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Entrando en el gran Tablero Virtual

Sobre nuestra cyborg existencia y los retos de expresa.la

El miércoles pasado tuvimos la oportunidad de asistir a la emocionante inauguración del expresa.la, un espacio virtual dedicado a la conversación latinoamericana en torno a las nuevas ideas sobre el derecho.  expresa.la es una apuesta hermosa por conectar el pensamiento jurídico de eso que llamamos “Latinoamérica”, y sincronizarlo con la nueva inmediatez de los lenguajes virtuales, que favorecen la reflexión de ideas progresistas, de cambio y acción desde el escenario de lo jurídico. Detrás de cómo expresa.la se muestra, existe una imagen potente que desarrolla en concreto la necesidad por explotar nuestra cyborg vida; aquella que como en la mejor metáfora de Haraway nos recuerda que somos mitad humanos mitad monstruos cibernéticos[1], y llevamos una memoria portátil en la USB – sin que la metáfora biológica sea una casualidad-, construimos nuestra identidad mediante el traslapo de nuestros múltiples perfiles de las redes sociales, acompañamos a nuestros amigos y a nuestra familia por messenger y nos hemos acostumbrado a “sentir” ( ) en un nuevo lenguaje emocional artificial y ficticio: aquel que está metido en este cuadro en el que escribo, que me chupa la vida todos los días, pero que es también ahora casi una parte orgánica de mi misma. Es conectar la dimensión académica a esa realidad de sujetos escindidos en que nos hemos convertido (mitad “reales”, mitad “virtuales”), y vincular el debate legal al lenguaje y la realidad de este otro nuevo mundo.

expresa.la es parte de eso. La apuesta aquí es establecer redes de conocimiento amplias que superen las fronteras artificiales que nos han separado, y capitalice nuestra nueva vida cyborg en la reflexión en torno a lo que hacemos. expresa.la es un medio informal para que pensemos alto en nuestra voz virtual, y podamos potenciar las ventajas del nuevo mundo electrónico que nos conecta en un segundo a miles de kilómetros del espacio. Es consolidar la idea de que la distancia para el conocimiento no existe, e irnos acostumbrando a que cada vez (nosotros, y sólo nosotros) tenemos menos límites, menos fronteras y menos dificultades para pensarnos y construirnos. Ahora todo está aquí…google it!

Esa nueva ventana es un reto importante para todos. Ese mismo miércoles, mientras escuchaba a Oscar Vilhena hablar sobre la viabilidad del Estado de Derecho en contextos de pobreza, pensaba en el desafío epistemológico que incluye este tipo de proyectos. Pensaba en que una nueva red latinoamericana de pensamiento jurídico tiene que traducir esa necesidad de la inmediatez y la practicidad de la comunicación en un nuevo discurso jurídico, que se fugue de las tradicionales  discusiones etéreas en torno a “un derecho que no suena”, un derecho metafísico, una academia sorda. expresa.la es la representación de un derecho que es, de un derecho que sirve, de una comunidad jurídica con activistas que piensan en el derecho como instrumento de cambio, como posibilidad de desestabilizar y construir “en los márgenes”. En nosotros está el reto de que expresa.la no sea más de lo mismo con una nueva fachada.  Tenemos que construir un correlato de la virtualidad en la epistemología, que de cuenta de cómo estamos pensando lo que hacemos para un presente construido dentro de las coordenadas de lo inmediato y lo útil; eso es lo que realmente está pendiente por expresar.


[1] Dentro del Manifiesto para Cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX, los Cyborgs son para Haraway la metáfora teórica y política que ilustra su proyecto. Con la referencia a estos cuerpos cibernéticos, Haraway quiere representar el carácter intervenido de los sujetos posmodernos, entendidos como productos de la interacción de las tecnologías con las diluidas imágenes de los dualismos orgánicos y virtuales.

