Revictimizando a las victimas

Las semana pasada fui testigo de las fallas inimaginables a las que nos hemos acostumbrado en el sistemas penal  colombiano. Nos acostumbramos a pensar  en que el dinamismo y aumento de penas en el  sistema es un avance en términos de justicia. Sin embargo, la realidad es muy diferente:  pueden existir penas de décadas de prisión pero de qué sirven si no las imponemos, o las imponemos después de largos y difíciles proceso.  Esta crítica surge por  la experiencia que viví cuando presencié una audiencia pública por abuso sexual de una menor de 14 años, en los juzgados de Paloquemado.

El caso empieza en el 2004 cuando un joven de no más de 25 años  viola a una niña de seis años. El proceso empieza con la  captura y acusación  al supuesto violador.  En marzo de 2010 se presentan las partes para  presentar un acuerdo  ante el juez de circuito, en el cual el  acusado se declara responsable de los hechos si se le  reduce en por lo menos la mitad la pena. Lo absurdo del caso es que es la fiscalía, la familia de la niña, la defensora de familia  y el  abogado  son los que buscan la aceptación del acuerdo, no están  búscando la máxima pena sino la mínima.  Esto solo pasa en un sistema  disfuncional;  la familia, ya cansada de un proceso de 4 años no busca justicia sino acabar la pesadilla.

Por consiguiente, el escenario no puede ser peor: la lentitud del proceso e indagaciones persisten y  todo por culpa de un sistema penal que irónicamente victimiza aun más a la víctima. Esta lentitud e imprecisión del proceso  son consecuencias  de acumulación de casos del sistema y funcionarios incompetentes (en muchos casos se estima que un mismo fiscal puede estar a cargo de más de 70 casos), a pesar de los cambios generados por Ley 906 de 2004.    Si el juez no acepta el acuerdo como sucedió en este caso,  el proceso sigue  afectando de manera directa a ambas partes y  paradójicamente, el sistema dificulta  aún más el proceso para la víctima y su familia limitando el incidente de reparación integral de la ley 903 de 2004.  Vemos que se ha avanzado en eficacia en algunos aspectos desde la aplicación del nuevo sistema penal, sin embargo, estamos lejos de tener un sistema realmente eficaz.

De igual importancia, en el 2006 se crea la  ley 1098 de Infancia y Adolescencia  la cual elimina la posibilidad de una reducción de penas para violadores de menores de 14 años y los preacuerdos en estos. Sin embargo, este cambio legal me hace cuestionar si esto realmente favorece a las víctimas.  En primer lugar, si el sistema sigue como está, esta ley no implica  realmente que se les impongan mayores penas a todos los violadores y victimarios.  Puede existir la posibilidad de penas mayores,  pero esto no implica que se estén  aplicando realmente. En segundo lugar, este proceso no facilita en la práctica el proceso de la víctima. En el  Diagnóstico de riesgos y puntos críticos se explica claramente que son estos mecanismos de justicia negociada los que agilizan los procesos y sentencia.

En definitiva, la solución  no es solamente  aumentar  y evitar disminución de penas, sino,  hacer un sistema más eficiente y que ayude a las víctimas en el proceso.  El sistema como esta concebido  afecta a la victima dada la lentitud e imprecisión de los procesos; irónicamente, evitar preacuerdos afecta a la víctima en muchos casos. Se vulnera las disposiciones del  Art. 4 Igualdad y del Art.11 Derecho de las víctimas,  que implican que se debe proteger a la persona que se encuentran en circunstancias de debilidad y a las víctimas. El objetivo del sistema penal acusatorio es ser  un sistema garantista de los derechos fundamentales y con  etapas diferentes (la audiencia de formulación de acusación, la preparatoria al juicio oral, la de juicio oral y la reparación integral y sentencia) en muchos casos sus características actuales (lento e impreciso en investigación), simplemente vulnera aun más los derechos que busca proteger.  Como lo explica Marc Galanter  en  la realidad los sistemas jurídicos generalmente no favorece a los demandantes ocasionales, lo absurdo es que en Colombia no solo no se favorecen sino que se pueden ver afectados por el sistema. Eliminar estos preacuerdos es viable solo cuando el sistema sea realmente  eficaz y se apoye a la víctima de manera integral.

Bibliografía:

– Galanter, Marc. 2001. “Por qué los poseedores salen adelante: especulaciones sobre los límites del cambio jurídico”, en García M., Sociología Jurídica: Teoría y sociología del derecho de Estados Unidos. Bogotá: Universidad Nacional. pp. 71-87.

-Guzmán Diana Esther, Revelo Javier Eduardo y Uprimny Yepes, Rodrigo. CAPÍTULO 4: Diagnóstico de riesgos y puntos críticos

– Código de Procedimiento Penal ( art.4 y art.11)

– Ley 906 de 2004

– LEY 1098 DE 2006  LEY DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN COLOMBIA

 

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