Un campo social permeable

La condición de discriminación sufrida por las mujeres es categoría  si se hace una revisión histórica de su condición social, cultural y política, y donde esta ultima forma de discriminación es la que se hace más evidente en nuestros días. En Colombia se ha tomado una medida política y jurídica conocida como la ley de cuotas que prescribe que deber haber al menos una mujer en las ternas propuestas por los funcionarios públicos para altos cargos públicos[1]. Este tipo de medidas son conocidas como acciones afirmativas por medio de las cuales se ha querido subsanar el rezago histórico de las mujeres en la política producto de la discriminación sexual de la que han sido víctimas. Sin embargo y a pesar de la especificidad y el cumplimiento de la ley, esta ha tenido una incidencia teleológica mínima pues en realidad estas mujeres no son tenidas en cuenta seriamente por quienes deben escoger entre ellas y los otros dos candidatos, o bien son destinadas a cargos públicos de poca injerencia en la vida pública. Esto se debe claro a que sigue habiendo una discriminación de naturaleza cultural hacia las  mujeres que el ámbito jurídico se ha visto incapaz de penetrar. Lo anterior apuntaría a que el derecho no puede simplemente y por si solo modificar la realidad social, sin embargo de esto no se sigue que el derecho no pueda manipular la realidad social. Afirmar que la intrascendencia de dicha ley se debe a una incapacidad inherente del derecho no estaría correcto, pues en realidad esta puede deberse a un falencia particular de la ley, a la previa consideración superficial del contexto donde esta fue introducida  y a la falta de políticas subsidiarias de la ley; como lo sería una agenda educativa y publicitara referente a la igualdad de las mujeres. A estos argumentos se suma el hecho de que la ley está siendo cumplida y por lo tanto no haya una forma jurídica inmediata para exigir el derecho que se quiere proteger; a la no discriminación.

Pero indagando un poco más a fondo, tenemos que dicha ley tiene un fundamento en el derecho a la igualdad consagrado en la constitución, es decir, en la constitución. Una constitución que reivindica la diversidad y e l pluralismo nacional y que pretende una sociedad más justa[2]. Una constitución que permitió que a la mujer se le diera el derecho a abortar en determinadas circunstancias, y lo permitió estratégicamente; mediante el reforzamiento de los derechos fundamentales, (como el derecho a la igualdad y la dignidad) y mediante la creación de una corte constitucional que garantizara y promocionara el goce efectivo de esos derechos, así como mediante la creación de mecanismos de protección de derechos como la acción de tutela. Una constitución aspiracional[3]. Una constitución que ha permitido que esos grupos rezagados luchen por sus derechos en una forma jurídica, y lo hagan con resultados, que si bien no son óptimos son resultados que no se hubieran sido posibles dentro de un marco normativo diferente a la Constitución de Colombia de 1991. Y es que lo cierto es que los logros alcanzados por estos grupos marginados (mujeres, indígenas, comunidad LGBT) se han dado en el ámbito de lo jurídico precisamente porque su manifestación política ha sido siempre insignificante, ¿o es que alguna vez ha existido un partido LGBT o “de las mujeres” con injerencia en la agenda publica de los colombianos?. Es cierto que hay trabas culturales y sociales a la exigencia de estos derechos ratificados por la corte, como lo es en el caso del aborto, es cierto que en muchos casos las mujeres que quieren abortar logran acceder a estos servicios médicos luego de haber interpuesto demandas o acciones de tutela, pero también es cierto que hay quienes lo han logrado y más importante, quienes lo han hecho, para el caso de acceder a un aborto digno y en condiciones aceptables de salubridad, lo han hecho por vías judiciales, no políticas. Y es que precisamente porque estos grupos han estado históricamente rezagados en el campo político, es en el campo jurídico donde encuentran un campo de batalla que si al menos no les es favorable, por lo menos no les es desfavorable. Es en cabeza de los derechos consagrados por la constituciones que múltiples movimientos sociales han iniciado su lucha política[4] y es aquí cuando el derecho ha penetrado la realidad social, sin negar que este también se ve afectado por la misma.


[1] Ley de cuotas, Republica de Colombia, Ley 581 de 2000

[2] Rodrigo Uprimmy, foro: expresa.la

[3] Garcia Villegas, Mauricio. 2006. “El derecho como espereanza: Constitucionalismo y Cambio Social en America Latina, con algunas ilustraciones a partir de Colombia”,

[4] Garcia Villegas, Mauricio. 2006. “El derecho como espereanza: Constitucionalismo y Cambio Social en America Latina, con algunas ilustraciones a partir de colombia”,

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Bibliografia:

  • Garcia Villegas, Mauricio. 2006. “El derecho como espereanza: Constitucionalismo y Cambio Social en America Latina, con algunas ilustraciones a partir de colombia”, en Uprimmy R, C. Rodríguez Garavitoy M. García Villegas, ¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en colombia. Bogotá, Norma, pp. 201-234.
  • Comunicado de la Ruta Pacífica de las Mujeres.
  • foro Expressa.la, intervencion de Rodrgio Uprimmy

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