Lina F. Buchely

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Jugando bien, México


La región latinoamericana está viviendo un proceso de cambio en múltiples sectores, generando importantes tendencias  en los países de la región. Esta volatilidad ha modificado aspectos básicos de las sociedades y ha generado  grandes modificaciones institucionales.  Sin embargo, estos cambios muchas veces no son para derribar obstáculos sino para fortalecerlos, los campos jurídicos son un ejemplo perfecto de cómo a pesar de estar en un proceso de metamorfosis,  los cambios  en las reglas del juego no son idílicas y mucho menos son las esperadas por los jugadores. Mauricio  García y  Cesar Rodríguez en su libro “Derecho y sociedad en América Latina”, explican que existen estructuradas  características de los campos jurídicos en  la región, como la  pluralidad jurídica (coexistencia de múltiples campos jurídicos en un mismo espacio y tiempo), la  ineficiencia instrumental (brecha entre normas y práctica)  y  el autoritarismo (uso frecuente de la fuerza y de procedimientos autocráticos por parte de los creadores y  aplicadores del derecho), características que se han venido fortaleciendo por  las crisis actuales (económicas y sociales), el gran aislamiento disciplinario  y  énfasis de los  estudios latinoamericanos.[i]

 

 De igual importancia, estas características  de los campos jurídicos  se han visto acompañadas y fortalecidas  por una importante  volatilidad en cambios y reformas  constitucionales,  volatilidad  que se ha basado en dos modelos de diseño constitucional diferentes. Por consiguiente, es importante estudiar y analizar  estos modelos para poder  encontrar  soluciones a las reglas del juego  acordes  a  los problemas y características actuales de los campos jurídicos en el país y en la región latinoamericana.

Por un lado,  encontramos países como  Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá, con un modelo constitucional  basado en el autoritarismo,  el poder del presidente mediante un sistema electoral restrictivo  que disminuye el número de partidos capaces de oponerse  aumentando el  apoyo presidencial en el Congreso. Las reformas de los últimos años   han generado limitantes electorales, las cuales determinan  la necesidad de los partidos de obtener una mayoría relativa o una  mayoría relativa calificada  para elegir lideres y presidentes,  limitando en términos  generales, la oposición y generando  un enorme  apoyo del congreso al presidente de turno (solo tienen una cámara generalmente), sin embargo,  se limita al presidente con un estricto   formalismo legislativo el cual  le concede al presidente  solo un poder de veto sobre la legislación. [ii]

Por otro lado encontramos, países como  Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay (entre otros), con  un modelo igualmente basado en autoritarismo,  que sin embargo fortalece  el poder de los presidentes mediante más  poderes legislativos formales  que permiten efectivamente  a los presidentes incentivar  cambios legislativos.  Esta facultad legislativa limita enormemente los contrapesos del poder, además, estos cambios legislativos pueden ser  de toda índole  incluso sobre materias económicas o financieras. Existen diferentes mecanismos para cambios legislativos, desde proponer el referendo vinculante hasta la capacidad de emitir decretos con contenido legislativo. Estos países generalmente tienen unas reglas electorales permisivas, como la mayoría absoluta para la elección de presidentes o ciclos electorales.  Estas características son extensiones del autoritarismo de los campos jurídicos de Latinoamérica, y son muchas veces las causas  de los problemas  institucionales y prácticos de estos países,  entre los problemas más relevantes están, la falta de contrapesos de poderes, limitantes a la libertad de expresión, interpretación preferencial, exclusión política,  entre otros. De la misma manera, el enorme autoritarismo genera ineficiencia instrumental,  si el poder está concentrado ¿quién  va a obligar al gobierno a respetar las normas? [iii]

