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Apariencias en la audiencia

El pasado 23 de marzo asistí a dos audiencias penales en Palo quemado. Mi propósito era investigar sobre ciertos artículos específicos de la ley 906 de 2004 como la dignidad humana, la libertad, la igualdad etc. pero puedo decir, antes que nada y sin arrepentirme, que fui realmente inocente e ingenua al pretender que únicamente con presenciar 2 audiencias iba a poder afirmar con toda seguridad que el sistema penal de mi país y su código, es decir, la realidad y el papel trabajan armónicamente. No duden que me puedo sentar a describir cómo los dos casos a los que acudí son un ejemplo perfecto de los derechos de las víctimas, de la presunción de inocencia, de la defensa y demás pero sería algo superficial y aburrido de escribir y mucho más absurdo de leer-quien lo quiera ver puede ir él mismo a Palo quemado para hacerse una idea “bonita ” de la vida, yo no tengo porque convencerlos.

Lo que sí me nace decirles es lo que sentí. Estábamos siete estudiantes de la Universidad de los Andes esperando un típico caso de hurto,  pensando en “cosas de la vida”, cuando de la nada entra un señor armado que solo por su alto y ancho parecía 2 hombres en su mismo uniforme.  Adelante, esposado, entra alguien más que ante tales magnitudes se ve lo más escuálido e indefenso del mundo. Está tan asustado que ni siquiera nos determina y se apresura a sentarse con las esposas puestas (se las quitan después). Su abogada, que lo último que me inspiró fue sabiduría y confianza por el comportamiento previo a la audiencia, se sienta y habla como si fuera un día más, un caso más, un ser- si es que ella es consciente de la magnitud e implicaciones de esa palabra-más.

Pero lo que de verdad me impactó en este caso fueron dos cosas. La primera es que el acusado no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando. No estoy diciendo que su abogada no le explicara antes el proceso, porque eso no lo sé. Lo que sí vi fue al acusado acercarse al oído repetidas veces de su abogada preguntándole cosas y obteniendo siempre como respuesta un frio y seco “silencio”.  Finalmente este hombre llega a tal punto de resignación que se dedica a mirar por la ventana mientras tres personas deliberan sobre su futuro.

La segunda cosa que me impactó es un momento de tensión muy intenso: el fiscal dice “debemos recordar que JFM es un desmovilizado, que perteneció a las FARC y se acogió a la ley de Justicia y Paz”. Hasta su propia abogada se volteó a mirarlo. Creo que hasta ahí llegó cualquier tipo de consideración que pudiera sentir alguna persona presente.

Sobre el segundo caso lo que más me desconcertó fue el tiempo. Esta audiencia es una muy parecida a la que hace referencia Santiago Cardona en Revictimizando a las víctimas, los dos estuvimos en un caso de abuso sexual a un menor en el 2004 luego, si estamos en el 2010 ¿por qué los victimarios siguen libres?   Sin embargo, lo que me parece el punto central del autor es cómo el sistema penal colombiano es tan ineficaz que se dedica a través del tiempo a “torturar” a las víctimas y ayudar a los victimarios.

Al respecto solo puedo decir dos cosas. Primeramente, el argumento de Cardona para decir que el sistema ayuda a los victimarios mortificando a las víctimas es que la ley 1098 de infancia y adolescencia dice que en caso de abuso sexual  a un menor, no se puede rebajar la pena aunque el acusado acepte los cargos; pero en este caso lo ignoran y  la pena se reduce a la mitad. Ahora bien, creo indispensable recordar dos principios característicos del derecho penal: legalidad y favorabilidad. La ley 1098 fue posterior al hecho, entonces no aplica. Frente a esto muchos podrían rebatir, “pero el código penal también es posterior”. Pues el principio de favorabilidad dice que [l]a ley permisiva o favorable aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. El código penal le favorece luego sí aplica.

En segundo lugar no podía pasar por alto que desde los hechos han pasado seis años sin que se dicte una sentencia. Si bien es cierto que es demasiado tiempo, por lo que yo también reconozco que el sistema no es del todo eficaz, sí puedo  afirmar que lo que se está debatiendo es la vida de un ser humano, sus libertades y derechos. No sobraría entonces recordar que una decisión difícil no se puede tomar sin darle un tiempo de reflexión. Qué otro mejor ejemplo que los requisitos que debe cumplir una ley para que sea válida: puede tener hasta dos legislaturas para que los congresistas puedan analizar y decidir sin opción de arrepentirse.

Como conclusión, la decisión de qué tan armónico es el papel con la realidad se la dejo a ustedes.

