Los absurdos de la ley

Asistir a una audiencia del sistema penal es enfrentarse con lo que sucede diariamente en la justicia colombiana. Comparto con Santiago y Alejandra el desencanto que me produjo presenciar uno de los miles de casos que son llevados a los juzgados alrededor del país. A diferencia de ellos, asistí a audiencias en el Tribunal Superior y gracias a un hecho fortuito terminé sentada cara a cara con Ramón Isaza y otros paramilitares desmovilizados bajo la ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz).

Ya en Bagatela observamos el funcionamiento de la justicia frente a los casos más cotidianos. Aún así, la realidad colombiana está conformada tanto por casos como estos, que aunque no corresponden siquiera con lo que el Estado ha identificado como la amenaza principal, sí son los que inundan las cárceles (Iturralde, 2009) como por casos de crímenes realizados sistemáticamente por grupos armados al margen de la ley y, como quedó demostrado en el escándalo de los falsos positivos, por el Estado mismo. Así como la literatura existente ha identificado los retos y obstáculos del sistema penal y de su código de procedimiento para ese primer tipo de casos – de bagatela-  para lo cual supuestamente la legislación está preparada para afrontar, el reto para la debida y eficiente aplicación de la justicia es aún mayor para los casos asociados al conflicto armado dada no solo la magnitud numérica de los hechos sino también el tema con el cual se está tratando.

Sin negar las contradicciones y desafíos de los procesos penales como los descritos en “Revictimizando a las víctimas”, creo de suma importancia tener siempre presente que hay toda otro tipo de procesos enormes que están siendo llevados a cabo que tienen que ver no con una, sino con más de 3000 imputaciones, como en el caso de la audiencia de imputación de cargos del Bloque Norte o del Magdalena Medio.

El 18 de marzo, los líderes desmovilizados habían confesado entre otras cosas, “el asesinato y desaparición de una persona en zona rural del Tolima, a quien sacaron de su casa a la fuerza, la descuartizaron con motosierra, la enterraron en una fosa común ilegal y luego de un tiempo, sacaron el cadáver y lo cremaron en un sitio especial conocido como ‘El Grillo’ por las Auc, para que no fuera encontrado por las autoridades” (Verdad Abierta, 2010). Es a esta clase de situaciones a las que también se está enfrentando hoy en día el sistema penal colombiano.

Tras esta audiencia de imputación, el magistrado de Control de Garantías del Tribunal Superior de Bogotá, Julio Ospina, le negó la detención domiciliaria a Ramón Isaza.  Frente a esa negación, la defensa decidió apelar, lo cual significaría suspender el resto del proceso mientras una corte superior delibera sobre este punto. Ante esto, el ministerio público pide romper la unidad procesal para que el resto de los procesos que se le adelantan puedan seguir su curso y las víctimas puedan acceder a la verdad lo antes posible. A pesar de la sensatez que contiene esta idea, la ruptura procesal se da frente a personas, no frente a hechos; el magistrado declara “no veo cómo proceder, pero comparto su preocupación, así como la comparten las víctimas y la comunidad internacional. Queremos que esto vaya rápido. Quisiera que fuera viable pero no veo la formal legal de hacerlo”. Luego de esta intervención, el fiscal pide recurrir a “recursos filosóficos” en vista de que no hay recursos legales para hacerlo. El desenlace final, por ahora, es que se le niega la ruptura procesal, por un absurdo de la ley que en lugar de permitir e incentivar que se agilicen los procesos y se respeten los derechos consagrados en el artículo 11 del código penal, lo que hace es demorarlos aún más.

Así como entiendo la necesidad de un marco legal que rija las situaciones que se puedan presentar, creo que lo que ha tenido lugar en Colombia en los últimos años presenta un reto inmenso para la administración de justicia en el cual la academia puede jugar un rol importantísimo – como queda evidenciado en el diagnóstico llevado a cabo por Guzmán, Revelo y Uprimmy-  para determinar estrategias que hagan del proceso uno más humano y rápido que no tenga que apelar a la filosofía sino a la jurisprudencia para funcionar.

Bibliografía:

Iturralde, Manuel. “Prisiones y castigo en Colombia: La cultura del miedo y el Estado punitivo”. 2009.

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