Un campo social impermeable

El que una mujer pueda abortar de forma legal y protegida por una Sentencia de la Corte Constitucional es una situación que pocos se hubieran imaginado hace apenas unas décadas. El fallo de la Corte así lo contempla, pero la pregunta es si realmente las mujeres pueden hacerlo.  Como lo explicó Paola Bergallo en el foro organizado por expresa.la, la liberalización del aborto en Latinoamérica tiene como denominador común un componente regulatorio y un encuadre argumental. Los diferentes modelos regulatorios se clasifican bajo tres grandes categorías: están los que no lo aprueban en ninguna instancia (Chile, Nicaragua), los que liberalizan por indicaciones (Colombia, Argentina, Perú) y aquellos países que lo legalizaron por plazos (Puerto Rico, Cuba,).

De acuerdo con esta escala comparativa, el desarrollo legislativo colombiano es moderado: se puede practicar el aborto sin que sea delito en tres casos específicos. Para algunos, la sentencia C-355 de 2006 es un ejemplo del espíritu progresista de la Corte. Según estos,  las grandes batallas encaminadas hacia transformaciones progresistas e incluyentes se originan en los estrados judiciales.

Ahora bien, si esas determinaciones en el estrado no conllevan a ningún cambio por fuera de él, la determinación se queda en mera abstracción y en últimas, falla como tal. Es en las acciones cotidianas de los ciudadanos que esa transformación se estaría librando verdaderamente y donde se evidencia que las herramientas jurídicas no están aún del todo al servicio de la comunidad.

Como lo demuestran varios reportajes, a menudo las mujeres que buscan realizarse un aborto en alguna de las tres situaciones reglamentadas por la Corte deben enfrentarse a muchas barreras, entre otras que los médicos se nieguen a practicar el aborto  incluso por objeción de conciencia – recurso que legalmente no puede ser utilizado en esta instancia (Castellanos, 2009). El que las mujeres tengan que recurrir a una demanda para hacer valer los derechos que les otorgó la corte muestra la debilidad instrumental de una sentencia que no ha logrado eliminar las trabas burocráticas y administrativas que imponen quienes buscan “hacerle el quite” al fallo. Según Roa, las mujeres a menudo logran tener el aval para realizarse el procedimiento, pero solo después de haber demandado a quienes en un principio se los habían negado. De esta manera, recurren a instancias jurídicas para hacerse valer derechos que debieron habérseles reconocido desde el comienzo.

El discurso reformista debe ser más que un discurso para esconder, bajo el manto de reconocimiento de los derechos, la permisividad de prácticas que no respetan el derecho. Para Holguín, es importante entender que lo que ha venido sucediendo es que “el válido ejercicio de un derecho como el de objetar lleve a que, en la práctica, resulte imposible ejercer otros”. Resolver contradicciones y vacíos como éste es una de las tareas más urgentes del  derecho si lo que busca es ser una herramienta coherente de transformación.

Además de las dificultades logísticas y prácticas que continúan teniendo las mujeres para realizarse un aborto seguro, esta sentencia sirve como ejemplo entre la pugna actual entre los usos del derecho. Hay quienes celebraron el cambio por el solo hecho de ser cambio, sin conocer la legislación anterior ni preguntarse por los mecanismos puntuales para llevarlo a cabo. Por controversial que suene, hay situaciones en que el conservar el marco jurídico existente es positivo; de no haber sido así, la celebración de hace apenas unos días porque se rechazó la propuesta por cambiar la constitución para permitir una tercera reelección, no tendría ningún sentido.

A diferencia de algunos, no considero que el uso actual del derecho como algo que conserve la estructura de fondo bajo un manto discursivo de cambio, sea en sí algo lamentable, ni tampoco admirable; no creo que esa caracterización tenga un juicio de valor implícito que haga que el conservar es necesariamente menos bueno que transformar. Si el rol o función del derecho es ser transformador, se ha quedado corto en acto e implicaciones tangibles. Ahora bien, si se le asignara otro rol a ese derecho, el fracaso no sería tal. Ya desde hace algún tiempo, un informe de la UNAL había advertido que uno de los retos de la sentencia era “eliminar las barreras administrativas, médicas y culturales para el acceso de las mujeres a abortos seguros.” (Cardozo et al, 2007, p. 92). Para considerarse como una herramienta exitosa, una opción sería reevaluar lo que el campo jurídico considera como la meta prioritaria y por qué es así.

Bibliografía

Castellanos, Ángela. “Objeción de conciencia no aplica para negar abortos legales”. En: América Latina en movimiento. http://alainet.org/active/30478&lang=es

Cardozo, Mrad, Maldonado et. al. “Implicaciones éticas, jurídicas y médicas de la Sentencia C-355 de 2006”. Tomado de: http://www.unal.edu.co/bioetica/documentos/conveniodoc/parte%20interna%20cartilla.pdf

Holguín, Magdalena. “ El aborto y la objeción de conciencia”. Tomado de: http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/aborto-objecion-conciencia/111832.aspx

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