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El constitucionalismo aspiracional como herramienta positiva para comunidades indígenas en México

El constitucionalismo aspiracional es una herramienta positiva para toda minoría étnica si se encuentran los cimientos necesarios en la sociedad donde se aplica. La estructura necesaria según García Villegas para que un simple desarrollo legal o jurisprudencial[1] se pueda volver realidad (García, 2006) se compone de los siguientes elementos: i) el compromiso de los movimientos sociales, la opinión pública y un grupo político que se constituya en la militancia del constitucionalismo aspiracional[2] y ii) una consolidación de una nueva cultura jurídica en el campo jurídico y social del territorio para proteger los derechos y así modificar la visión tradicionalista que se tiene de los derechos y  su aplicación[3]. Teniendo claro cuáles son los cimientos necesarios para construir un buen constitucionalismo aspiracional se debatirá sÍ en México los indígenas pueden utilizar el derecho como un mecanismo de emancipación. Para poder afirmar la tesis que se propone, basta con poder identificar estos pilares en el campo jurídico mexicano.

Los movimientos sociales en pro de los derechos de los indígenas son muy grandes, y no solo lo conforman entidades sin ánimo de lucro sino también diferentes académicos que se han dedicado a la investigación sobre la posibilidad de utilizar el derecho como un instrumento de emancipación (ejemplo: conferencista Luciana Gross Fundación Getulio Vargas del foro Expresa.lainvestigaciones de los movimientos indígenas regionales como Mejía y Sarmiento (1987) entre otros. En el trabajo de Evers (1985) se citan todos los movimientos sociales que desde ese entonces[4] luchan por este fin, entre los ellos se encuentran consejos de vecinos, comunidades eclesiales, asociaciones indígenas, organizaciones de mujeres, comités de derechos humanos, grupos de jóvenes, actividades artísticas y culturales populares, coaliciones para la defensa de las tradiciones regionales, los grupos ambientalistas, grupos de autoayuda entre desempleados y asociaciones de trabajadores, entre otros [5]. Además de ONGs y grupos de interés en Mexico desde 1995 existe una comisión legislativa llamada comisión para la Concordia y Pacificación que fue creada para llegar a un acuerdo con el EZTL (Ejercito zapatista de liberación nacional) y es conformada por los legisladores. El texto fundamental de esta comisión se llama TEXTO ÍNTEGRO DE LA INICIATIVA COCOPA publicada en noviembre de 1996 y  cita el comienzo del crucial segundo artículo  de la constitución mexicana, él cual dice:

La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquéllos que descienden de poblaciones que habitaban en el país al iniciarse la colonización y antes de que se establecieran las fronteras de los Estados Unidos Mexicanos, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado mexicano

También es importante mostrar los partidos y los movimientos políticos existentes en México a favor de la protección de los derechos indígenas. El partido político que representa prioritariamente estos derechos es el Partido de Unidad Popular (PUP) creado en el 2003 compuesto sólo por indígenas. Además de esto el  2° articulo de la constitución mexicana  enumera todos los derechos que deben recibir los indígenas. El lector se preguntará por qué si en el artículo de 2 de la C P se encuentran todos los derechos anhelados por un indígena, estos no se han materializado. La respuesta es muy simple porque dicho artículo es una reforma que entró en el diario oficial el 14 de agosto de 2001[6], esto quiere decir que es muy nueva y no ha podido ser explotada debidamente. Un ejemplo de esto es el caso de Jacinta Francisco Marcial quien fue acusada de secuestro de 6 agentes de la AFI y no se le dio el derecho a un intérprete, y su abogado defensor nunca le habló sobre su derecho a la defensa (posiblemente por no poder comunicarse). En este caso el Estado está violando los parágrafos II y IV  del artículo 2  pues no se respeta el procedimiento necesario para este tipo de personas y no se está enriqueciendo las lenguas, contrario, se está discriminando por ella. Solo es necesario que se aplique esta norma constitucional para que se le pueda proteger los derechos a esta indígena.

El otro punto esencial para que el constitucionalismo aspiracional se consolide es buscar que se dé un cambio de la visión tradicionalista de la aplicación del derecho. Esto les compete a todos los actores del campo jurídico. En el caso mexicano los actores tienen todas las herramientas en el papel (texto inicial de la comisión COCOPA, el tratado de San Andrés, el artículo 2 de la CP mexicana y los diferentes proyectos reformatorios, entre otros) luego los pilares esenciales de un constitucionalismo aspiracional sí están en el territorio mexicano y es por eso que la idea del derecho como un mecanismo de emancipación para los indígenas cada vez se encuentra más cerca. Es cierto que todavía no se puede palpar y que todavía existen muchas vulneraciones pero solo falta la consolidación de una asimilación de las nuevas herramientas para que se solidifique una cultura jurídica que sepa aplicar el derecho.


