¡El tablero venía dañado desde hace rato!

La debilidad de las instituciones políticas como catalizador de un proceso dado a establecer regímenes autoritarios en Latinoamerica

Las Características del campo jurídico Latinoamericano, se han manifestado en Colombia y han permitido que se llegue a la situación del referendo para una segunda reelección consecutiva, sin embargo, durante el proceso, o más bien, EN el proceso, estas características no se han manifestado de forma concreta sino como condiciones del proceso y posibles consecuencias de la realización favorable de éste.

La teoría económica ha identificado, entre otros, dos tipos de estados en función de cómo su organización afecta el desarrollo del país, a saber, los estados predatorios y los estados desarrollistas. Estos dos tipos de estado no son antagónicos sino que se ubican en diferentes partes de un espectro que comprende la búsqueda de rentas propias, por un lado,  y el fomento económico alejado, más no inmune, de la búsqueda de rentas propias, donde las políticas públicas tienen su fundamentación en un desarrollo económico más  generalizado que fraccionado, por el otro. [1] sin embargo, enmarcar a la generalidad de países latinoamericanos en uno de estos dos modelos resulta problemático, pero esto no nos impide ubicarlos dentro del espectro y es que como Evans (2007) lo dice respecto de Brasil, nosotros podemos afirmarlo respecto de varios países Latinoamericanos. Esto es, que estos países se encuentran en un término medio, (mas hacían un lado que hacia el otro o viceversa) entre tener Estados Predatorios o Desarrollistas; acá lo que sucede es que si bien se ha logrado un desarrollo económico coherente e incremental, los miembros del Estado siguen tras la búsqueda de rentas propias y además, (Evans, 2007) los presidentes cuentan con un elevadísimo poder de designación política.

Esta distinción introductoria, a pesar de tener un enfoque económico, no es ajeno a una dinámica política que a su vez tiene repercusiones en el campo jurídico de las naciones latinoamericanas, ¿Cómo? Bueno, lo cierto es que la corrupción se ve, y a causa de esto los congresistas y en general las instituciones pierden legitimidad ante el pueblo. Esta situación se da en países donde el presidente, además  de tener un alto poder de designación política tiene poderes de veto para con la rama legislativa e incluso tiene poderes legislativos; como en el caso de Colombia, bajo la figura de un Estado de emergencia Social consagrado, para bien o mal, en la Constitución. Esta relación de corrupción y poder presidencial, puede entenderse como catalizadora de un proceso de acumulación presidencial de poder, para casos en los que el presidente ha logrado responder ciertos problemas persistentes y además publicitar su imagen. De modo que tenemos una rama legislativa que carece de legitimidad en el imaginario nacional y un presidente con alta popularidad  y facultades legislativas, que aunque previstas para situaciones extraordinarias, son invocadas regularmente. Esto, a la luz de la perspectiva de Evans puede explicarse porque en Latinoamérica no solo hay problemas de pobreza e inseguridad; “la ingobernabilidad es una constante en los países latinoamericanos donde Las instituciones como el Congreso y los partidos políticos carecen de legitimidad frente a la sociedad como intermediarios de las demandas sociales”[2], no solo carecen de legitimidad sino que están preocupados por favorecer a ciertos sectores con los que se ha comprometido, a pesar de que el mandato del pueblo sea representativo. Mientras que el presidente, por la misma naturaleza de su figura se ve impulsado a la búsqueda del interés general aunque sus facultades designativas logran darle un poder enorme, ya no frente al pueblo como tal sino frente a su propio gobierno y frente al estado, ganando aliados en todos los frentes, aliados que se hicieron presentes, de forma directa o indirecta en el proceso de montaje del referendo reeleccionista.  Pues como se sabe muchas de las entidades que financiaron la recolección de firmas fueron contratistas del estado. Contrataciones que claro, no hacen los congresistas sino los miembros del gobierno. En muchos casos designados por el presidente.

Cara a cara

Presidente de la Corte Constitucional Mauricio González Cuervo – Tomado de: http://www.eltiempo.com

A pesar de que los miembros de la rama judicial no son elegidos de forma democrática, (situación duramente criticada por algunos) y si bien estos no están exentos de ser susceptibles a deudas con altos cargos respecto de quien los propuso, estos logran mantenerse al margen de la crisis política, institucional y de gobernabilidad y muchas veces, logran hacer lo que los congresistas no, y esto es responder de forma oportuna frente a problemas emergentes. Pero el valor originario de una rama judicial reside no en su faceta dinamizadora sino en su función reguladora. Pues la función natural de los jueces no es propositiva sino decisoria y precisamente por eso resulta paradójico  el desenlace del proceso de referendo del que la corte constitucional fue protagonista, y resulta paradójico en la medida de que la corte ya ha tenido un papel dinamizador y en cierto modo legislativo, sin tener que enfrentar mayores cuestionamientos por parte de la opinión pública[3], frente al hecho de que , ahora, cuando está cumpliendo la función para la cual fue creada dicha corte, sea cuando se esté cuestionando, no su fallo como tal sino su competencia.

