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Indígenas siguen perdiendo

En los últimos meses se ha visto un nuevo protagonismo de los pueblos indígenas en México gracias al trabajo de diferentes ONGs y otros organismos internacionales. A pesar de diferentes intentos gubernamentales por proteger está debilitada población, los indígenas mexicanos siguen al margen de derechos y beneficios reales. Actualmente, México está viviendo un proceso de reforma que genera trasparencia y cambio institucional, explica Luciana Gross (Fundación Getulio Vargas) en el foro de expresa.la. Así mismo, históricamente existen diferentes leyes federales y estatales e instrumentos internacionales para los pueblos indígenas en México. Aún así, las reformas y leyes son simples cortinas de humo que revelan como el derecho actual mexicano es un simple instrumento para conservar un sistema desigual, injusto y de papel.

 

 Todos los derechos, sentencias y leyes de los Estados Unidos Mexicanos son elementos teóricos y simbólicos, resultados de la tendencia latinoamericana de crear una constitución básicamente aspiracional. La consecuencia directa de esta tendencia es la gran ineficacia instrumental que se refleja en la realidad de la región. En términos generales la Constitución mexicana les concede unos derechos básicos como a todos los ciudadanos y les concede algunos extras por su condición desfavorecida (autodeterminación, gobierno propio, explicado en el foro expres.la)

Sin embargo, el problema surge cuando el derecho se limita a conceder derechos y no a generarlos. Por ejemplo, el derecho relacionado con capacidad y protección económica de bienes y servicios de estos pueblos, subraya la ineficiencia empírica de la teoría, doctrina y jurisprudencia actual. Los art. 27, 106, 107 y 164 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, protegen la propiedad privada y la capacidad agrícola de los pueblos indígenas; sin embargo, de qué le sirve a un indígena este derecho si no tiene la tierra y las herramientas necesarias para producir. Es muy fácil conceder derechos pero la práctica empírica e instrumental es el problema real. Así mismo, los derechos de la Ley de Desarrollo rural sostenible y de la Ley Orgánica de financiación rural indígena, son solo papel: los Bancos no están expidiendo préstamos y los proyectos agrícolas e industriales para poblaciones indígenas son mínimos. La pobreza y la exclusión que esta ineficacia genera se ven claramente en cifras. El periodista Nurit Martínez explica que 12 millones de indígenas están sufriendo actualmente de desnutrición y pobreza extrema. En cambio se está favoreciendo a grandes proyectos agroindustriales como la industrialización de la sábila, la planta homogeneizadora de mezcal, entre otras, que favorecen a grandes empresarios. Esto demuestra la veracidad de la teoría marxista, que explica que toda la superestructura (leyes, ideologías, relaciones de producción, etc.) van a favorecer a los dueños de los capitales para conservar el sistema.

 De igual importancia, la Constitución les concede derechos a la educación y salud, pero la realidad es otra completamente diferente. A pesar de disposiciones de la Constitución como el art. 13 de la Ley General de Educación, las normas conceden pero no aseguran educación. Se puede argumentar que por algo se empieza, pero esta ley lleva en funcionamiento desde 1993 y el desarrollo educativo de las poblaciones indígenas sigue siendo imperceptible. Y la simple publicación de una Ley en el Diario Oficial no es la única herramienta del derecho para generar cambio. Toda la región de Latinoamérica se está acostumbrando a que la publicación de una sentencia o ley es suficiente, pero esta mediocre aceptación es solo una forma de conservar un sistema injusto e ineficaz que se ve fortalecido por un derecho simbólico y una constitución aspiracional.

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 El derecho no solo no está generando las garantías suficientes para que los derechos a las poblaciones indígenas se cumplan realmente, sino que también es paródicamente un arma para restringirlos. El 26 de marzo de 2006 en un mercado local unos vendedores reaccionaron violentamente, y según Amnistía Internacional, como represalia las autoridades encarcelaron a tres mujeres indígenas de las cuales dos siguen detenidas sin pruebas contundentes.