[1] GARCIAVILLEGAS, . ¿Justicia para todos? Sistema judicial y derechos sociales en Colombia.

[2] Ibíd.

[3] Ibíd.

[4] Tiempo de la publicación de Evers: 1985.

[5] VARGAS-HERNANDEZ, Jose Guadalupe. MOVIMIENTOS SOCIALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y LA ECOLOGÍA POLÍTICA INDÍGENA. Trabajo publicado en la siguite pagina: http://www.uaim.edu.mx/webraximhai/Ej-03articulosPDF/02%20mov%20sociales.pdf ultima visita: 15 de marzo de 2010 a las 16:20

[6] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm ultima visita: 15 de marzo de 2010 a las 14:25 hs.

Foto tomada de http://www.acnur.org/archivos/imagenes/Indigenas.jpg


Tres pares

Hay una regla en el monopolio que para muchos es injusta: quien lanza los dados y saca pares durante tres veces consecutivas se va para la cárcel hasta que saque pares de nuevo. El presidente Álvaro Uribe Vélez  intenta una tercera movida ¿lo dejamos a la suerte y que juegue o lo mandamos a la cárcel?

“La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado, que los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente.”

Es en realidad una frase poderosa,  y es parte del discurso de Simón Bolívar en Angostura. La podríamos tomar como un consejo a toda América latina para que no apoye la reelección, pero entes contextualicemos la frase: Bolívar recibió poderes dictatoriales desde 1826 hasta 1830. Ahora bien, creo que la pregunta radica en si Bolívar se contradecía al aceptar el cargo o no.

Quiero empezar por analizar dos elementos de la frase desde un punto de vista actual y colombiano. El primero es la “autoridad en un mismo individuo”, creo que tiene una connotación negativa, es como si se refiriera al autoritarismo. El segundo es el término “mandar” ¿de verdad creen que si Uribe fuera autoritario y nos estuviera mandando se hubiera molestado en preguntar? Lo que quiero decir es que Uribe estaba en la posición perfecta, como Castro de Cuba en su momento, para perpetuarse en el poder sin tener que preguntarle al pueblo si quería o no. A mi forma de ver, un referendo reeleccionista no es más que una prueba de la democracia madura que el presidente defiende y respeta.

Hablemos del autoritarismo. Desde el blog anterior Santiago Cardona lo define como el “uso frecuente de la fuerza y de procedimientos autocráticos por parte de los creadores y  aplicadores del derecho” ¿Uribe usa la fuerza para gobernar al país? Como dije arriba, un referendo no es un ejemplo de la fuerza. Además aunque declaró estado de emergencia para crear decretos con fuerza de ley que muchos interpretan como derecho, fue con el único fin de  proteger y salvaguardar al país y su derecho fundamental a la  salud y dignidad humana; y vale la pena recalcar que estos decretos tienen un control de constitucionalidad posterior que  establece su permanencia dentro del orden jurídico, asimismo los decretos pueden ser corregidos por el congreso. Aquí no hay una brecha que le pueda dar espacio al autoritarismo.

Por otro lado, el argumento de muchos es la separación de poderes. Se cree que si un presidente es reelegido por tercera vez la separación de poderes no será tan clara y las potestades del presidente serán más de las necesarias (cosa que claramente no ocurre en República Dominicana) pero ante esto el mismo procurador en su concepto 4890 decía que “las instituciones de vigilancia y control conservan la plenitud de sus atribuciones, el sistema de frenos y contrapesos continua operando, la independencia de los órganos constitucionales sigue siendo garantizada, no se atribuyen nuevos poderes al Ejecutivo, la reforma prevé reglas para disminuir la desigualdad en la contienda electoral que será administrada por órganos que continúan siendo autónomos, y los actos que se adopten siguen sometidos al control judicial para garantizar el respeto al Estado Social de Derecho.”