De hecho, Colombia, está viviendo un proceso  de cambio constitucional muy importante,  el cual revela los múltiples problemas del campo jurídico nacional y la enorme relación que tenemos  con el modelo constitucional  al que pertenecemos. Estos problemas son derivados típicos de este modelo constitucional  y el intento de reforma constitucional para la reelección de presidente Álvaro Uribe Vélez subraya  las debilidades institucionales del país.  A pesar del Concepto del Procurador General de la Nación respecto de la ley 1354 de 2009, Alejandro Ordoñez Maldonado, el proceso de referendo reeleccionista se desarrolló bajo fallas y problemas inadmisibles.[iv] Estas  fallas de trámite del referendo fueron enunciadas por el magistrado Humberto Sierra Porto y ejemplifican  las dificultades de los campos jurídicos del país y en general de  la  región. En primer lugar, vimos una enorme  ineficiencia instrumental: las normas determinan un topes máximos para la recolección de firmas y  unos limitantes  para los aportantes,  la necesidad de adjuntar la certificación del Registrador, respetar a la  bancada a la que se pertenece, la debida certificación del Consejo Nacional Electoral; en la realidad las normas no tuvieron ninguna relevancia.   Se superaron los topes y entre los aportantes a la financiación de la recolección de firmas hay personas naturales y jurídicas que son  contratistas o concesionarios o beneficiarios de subsidios del Estado Colombiano. No se adjuntó debidamente la certificación del registrador,  se convocó a la Plenaria de la Cámara de Representantes sin que antes se hubiera publicado el proyecto, la Plenaria aprobó el referendo en sesiones extraordinarias y se aceptaron 5 votos positivos de  congresistas de Cambio Radical.[v] De igual importancia, el autoritarismo se reflejó de manera tajante, la Ley 1354 de 2009  tiene como fundamento favorecer a una sola persona, y no el interés general,  se violaban las reglas básicas constitucionales sobre equilibrio de poderes y balance de pesos y contrapesos y   pesar de existir  unos limitantes para estos procesos,  el congreso  se sobrepasó de poderes cambiando el texto.  Por consiguiente, a pesar de la declaración del procurador, el referendo reeleccionista en un ejemplo perfecto de cómo  detrás de la retórica y la interpretación, se esconden en Colombia las características más básicas de los campos jurídicos latinoamericanos.

Sin embargo, no todas las reformas constitucionales  de las últimas décadas han estado  creadas alrededor de estas limitantes regionales. De hecho, a pesar de las dificultades administrativas,  desde el año 2000 México está recurriendo a cambios generales sin caer en el abismo del autoritarismo, ineficiencia instrumental y pluralismo jurídico.  Se desarrolla un nuevo régimen presidencial en  México el cual no es definido por  ninguno de los dos modelos anteriormente explicados. Busca extinguir las características de autoritarismo, ineficiencia instrumental y desbalance de poderes. En primer lugar,  limitan el  número de partidos que son capaces de competir y ganar elecciones (divide los votos nacionales en pocos partidos ayudando a la oposición), limita el  apoyo  del presidente en las dos cámaras del Congreso,  el presidente de México escoge el  gabinete  pero   no  influye de manera relevante en  la elaboración de leyes, el presidente es elegido por mayoría relativa para un periodo de seis años y no puede ser reelecto, la Cámara de Diputados se renueva por completo cada tres años y el Senado cada seis, De esta manera los poderes son temporales. [vi]

En detalle el  nuevo sistema de  diputados es un sistema “mixto-mayoritario”,  sobre el cual se limita la influencia del ejecutivo, el presidente sólo posee un poder de veto  legislativo y la Constitución Mexicana no  le otorga poder de agenda ni instrumentos para forzar a los legisladores a someter leyes  a votación,  de igual relevancia,  la  renovación de la Cámara de Diputados cada tres años,   limita eficazmente  el poder de la presidencia en la Cámara, y en consecuencia se debilita el autoritarismo y la ineficacia instrumental.

 

En conclusión, Colombia no solo debe analizar el proceso que acabamos de vivir, a pesar de ser inexequible en su totalidad la ley convocatoria del referendo, esta ley es solo un reflejo del modelo constitucional en el que vivimos y como nos estamos dejando enceguecer por un gobierno temporal. Nos estamos acostumbrando  a que lo normal sea el autoritarismo y la ineficiencia instrumental, características  de nuestro campo jurídico y en general de los campos en  Latinoamericanos. Sin embargo, México nos muestra cómo es posible salir del abismo. No es un proceso fácil pero las reformas constitucionales no deben fortalecer el modelo actual  que está fortaleciendo los problemas del campo sino  deben erradicar los problemas  de raíz.


[i] García Villegas, Mauricio y Rodríguez Garavito, Cesar. “Derecho y Sociedad en América Latina”, En García Villegas, M y C Rodríguez Garavito. Derecho y Sociedad en América Latina., Bogotá ILSA. Universidad Nacional de Colombia. Pp 15-56

[ii] L. NEGRETTO, GABRIEL. “La reforma constitucional en México” Apuntes para un debate futuro. En:http://www.reformapolitica.gob.mx/archivos2/LareformaconstitucionaenMexico.Apuentesparaundebatefuturo-GabrielL.Negretto.pdf consultado el 2010-02-27.