En definitiva, el derecho actual en México está marginando y afectando de manera brutal una población muy importante para todo el continente. Expedir leyes simbólicas no es suficiente para mejorar la grave situación de los pueblos indígenas, el derecho está conservando y fortaleciendo el status quo a pesar de la publicación y creación de las leyes. En vez de gastar millones de pesos mexicanos en proyectos meramente industriales el Estado deberían generar recursos para alimentación y educación a 20 mil comunidades indígenas que están marginadas en México.

Bibliografía:

– Martínez, Nurit. Grupos autóctonos en riesgo. El universal. Publicado el 01 feb. 2010

 – Arreola, Juan José. Amnistía Internacional exige liberar a indígenas. El Universal. Publicado el 21 feb. 2010

 – Marx, Karl y F. Engels. “El manifiesto comunista” México: Edivision Compañía Editorial, 2003.

– Kalmanovits, Salomón. “Las instituciones y el desarrollo económico en Colombia”, Bogotá: Grupo Editorial Norma,2001.

– Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. TEXTO VIGENTE (Última reforma publicada DOF 24-08-2009)

 – Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993

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Del uribismo y el desempleo

Simón Ganitsky White

“El referendo ha muerto”. Tal fue el apotegma con que la prensa nacional nos dio los buenos días el pasado sábado 27 de febrero, un día después de que Mauricio González leyera el comunicado en que la Corte Constitucional le informaba a la nación sobre la inexequibilidad del referendo reeleccionista. La euforia fue generalizada, pues no sólo hubo aplausos en la rueda de prensa tras el fallo de los magistrados, y no sólo salieron mujeres y hombres de bien a echar harina a las calles, sino que editorialistas, columnistas, reporteros, prelados y profesores coincidieron en sus diversos artículos y declaraciones en que lo que había que hacer era celebrar la buena nueva. Incluso nuestro ilustre y muy reconocido artista Juanes debió participar de la alegría colectiva, pues en 2008 dijo que “un tercer mandato puede ser negativo y peligroso para el presidente Uribe y el país”. Y la felicidad no era para menos, pues el fallo de la honorable Corte Constitucional deja pensar que todavía hay República de Colombia.

Sin embargo, tal regocijo generalizado, por justo y justificable que sea, deja un problema de suma importancia sin atender. Las afrentas del uribismo a la democracia colombiana van más allá de la reelección, por lo que el panorama político no deja de ser sombrío aun con la cabeza del referendo reeleccionista rodando frente a nuestros pies.

Ejemplos del carácter antidemocrático del uribismo sobran. Vale la pena recordar, primero, los diversos intentos fallidos y el último a medias logrado de penalizar el porte y el consumo de la dosis personal de la droga. Andrés Felipe Arias, sobre quien Carolina Sanín se preguntara hace unos días “¿cómo no va a tener complejo de castración aquel a quien todo un país llama “Uribito” por el diminutivo del nombre de su patrón?”, aseveró el año pasado que “lo que está buscando el Gobierno [al penalizar la dosis personal de la droga] es, precisamente, ejercer una protección coactiva para proteger a la sociedad y al consumidor mismo de los efectos de la droga”. No se necesita un doctorado en filosofía política para saber que “protección coactiva” suena más a falange que a parlamento.

Segundo, no está de más traer a colación la forma en que nuestro futuro ex presidente y sus consortes se han referido a sus opositores políticos a lo largo de estos ocho eternos años de Uribiato. Ya hace un tiempo acusó nuestro primer mandatario a Gustavo Petro de ser un “terrorista vestido de civil”. A la asociación Colombianos y colombianas por la paz, la calificó de “bloque intelectual de las Farc”. A José Miguel Vivanco, Director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, lo definió como un cómplice y defensor de la guerrilla. Y no está de más recordar la ocasión en que Juan Manuel Santos, actual adalid del uribismo, acusó al candidato liberal a la presidencia, Rafael Pardo, de conspirar con la guerrilla en contra del gobierno de Uribe. El uribismo no parece compartir la importancia democrática que muchos filósofos políticos le han adjudicado a la protección y el respeto de las opiniones minoritarias. Ahora, para no quedarnos con sólo un lado del asunto, habría que ver hasta qué punto es justificable el miedo que Uribe y su cohorte sienten al oír hablar de intelectuales, o, aún peor, al enterarse de que un grupo de intelectuales está fraguando argumentos racionales en su contra. Se oyen rumores en el sentido de que, al oír la palabra inteligencia, ciertos funcionarios uribistas no pueden sino sacar sus fierros.