Creo que el proceso del referendo estuvo marcado por las actuaciones de miembros del gobierno y cercanos al gobierno.

Aunque la ineficacia instrumental se ha manifestado de forma indirecta en este proceso pues como se ha dicho, pienso que en realidad hay un componente, no de autoritarismo sino mas bien genérico de este que es el que se debe resaltar en el proceso, en lo que se refiere a los campos jurídicos latinoamericanos, pues fue la debilidad institucional, no instantánea, sino histórica, la que permitió que se tuviera, en tal consideración apoteósica, a un jefe de estado con balances positivos de sus políticas, fue esa misma debilidad la que permitió que los colombianos, e incluso las autoridades y las mismas instituciones (procuraduría) fueran indiferentes a la violación de normas cuando éstas limitaban el ejercicio de un poder que estaba rindiendo sus frutos. Fue precisamente la ineficacia generalizada e histórica, presente en la generalidad de los campos jurídicos latinoamericanos, la que generó esa sensación de vulnerabilidad en la población; que a su vez estuvo dispuesta a sacrificar las normas por su seguridad o por los resultados. En este orden de ideas, no es que se haya manifestado la ineficacia como tal en el proceso de reelección, pues al fin y  al cabo fueron las normas que violaron las que hicieron que ésta cayera con contundencia, o tampoco el autoritarismo pues, aún con casos de corrupción de  enjuiciamiento social contra personas en contra del régimen de Uribe, no se puede decir que se haya tratado de un gobierno propiamente autoritario, ni mucho menos que el autoritarismo se haya manifestado en el proceso del referendo, sino que más bien fue esa ineficacia histórica la que generó un ambiente en el que podía eventualmente nacer un gobierno autoritario.

El anterior fue un seguimiento al caso colombiano analizado desde una perspectiva que encuadra a los países latinoamericanos y caracteriza en forma satisfactoria sus relaciones intra-gubernamentales. El proceso del referendo no es atípico en Latinoamérica y en realidad se enmarca en el patrón de reformas constitucionales para los referendos en donde estos se hacen para perpetuar al presidente de turno, Fujimori, Chávez, Morales y no nacen de un análisis abstracto y objetivo de las necesidades del país y sin una consideración concienzuda de las consecuencias que tendrá dicha reforma para el país, cuando este líder haya dejado su  silla. Pienso que el punto de comparación, por lo menos para el caso de Perú y Colombia, mas allá del carisma del líder que es una constante en los procesos de reelección, es la presencia y la correlación entre una debilidad institucional histórica, la sensación de vulnerabilidad de la población, (ya sea en materia de seguridad para Colombia y en Perú en materia económica o social) y una confianza ciega un líder que haya logrado plasmar algunas de sus políticas públicas y publicitarlas correctamente.

Bibliografía

Evans, Peter. Instituciones y desarrollo en la era de la globalización neoliberal. Colección  En Clave de Sur. 1ª Edición: ILSA. Bogotá, Colombia, abril de 2007 pp.35-61

García Villegas, Mauricio y Rodríguez Garavito, Cesar. “Derecho y Sociedad en América Latina”, En García Villegas, M y C Rodríguez Garavito. Derecho y Sociedad en América Latina., Bogotá ILSA. Universidad Nacional de Colombia. Pp 15-56

ORDÓÑEZ MALDONADO, ALEJANDRO (Procurador General de la Nación) Concepto del Procurador General de la Nación respecto de la ley 1354 de 2009. Bogotá, D.C. 12 de enero de 2010. Expediente No. CRF-0003  Concepto No. 4890

Rojas Aravena, Francisco. Democracia y gobernabilidad en América Latina. En PEPELES, # 86 de 2004


[1] Esto es, en términos generales, la distinción que Peter Evans hace de estos tipos de estados, donde una estado predatorio seria la Nueva Republica del Congo y  una estado Desarrollista seria el Japón.

[2] Tomado de; Rojas Aravena, Francisco. Democracia y gobernabilidad en América Latina. En PEPELES, # 86 de 2004

[3] Claro que los cuestionamientos a las sentencia de la corte son proporcionales la controversia de sus sentencias y de los temas tratados, sin embargo, como en el caso del aborto, lo que se cuestiona y se debate mas es la validez de los argumentos de la corte y no, el hecho de que se hayan extralimitado o no en sus facultades.

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