[iii] L. NEGRETTO, GABRIEL, Ibíd.

[iv] ORDÓÑEZ MALDONADO, ALEJANDRO (Procurador General de la Nación) Concepto del Procurador General de la Nación respecto de la ley 1354 de 2009. Bogotá, D.C. 12 de enero de 2010. Expediente No. CRF-0003  Concepto No. 4890

[v] GARCÉS LLOREDA, MARÍA TERESA. IMPUGNACIÓN POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 1354 del 8 de septiembre de 2009.  Bogotá, 20 de noviembre de 2009.

[vi] L. NEGRETTO, GABRIEL. “La reforma constitucional en México” Apuntes para un debate futuro. En:http://www.reformapolitica.gob.mx/archivos2/LareformaconstitucionaenMexico.Apuentesparaundebatefuturo-GabrielL.Negretto.pdf consultado el 2010-02-27.

Tres pares

Hay una regla en el monopolio que para muchos es injusta: quien lanza los dados y saca pares durante tres veces consecutivas se va para la cárcel hasta que saque pares de nuevo. El presidente Álvaro Uribe Vélez  intenta una tercera movida ¿lo dejamos a la suerte y que juegue o lo mandamos a la cárcel?

“La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado, que los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente.”

Es en realidad una frase poderosa,  y es parte del discurso de Simón Bolívar en Angostura. La podríamos tomar como un consejo a toda América latina para que no apoye la reelección, pero entes contextualicemos la frase: Bolívar recibió poderes dictatoriales desde 1826 hasta 1830. Ahora bien, creo que la pregunta radica en si Bolívar se contradecía al aceptar el cargo o no.

Quiero empezar por analizar dos elementos de la frase desde un punto de vista actual y colombiano. El primero es la “autoridad en un mismo individuo”, creo que tiene una connotación negativa, es como si se refiriera al autoritarismo. El segundo es el término “mandar” ¿de verdad creen que si Uribe fuera autoritario y nos estuviera mandando se hubiera molestado en preguntar? Lo que quiero decir es que Uribe estaba en la posición perfecta, como Castro de Cuba en su momento, para perpetuarse en el poder sin tener que preguntarle al pueblo si quería o no. A mi forma de ver, un referendo reeleccionista no es más que una prueba de la democracia madura que el presidente defiende y respeta.

Hablemos del autoritarismo. Desde el blog anterior Santiago Cardona lo define como el “uso frecuente de la fuerza y de procedimientos autocráticos por parte de los creadores y  aplicadores del derecho” ¿Uribe usa la fuerza para gobernar al país? Como dije arriba, un referendo no es un ejemplo de la fuerza. Además aunque declaró estado de emergencia para crear decretos con fuerza de ley que muchos interpretan como derecho, fue con el único fin de  proteger y salvaguardar al país y su derecho fundamental a la  salud y dignidad humana; y vale la pena recalcar que estos decretos tienen un control de constitucionalidad posterior que  establece su permanencia dentro del orden jurídico, asimismo los decretos pueden ser corregidos por el congreso. Aquí no hay una brecha que le pueda dar espacio al autoritarismo.

Por otro lado, el argumento de muchos es la separación de poderes. Se cree que si un presidente es reelegido por tercera vez la separación de poderes no será tan clara y las potestades del presidente serán más de las necesarias (cosa que claramente no ocurre en República Dominicana) pero ante esto el mismo procurador en su concepto 4890 decía que “las instituciones de vigilancia y control conservan la plenitud de sus atribuciones, el sistema de frenos y contrapesos continua operando, la independencia de los órganos constitucionales sigue siendo garantizada, no se atribuyen nuevos poderes al Ejecutivo, la reforma prevé reglas para disminuir la desigualdad en la contienda electoral que será administrada por órganos que continúan siendo autónomos, y los actos que se adopten siguen sometidos al control judicial para garantizar el respeto al Estado Social de Derecho.”