HA<b>VLADDO</b>RÍAS

Sin embargo, sí hay uno de los rasgos jurídicos que Mauricio García Villegas y César A. Rodríguez identifican en su texto Derecho y sociedad en América latina, y es la ineficacia instrumental. Ese rasgo es una especie de abismo entre las normas y práctica. Para hacerlo más sencillo lo explicaré de la siguiente manera: nuestra Carta política, tanto en el preámbulo como el artículo tres, es muy clara al identificar quién es el soberano y de donde emana el poder público. Pues bien, en el Estado social de derecho colombiano la soberanía le pertenece única y exclusivamente al pueblo, sobre él no hay ni asamblea ni institución política o estatal.  Pero parece que ese principio de soberanía fue olvidado por la Corte Constitucional al pasar por encima del pueblo colombiano y negarle su voluntad de elegir a Álvaro Uribe Vélez por tercera vez como presidente de la República. Es obvio que lo que dice nuestra Constitución, norma de normas, fue ignorado y olvidado a la hora de decidir el fallo respecto a la ley 1354 de 2009. Luego quiero hacer una aclaración respecto a un argumento que mencionaba Santiago Cardona en Jugando bien México, cuando decidimos que queremos el referendo de iniciativa popular no estamos protegiendo el interés de una sola persona sino de todos los colombianos porque son ellos quienes están interesados en que Uribe sea reelegido.

Sobre el punto anterior vale la pena aclarar, como afirma el procurador, que la ley de reelección busca modificar el artículo 197 de la Carta mas no sustituye la sustancia o el alma de la propia Constitución.

Lo que en este momento ocurre en el país es algo muy diferente a lo que pasó en República Dominicana. Muchos creen que la reelección es un virus que contagia a toda América latina, ¿pero qué pasa si ese virus no es malo? el hecho de que los venezolanos y los cubanos perdieran su  autoridad no quiere decir que a todos les pueda pasar lo mismo y el presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, es un ejemplo de eso.

Su primera presidencia fue en 1996-2000 pero en 1994  la reelección presidencial consecutiva fue sustituida por  la reelección alterna. Sin embargo, en el 2002 mediante un referéndum esta se invirtió y Fernández fue elegido para los periodos 2004-2008, 2008-2012.

En conclusión yo diría que Simón Bolívar no se contradecía al recibir los poderes dictatoriales que el pueblo le ofrecía porque gobernar no es sinónimo de autoritarismo ni de soberanía. Las reformas constitucionales, si vienen desde el pueblo y protegen la seguridad democrática como es el caso colombiano, se deben obedecer pues es la voluntad del primero al poder en el país. En este caso los dados ya fueron lanzados y quien tenía la decisión es sus manos, la Corte Constitucional, prefirió apegarse a las reglas del juego y por mucho respaldo que Álvaro tenga, enviarlo a la cárcel – como casilla desde la cual no podrá seguir jugando. Ni modo señor presidente, hay que jugar hasta sacar pares de nuevo, la soberanía del pueblo ya no parece ser de mucha influencia para este juego.

Bibliografía:

García Villegas, Mauricio y Rodríguez Garavito, Cesar. “Derecho y Sociedad en América Latina”, En García Villegas, M y C Rodríguez Garavito. Derecho y Sociedad en América Latina., Bogotá ILSA. Universidad Nacional de Colombia. Pp 15-56

ORDÓÑEZ MALDONADO, ALEJANDRO (Procurador General de la Nación) Concepto del Procurador General de la Nación respecto de la ley 1354 de 2009. Bogotá, D.C. 12 de enero de 2010. Expediente No. CRF-0003  Concepto No. 4890

BUSHNELL, DAVID. “Colombia Una nación a pesar de sí misma” Bogotá editorial Planeta 2007 pág. 107-115

BARRETO JOSE VICENTE 1996 “Constitución Política de Colombia de 1991” Ed. Legis 2010.

No se puede ganar con un solo lanzamiento de dados

Hay una clara influencia del derecho en la realidad o si gustan de la realidad en el derecho. El objetivo del derecho es la regulación del comportamiento del hombre para lograr una convivencia digna y segura. Éste parte de la realidad en busca de mejorar lo existente y no, como muchos piensan, al revés.  El punto es que hay una relación evidente entre ambos aspectos. Siguiendo este orden de ideas y contextualizándolo en un país latinoamericano como Colombia puedo afirmar que la constitución Política tiene como fin un cambio social. Por lo tanto, es aspiracional. El término cambio implica un “proceso”. Hay que ser demasiado optimista, por no decir ingenua, para creer que un cambio jurisdiccional implica automáticamente un cambio social, económico e ideológico de la población completa de un país, estamos hablando de más de cuarenta y cuatro millones de habitantes.

En la entrada anterior Santiago afirma que “la situación actual del desplazamiento demuestra la debilidad fáctica de la Constitución,  después de 17 años de haber sido implementada”. Si lo que la población pretende es que se apruebe una ley y acto seguido se redistribuyan los desplazados a sus tierras, no me siento culpable al afirmar que la utopía no la crea la ley como afirma García Villegas (García  2006) sino el hombre al pretender que las letras en un papel cambien la realidad de la crisis social por la que pasamos.