Esta lista (si es que a la enumeración de dos aspectos puede decírsele lista) podría llenar bibliotecas, superando incluso los varios tomos del pensamiento uribista que José Obdulio Gaviria dice estar editando. La forma en que el gobierno lidió con el escándalo de los mal llamados falsos positivos y la manera en que hundió la ley de víctimas en el congreso, permiten constatar que el concepto que encierra la enana política de la seguridad democrática constituye una contradictio in adjecto. Esto por la forma en que el uribismo entiende la seguridad, claro está. Las constantes afrentas del Presidente a los Magistrados de las altas cortes, en las que, palabras más, insultos menos, les reclama por contradecir los sagrados mandatos de la opinión pública mayoritaria, o simplemente por mandar a los familiares de Uribe a la Picota, no son precisamente un probo ejemplo del respeto a la división de poderes. En fin, lo cierto es que el carácter antidemócratico del gobierno Uribe va, por decir lo menos, un poco más allá de la intentona por lograr la reelección.

Me daré el lujo de cerrar este artículo con una suerte de silogismo práctico, que pido no sea tomado muy en serio ni por lógicos ni por políticos. El uribismo ha dejado a Colombia, tras ocho años de reinado, con el mayor índice de desempleo de Latinoamérica. Esto quiere decir que conseguir y conservar un empleo es una tarea difícil. Para lo segundo, se puede decir que un empleado promedio debe, por ejemplo, cumplir diligentemente con los plazos de las tareas que el puesto de trabajo exige. Ésta sería nuestra primera premisa, a saber: “Sólo conservan su empleo quienes cumplen con los plazos que su trabajo exige”. Tomemos ahora por caso a un colombiano actualmente empleado, por ejemplo Álvaro Uribe Vélez. En su primera campaña a la Presidencia de la Républica, el presidente Uribe prometió que la política de la seguridad democrática acabaría con las Farc en dos años o menos. Pero no tomemos estos dos años como el plazo que nuestro empleado Álvaro Uribe debió haber cumplido, sino los cuatro años que el mandato presidencial en ese entonces duraba o, si se quiere, y para no ser demasiado estrictos, los ocho años que la Constitución ahora permite. Un atento observador de los hechos señalaría sin problemas que Uribe Vélez no cumplió con el plazo (en realidad, con ninguno de estos plazos). Así que ya tenemos nuestra segunda premisa: “Álvaro Uribe Vélez no cumplió con el plazo asignado a la tarea que su empleo exigía”. La conclusión es clara: “Álvaro Uribe Vélez no conserva su empleo”. La Corte Constitucional ya se cercioró de que esto se cumpla.

Pero no basta con constatar que Uribe no debe seguir en la presidencia. Cuando alguien es contratado para ocupar un determinado puesto de trabajo, es claro que debe tener una cierta manera de hacer las cosas o, para continuar con la lógica del anterior argumento, una determinada manera de actuar con la que el empleado intenta cumplir los plazos que su trabajo le asigna a las tareas. Cuando no logra cumplir con los plazos que le asignan, se debe, en parte, a esta forma en que decide actuar. Así, volviendo a nuestro ejemplo de turno, Álvaro Uribe presentó la política de la seguridad democrática como su manera de hacer las cosas. También podríamos referirnos a la forma en que Uribe se dio a cumplir las tareas propias y ajenas del solio de Bolívar como “uribismo”. Según se dijo, el uribismo y la seguridad democrática fallaron a la hora de cumplir con los plazos que su trabajo le asignaba a las tareas que debían realizar, por ejemplo, vencer a la guerrilla.  Siguiendo la estructura del anterior argumento podríamos llegar a la siguiente conclusión, que creo debe convertirse en el imperativo categórico de los demócratas en Colombia durante esta nueva época electoral: “No sólo Uribe, sino el uribismo y la seguridad democrática, no conservan su empleo”. Así que no todo está bien tras la caída del referendo, pues, en nombre de la democracia, las urnas todavía deben vencer al uribismo y a quienes se presentan (y son) más uribistas que Uribe.