HA<b>VLADDO</b>RÍAS

Sin embargo, sí hay uno de los rasgos jurídicos que Mauricio García Villegas y César A. Rodríguez identifican en su texto Derecho y sociedad en América latina, y es la ineficacia instrumental. Ese rasgo es una especie de abismo entre las normas y práctica. Para hacerlo más sencillo lo explicaré de la siguiente manera: nuestra Carta política, tanto en el preámbulo como el artículo tres, es muy clara al identificar quién es el soberano y de donde emana el poder público. Pues bien, en el Estado social de derecho colombiano la soberanía le pertenece única y exclusivamente al pueblo, sobre él no hay ni asamblea ni institución política o estatal.  Pero parece que ese principio de soberanía fue olvidado por la Corte Constitucional al pasar por encima del pueblo colombiano y negarle su voluntad de elegir a Álvaro Uribe Vélez por tercera vez como presidente de la República. Es obvio que lo que dice nuestra Constitución, norma de normas, fue ignorado y olvidado a la hora de decidir el fallo respecto a la ley 1354 de 2009. Luego quiero hacer una aclaración respecto a un argumento que mencionaba Santiago Cardona en Jugando bien México, cuando decidimos que queremos el referendo de iniciativa popular no estamos protegiendo el interés de una sola persona sino de todos los colombianos porque son ellos quienes están interesados en que Uribe sea reelegido.

Sobre el punto anterior vale la pena aclarar, como afirma el procurador, que la ley de reelección busca modificar el artículo 197 de la Carta mas no sustituye la sustancia o el alma de la propia Constitución.

Lo que en este momento ocurre en el país es algo muy diferente a lo que pasó en República Dominicana. Muchos creen que la reelección es un virus que contagia a toda América latina, ¿pero qué pasa si ese virus no es malo? el hecho de que los venezolanos y los cubanos perdieran su  autoridad no quiere decir que a todos les pueda pasar lo mismo y el presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, es un ejemplo de eso.

Su primera presidencia fue en 1996-2000 pero en 1994  la reelección presidencial consecutiva fue sustituida por  la reelección alterna. Sin embargo, en el 2002 mediante un referéndum esta se invirtió y Fernández fue elegido para los periodos 2004-2008, 2008-2012.

En conclusión yo diría que Simón Bolívar no se contradecía al recibir los poderes dictatoriales que el pueblo le ofrecía porque gobernar no es sinónimo de autoritarismo ni de soberanía. Las reformas constitucionales, si vienen desde el pueblo y protegen la seguridad democrática como es el caso colombiano, se deben obedecer pues es la voluntad del primero al poder en el país. En este caso los dados ya fueron lanzados y quien tenía la decisión es sus manos, la Corte Constitucional, prefirió apegarse a las reglas del juego y por mucho respaldo que Álvaro tenga, enviarlo a la cárcel – como casilla desde la cual no podrá seguir jugando. Ni modo señor presidente, hay que jugar hasta sacar pares de nuevo, la soberanía del pueblo ya no parece ser de mucha influencia para este juego.

Bibliografía:

García Villegas, Mauricio y Rodríguez Garavito, Cesar. “Derecho y Sociedad en América Latina”, En García Villegas, M y C Rodríguez Garavito. Derecho y Sociedad en América Latina., Bogotá ILSA. Universidad Nacional de Colombia. Pp 15-56

ORDÓÑEZ MALDONADO, ALEJANDRO (Procurador General de la Nación) Concepto del Procurador General de la Nación respecto de la ley 1354 de 2009. Bogotá, D.C. 12 de enero de 2010. Expediente No. CRF-0003  Concepto No. 4890

BUSHNELL, DAVID. “Colombia Una nación a pesar de sí misma” Bogotá editorial Planeta 2007 pág. 107-115

BARRETO JOSE VICENTE 1996 “Constitución Política de Colombia de 1991” Ed. Legis 2010.

Uribe pierde el turno

En los últimos tres días el tablero de juego nacional se ha transformado considerablemente. Tras meses de esperar una resolución a la incertidumbre en la que se encontraban todas las fichas, por fin parece que sabemos en cuál casilla se encuentra cada quién y tenemos la certeza de que Álvaro Uribe no jugará en la próxima ronda presidencial.

En medio de las pasiones que ha despertado el reciente fallo de la Corte Constitucional sobre el proyecto de referendo reeleccionista, creo que vale la pena tratar de darle una mirada más pausada y analítica a lo que esto significa y representa para nuestro país. En Jugando bien México, Santiago declara que “el intento de reforma constitucional para la reelección de presidente Álvaro Uribe Vélez subraya  las debilidades institucionales del país”.  Estoy en completo desacuerdo con esa apreciación; si bien el intento de una reforma encaminada hacia la reelección podría subrayar una posible debilidad institucional, este intento se declaró inexequible y de esta manera subrayó el efectivo vigor de algunas instituciones colombianas.

