• Casillas del Monopolio

  • Juagadas anteriores

  • Escribe tu dirección de correo electrónico para suscribirte a este blog, y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo.

    Únete a otros 2 seguidores

  • Los jugadores

  • Anuncios

Un campo social permeable

La condición de discriminación sufrida por las mujeres es categoría  si se hace una revisión histórica de su condición social, cultural y política, y donde esta ultima forma de discriminación es la que se hace más evidente en nuestros días. En Colombia se ha tomado una medida política y jurídica conocida como la ley de cuotas que prescribe que deber haber al menos una mujer en las ternas propuestas por los funcionarios públicos para altos cargos públicos[1]. Este tipo de medidas son conocidas como acciones afirmativas por medio de las cuales se ha querido subsanar el rezago histórico de las mujeres en la política producto de la discriminación sexual de la que han sido víctimas. Sin embargo y a pesar de la especificidad y el cumplimiento de la ley, esta ha tenido una incidencia teleológica mínima pues en realidad estas mujeres no son tenidas en cuenta seriamente por quienes deben escoger entre ellas y los otros dos candidatos, o bien son destinadas a cargos públicos de poca injerencia en la vida pública. Esto se debe claro a que sigue habiendo una discriminación de naturaleza cultural hacia las  mujeres que el ámbito jurídico se ha visto incapaz de penetrar. Lo anterior apuntaría a que el derecho no puede simplemente y por si solo modificar la realidad social, sin embargo de esto no se sigue que el derecho no pueda manipular la realidad social. Afirmar que la intrascendencia de dicha ley se debe a una incapacidad inherente del derecho no estaría correcto, pues en realidad esta puede deberse a un falencia particular de la ley, a la previa consideración superficial del contexto donde esta fue introducida  y a la falta de políticas subsidiarias de la ley; como lo sería una agenda educativa y publicitara referente a la igualdad de las mujeres. A estos argumentos se suma el hecho de que la ley está siendo cumplida y por lo tanto no haya una forma jurídica inmediata para exigir el derecho que se quiere proteger; a la no discriminación.

Pero indagando un poco más a fondo, tenemos que dicha ley tiene un fundamento en el derecho a la igualdad consagrado en la constitución, es decir, en la constitución. Una constitución que reivindica la diversidad y e l pluralismo nacional y que pretende una sociedad más justa[2]. Una constitución que permitió que a la mujer se le diera el derecho a abortar en determinadas circunstancias, y lo permitió estratégicamente; mediante el reforzamiento de los derechos fundamentales, (como el derecho a la igualdad y la dignidad) y mediante la creación de una corte constitucional que garantizara y promocionara el goce efectivo de esos derechos, así como mediante la creación de mecanismos de protección de derechos como la acción de tutela. Una constitución aspiracional[3]. Una constitución que ha permitido que esos grupos rezagados luchen por sus derechos en una forma jurídica, y lo hagan con resultados, que si bien no son óptimos son resultados que no se hubieran sido posibles dentro de un marco normativo diferente a la Constitución de Colombia de 1991. Y es que lo cierto es que los logros alcanzados por estos grupos marginados (mujeres, indígenas, comunidad LGBT) se han dado en el ámbito de lo jurídico precisamente porque su manifestación política ha sido siempre insignificante, ¿o es que alguna vez ha existido un partido LGBT o “de las mujeres” con injerencia en la agenda publica de los colombianos?. Es cierto que hay trabas culturales y sociales a la exigencia de estos derechos ratificados por la corte, como lo es en el caso del aborto, es cierto que en muchos casos las mujeres que quieren abortar logran acceder a estos servicios médicos luego de haber interpuesto demandas o acciones de tutela, pero también es cierto que hay quienes lo han logrado y más importante, quienes lo han hecho, para el caso de acceder a un aborto digno y en condiciones aceptables de salubridad, lo han hecho por vías judiciales, no políticas. Y es que precisamente porque estos grupos han estado históricamente rezagados en el campo político, es en el campo jurídico donde encuentran un campo de batalla que si al menos no les es favorable, por lo menos no les es desfavorable. Es en cabeza de los derechos consagrados por la constituciones que múltiples movimientos sociales han iniciado su lucha política[4] y es aquí cuando el derecho ha penetrado la realidad social, sin negar que este también se ve afectado por la misma.


[1] Ley de cuotas, Republica de Colombia, Ley 581 de 2000

[2] Rodrigo Uprimmy, foro: expresa.la

[3] Garcia Villegas, Mauricio. 2006. “El derecho como espereanza: Constitucionalismo y Cambio Social en America Latina, con algunas ilustraciones a partir de Colombia”,

[4] Garcia Villegas, Mauricio. 2006. “El derecho como espereanza: Constitucionalismo y Cambio Social en America Latina, con algunas ilustraciones a partir de colombia”,

________
Bibliografia:

  • Garcia Villegas, Mauricio. 2006. “El derecho como espereanza: Constitucionalismo y Cambio Social en America Latina, con algunas ilustraciones a partir de colombia”, en Uprimmy R, C. Rodríguez Garavitoy M. García Villegas, ¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en colombia. Bogotá, Norma, pp. 201-234.
  • Comunicado de la Ruta Pacífica de las Mujeres.
  • foro Expressa.la, intervencion de Rodrgio Uprimmy
Anuncios