Ahora, muchos se preguntaran si se está llevando algún proceso  que justifique un cambio factible. Pues bien, debo reconocer (cosa que también se tomó el trabajo de hacer la Corte) que en un principio las cosas fueron ideales más no realidades, como es el caso de los documentos Conpes. Sin embargo es un rumbo completamente diferente el que toma  la Corte Constitucional al dictar la sentencia T-025 de 2004. Sería errado, cerrado y grosero- o ignorante- el hecho de que una persona diga que el fallo de ésta sentencia no tiene repercusiones en el futuro. En la realidad, fallar declarando ECI, 84 autos y 13 audiencias demuestran lo contrario. Además López es muy enfático cuando reconoce que lo que diferencia a esta constitución de otras anteriores es la importancia que se le otorga a los derechos fundamentales y la posibilidad de una participación de los ciudadanos en el ámbito legal (tutelas) y político (partidos políticos) que los garantizan (López:2010). Pero, para poder participar es necesario conocer y conocer implica estudiar. Todos sabemos que el estudio es un proyecto y meta no de corto sino de largo plazo. Una vez más no podemos pretender que la ley lo haga todo. El hecho de que la Carta  asegure el derecho a la educación no quiere decir que desde 1991, cuando se escribió la norma todos nos convertimos en “educados”

En conclusión no podernos desprestigiar o desvalorar el poder de la Constitución colombiana. Cambiar las cosas depende de un proceso que toma tiempo y depende de la voluntad o solidaridad de todos y cada uno de los ciudadanos. Que hay errores los hay, no es perfecta, de lo contrario estaríamos hablando de una Carta preservadora. De que estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso.

Bibliografía:

López Medina, Diego. 2010. “Repaso histórico Analítico de la Constitución política de Colombia de 1991. Bogotá pp 1-34

Casas y castillos

Problema…Colombia y Brasil decidieron entrar al juego, están en su turno y se preguntan si pueden poner una casa.
Recordemos las reglas del juego: para poner una o varias casas o castillos en tu propiedad debes ser dueño de TODAS las propiedades de ese mismo color. Por ejemplo, si eres dueño de una propiedad roja debes comprar todas las propiedades rojas para poder poner una casita. Luego la verdadera pregunta aquí es: ¿tienen Colombia y Brasil la jurisdicción de todo el territorio de la nación?
No, porque según lo estipulado por Santos en su lectura “La Globalización del Derecho”, el pluralismo jurídico se da cuando hay más de un sistema jurídico en un mismo territorio. Desde diferentes puntos de vista, como los de Kelsen, esto no existiría ya que para este autor el Estado es el que posee total control de su territorio. Sin embargo, es importante recalcar que en la práctica esto no es factible ya que como vemos en Colombia y Brasil el Estado se encuentra ausente en muchas de sus regiones y esto según Santos crea que aquellas regiones abandonadas busquen una forma de regularse ya sea con el uso de la violencia, retórica o burocracia.
En ese orden de ideas sería lógico resaltar ciertas características en los ordenamientos del Bloque Metro y las favelas. Según una definición amplia del derecho propuesta por Santos podríamos hablar de una combinación geopolítica: en las favelas el que no sigue la ideología o la ley de Fernandinho es cruelmente sancionado, y él es la representación única y máxima de la autoridad; luego la retorica y burocracia brasileñas son completamente recesivas ante la violencia dominante. Es algo parecido a lo que ocurre en el Bloque Metro, si bien es cierto que hay un grado de violencia evidente, son los mismos habitantes de la comuna los que recurren a Edison como juez ante las complicaciones o problemas que se dan entre los ciudadanos. Una vez más el Estado es recesivo en ese pedazo del territorio nacional abriendo paso a lo que muchos denominarían “constelaciones jurídicas”
Por último es necesario recordar lo que el ejército y la policía nacional representan: el Estado. Ellos son la visión y el contacto más cercano, claro y directo que los ciudadanos pueden tener con éste. Sin embargo, estos nunca aparecen por aquellos barrios lo cual es un ejemplo de que el Estado no está presente y que aunque no reconoce como validos aquellos entes normativos, esto no significa que dejen de existir y sean un sistema normativo independiente.
Conclusión: Colombia Brasil pierden un turno. Tómense ese tiempo para negociar las otras propiedades que no entran en su jurisdicción y para ver si en la próxima vez hacen de sus países una unidad y comienzan a progresar. Pueden poner hasta 3 casas por propiedad y luego convertirlas en castillos.
Alejandra Palacios