En Tres pares Alejandra sí se plantea una pregunta fundamental sobre el origen de cómo hemos llegado a asociar tan vehementemente la reelección como algo negativo.  Una respuesta inicial a esta pregunta nos lanza al concepto mismo de democracia. La teoría liberal moderna asocia la democracia con la alternancia en el poder como condición necesaria para que estemos hablando de un sistema democrático. En contra de monarcas absolutos, propone la elección periódica de los gobernantes en marcos institucionales acompañados por la separación de poderes.

Tomado de: http://matadorcartoons.blogspot.com/

El voto es el instrumento político por excelencia de los ciudadanos para castigar o aprobar a sus gobernantes. Pero a través del voto, los ciudadanos también pueden manifestar sus preferencias políticas, como en los referendos y plebiscitos que contemplan la mayoría de constituciones democráticas. Si bien este es el argumento de Tres pares para apoyar el referendo como una iniciativa popular del constituyente primario, yo usaré el mismo punto de partida de la democracia como algo deseable, para llegar a la conclusión contraria, ya que el llamado “estado de opinión” no puede olvidarse que está intrínsecamente regido por el Estado de Derecho y el marco normativo que éste implica. En vista de que las masas también se equivocan, la soberanía popular no es lo único que alimenta la tradición democrática. En otras palabras, además de preferencias políticas la democracia, para mantenerse, requiere de instituciones que garanticen los derechos ciudadanos.

El proceso colombiano se enmarca en un momento regional que ha tendido hacia el reformismo constitucional enmarcado en contextos de democracia plebiscitaria que tienden a sacrificar las instituciones liberales a cambio de la participación directa de los ciudadanos en política. Visto de esta manera, el proyecto de referendo y los argumentos que se usaron para defenderlo se inscribían perfectamente dentro de los patrones de la región, pero como se menciona más arriba, lo que resulta significativo no es el intento, sino el desenlace que éste tuvo – radicalmente distinto a otros proyectos reeleccionistas.  Por esto, el fallo de la Corte es excepcional en todo el sentido de la palabra: rompe con la tradición de lo que ha sucedido en países vecinos y con las características que se han usado para entender el campo jurídico del que hace parte.

Los intentos por caracterizar el campo jurídico latinoamericano como una categoría que incluya los procesos y patrones de cambio de toda una región han generado respuestas diferentes. Por un lado, está la respuesta de García Villegas y Rodríguez quienes identificaron los tres rasgos comunes de los que hemos venido hablando: pluralidad de ordenamientos jurídicos, ineficacia instrumental y autoritarismo. Así, el derecho se convierte en una forma de comunicación que compensa y se sobrecarga por la ineficacia e ilegitimidad del sistema político. Uprimmy no comparte este último diagnóstico. Para él, el uso simbólico del derecho ha sido un recurso del Estado “esencial en Colombia, pero que ha tenido menos relevancia en otros países (…) en donde el caudillismo, la militarización y la movilización popular jugaron un rol articulador de las demandas sociales que limitó considerablemente el uso simbólico del derecho” (Uprimmy, 2003, p. 69).  De esta manera, la caracterización de García Villegas y  Rodríguez generaliza rasgos colombianos como si ellos fuesen aplicables a toda una región.

Contrario a lo que expresa Alejandra, creo que la soberanía popular como cimento único de un estado democrático olvida que históricamente los regímenes que han apelado a ese argumento han llevado a gobiernos de tipo autoritario: “pero parece que ese principio de soberanía fue olvidado por la Corte Constitucional al pasar por encima del pueblo colombiano y negarle su voluntad de elegir a Álvaro Uribe Vélez por tercera vez como presidente de la república”. La decisión de la corte frena tajantemente la evolución hacia ese estado de cosas autoritario hacia el cual ha tendido a moverse la región en situaciones anteriores.

