en un territorio – que son tan ampliamente aceptadas que pocos las ponen en tela de juicio. Hay un monopolio de la violencia: el bloque Metro o el Tercer Comando Puro; la pregunta que me veo obligada a hacerme, es ¿por qué estos no me parecen legítimos? La legitimidad está vinculada con mentalidad, con formas de concebir el orden y la realidad.

En un esfuerzo por trazar límites universales que sirvan para regir la conducta en cualquier situación, nos hemos inclinado hacia una tradición que le ha cerrado la puerta a otras formas de lidiar con el conflicto y la injusticia. El concepto de pluralidad de ordenamientos es un primer paso para aceptar que hay grupos que se han alejado de la concepción hegemónica y han hecho justicia a su manera en formas que no dejan de parecer escandalosas, crueles y primitivas. Santos nos empuja a cuestionarnos sobre esas otras formas, pero creo que además de cuestionarse sobre la existencia o no existencia de otros ordenamientos, es indispensable cuestionarse sobre la jerarquía y a la forma como las hemos relacionado con la idea de una democracia o de una regulación deseable. Hemos creado un vínculo en el que concluimos precipitadamente que el derecho estatal nos llevará a un mejor desenlace que un derecho no estatal. La circulación de material como “La Sierra” y los artículos de Anderson refuerzan enormemente esta noción; los casos no son presentados como modelos a seguir sino como horrores que se evitarán cometer o volver a repetir. Propongo mirar con otros ojos los casos de derecho no estatal, para aproximarse a ellos no desde una perspectiva en la que están perdidos y destinados a la marginalidad desde un comienzo, sino para tratar de aprender e integrar soluciones hacia un futuro más incluyente. “No existe un razón intrínseca por la que el derecho estatal sea menos despótico o menos democrático que el derecho no estatal”[2].

 

 

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[1] Veáse Santos, Boaventura da Soussa. La globalización del derecho. ILSA

[2] Ídem.

 

Camila Gomez Wills