Un campo social impermeable

El que una mujer pueda abortar de forma legal y protegida por una Sentencia de la Corte Constitucional es una situación que pocos se hubieran imaginado hace apenas unas décadas. El fallo de la Corte así lo contempla, pero la pregunta es si realmente las mujeres pueden hacerlo.  Como lo explicó Paola Bergallo en el foro organizado por expresa.la, la liberalización del aborto en Latinoamérica tiene como denominador común un componente regulatorio y un encuadre argumental. Los diferentes modelos regulatorios se clasifican bajo tres grandes categorías: están los que no lo aprueban en ninguna instancia (Chile, Nicaragua), los que liberalizan por indicaciones (Colombia, Argentina, Perú) y aquellos países que lo legalizaron por plazos (Puerto Rico, Cuba,).

De acuerdo con esta escala comparativa, el desarrollo legislativo colombiano es moderado: se puede practicar el aborto sin que sea delito en tres casos específicos. Para algunos, la sentencia C-355 de 2006 es un ejemplo del espíritu progresista de la Corte. Según estos,  las grandes batallas encaminadas hacia transformaciones progresistas e incluyentes se originan en los estrados judiciales.

Ahora bien, si esas determinaciones en el estrado no conllevan a ningún cambio por fuera de él, la determinación se queda en mera abstracción y en últimas, falla como tal. Es en las acciones cotidianas de los ciudadanos que esa transformación se estaría librando verdaderamente y donde se evidencia que las herramientas jurídicas no están aún del todo al servicio de la comunidad.

Como lo demuestran varios reportajes, a menudo las mujeres que buscan realizarse un aborto en alguna de las tres situaciones reglamentadas por la Corte deben enfrentarse a muchas barreras, entre otras que los médicos se nieguen a practicar el aborto  incluso por objeción de conciencia – recurso que legalmente no puede ser utilizado en esta instancia (Castellanos, 2009). El que las mujeres tengan que recurrir a una demanda para hacer valer los derechos que les otorgó la corte muestra la debilidad instrumental de una sentencia que no ha logrado eliminar las trabas burocráticas y administrativas que imponen quienes buscan “hacerle el quite” al fallo. Según Roa, las mujeres a menudo logran tener el aval para realizarse el procedimiento, pero solo después de haber demandado a quienes en un principio se los habían negado. De esta manera, recurren a instancias jurídicas para hacerse valer derechos que debieron habérseles reconocido desde el comienzo.

El discurso reformista debe ser más que un discurso para esconder, bajo el manto de reconocimiento de los derechos, la permisividad de prácticas que no respetan el derecho. Para Holguín, es importante entender que lo que ha venido sucediendo es que “el válido ejercicio de un derecho como el de objetar lleve a que, en la práctica, resulte imposible ejercer otros”. Resolver contradicciones y vacíos como éste es una de las tareas más urgentes del  derecho si lo que busca es ser una herramienta coherente de transformación.

Además de las dificultades logísticas y prácticas que continúan teniendo las mujeres para realizarse un aborto seguro, esta sentencia sirve como ejemplo entre la pugna actual entre los usos del derecho. Hay quienes celebraron el cambio por el solo hecho de ser cambio, sin conocer la legislación anterior ni preguntarse por los mecanismos puntuales para llevarlo a cabo. Por controversial que suene, hay situaciones en que el conservar el marco jurídico existente es positivo; de no haber sido así, la celebración de hace apenas unos días porque se rechazó la propuesta por cambiar la constitución para permitir una tercera reelección, no tendría ningún sentido.

A diferencia de algunos, no considero que el uso actual del derecho como algo que conserve la estructura de fondo bajo un manto discursivo de cambio, sea en sí algo lamentable, ni tampoco admirable; no creo que esa caracterización tenga un juicio de valor implícito que haga que el conservar es necesariamente menos bueno que transformar. Si el rol o función del derecho es ser transformador, se ha quedado corto en acto e implicaciones tangibles. Ahora bien, si se le asignara otro rol a ese derecho, el fracaso no sería tal. Ya desde hace algún tiempo, un informe de la UNAL había advertido que uno de los retos de la sentencia era “eliminar las barreras administrativas, médicas y culturales para el acceso de las mujeres a abortos seguros.” (Cardozo et al, 2007, p. 92). Para considerarse como una herramienta exitosa, una opción sería reevaluar lo que el campo jurídico considera como la meta prioritaria y por qué es así.

Bibliografía

Castellanos, Ángela. “Objeción de conciencia no aplica para negar abortos legales”. En: América Latina en movimiento. http://alainet.org/active/30478&lang=es

Cardozo, Mrad, Maldonado et. al. “Implicaciones éticas, jurídicas y médicas de la Sentencia C-355 de 2006”. Tomado de: http://www.unal.edu.co/bioetica/documentos/conveniodoc/parte%20interna%20cartilla.pdf

Holguín, Magdalena. “ El aborto y la objeción de conciencia”. Tomado de: http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/aborto-objecion-conciencia/111832.aspx