El caso peruano sirve para ilustrar esta situación y para resaltar las diferencias entre ambos procesos.  Partiendo de puntos similares, el desenlace entre Perú y Colombia ha sido completamente disímil. La llegada de Fujimori al poder a inicios de la década de los noventa marcó el origen de una serie de cambios que poco a poco lo fueron consagrando en el poder. Su liderazgo carismático y el apoyo con el que logró contar pasaron por encima del marco constitucional produciendo cambios que desequilibraron la balanza de poderes a favor del ejecutivo.  Retrocediendo en institucionalidad, Fujimori se mantuvo en el poder con enormes porcentajes de apoyo popular. El autoritarismo de éste y la erosión de la democracia es el completo opuesto de lo que sucedió en Colombia este fin de semana. Por encima de la voz de las mayorías, se impuso el marco legal que debe regirlas y evitó que desembocáramos en una realidad similar a la que se vivió en Perú.

En el caso del referendo reeleccionista lo que se da es una doble excepción a la descripción del campo jurídico latinoamericano de García Villegas y Rodríguez. Por un lado, la decisión de la corte rompe con la tendencia, según Uprimmy principalmente colombiana, de un reformismo puramente simbólico encaminado a asumir las tareas del sistema político. Por otro lado, resalta la existencia del autoritarismo creciente en procesos de otros países de Latinoamérica que se vio frenado en Colombia por ser inexequible una tercera reelección.

¡El tablero venía dañado desde hace rato!

La debilidad de las instituciones políticas como catalizador de un proceso dado a establecer regímenes autoritarios en Latinoamerica

Las Características del campo jurídico Latinoamericano, se han manifestado en Colombia y han permitido que se llegue a la situación del referendo para una segunda reelección consecutiva, sin embargo, durante el proceso, o más bien, EN el proceso, estas características no se han manifestado de forma concreta sino como condiciones del proceso y posibles consecuencias de la realización favorable de éste.

La teoría económica ha identificado, entre otros, dos tipos de estados en función de cómo su organización afecta el desarrollo del país, a saber, los estados predatorios y los estados desarrollistas. Estos dos tipos de estado no son antagónicos sino que se ubican en diferentes partes de un espectro que comprende la búsqueda de rentas propias, por un lado,  y el fomento económico alejado, más no inmune, de la búsqueda de rentas propias, donde las políticas públicas tienen su fundamentación en un desarrollo económico más  generalizado que fraccionado, por el otro. [1] sin embargo, enmarcar a la generalidad de países latinoamericanos en uno de estos dos modelos resulta problemático, pero esto no nos impide ubicarlos dentro del espectro y es que como Evans (2007) lo dice respecto de Brasil, nosotros podemos afirmarlo respecto de varios países Latinoamericanos. Esto es, que estos países se encuentran en un término medio, (mas hacían un lado que hacia el otro o viceversa) entre tener Estados Predatorios o Desarrollistas; acá lo que sucede es que si bien se ha logrado un desarrollo económico coherente e incremental, los miembros del Estado siguen tras la búsqueda de rentas propias y además, (Evans, 2007) los presidentes cuentan con un elevadísimo poder de designación política.

Esta distinción introductoria, a pesar de tener un enfoque económico, no es ajeno a una dinámica política que a su vez tiene repercusiones en el campo jurídico de las naciones latinoamericanas, ¿Cómo? Bueno, lo cierto es que la corrupción se ve, y a causa de esto los congresistas y en general las instituciones pierden legitimidad ante el pueblo. Esta situación se da en países donde el presidente, además  de tener un alto poder de designación política tiene poderes de veto para con la rama legislativa e incluso tiene poderes legislativos; como en el caso de Colombia, bajo la figura de un Estado de emergencia Social consagrado, para bien o mal, en la Constitución. Esta relación de corrupción y poder presidencial, puede entenderse como catalizadora de un proceso de acumulación presidencial de poder, para casos en los que el presidente ha logrado responder ciertos problemas persistentes y además publicitar su imagen. De modo que tenemos una rama legislativa que carece de legitimidad en el imaginario nacional y un presidente con alta popularidad  y facultades legislativas, que aunque previstas para situaciones extraordinarias, son invocadas regularmente. Esto, a la luz de la perspectiva de Evans puede explicarse porque en Latinoamérica no solo hay problemas de pobreza e inseguridad; “la ingobernabilidad es una constante en los países latinoamericanos donde Las instituciones como el Congreso y los partidos políticos carecen de legitimidad frente a la sociedad como intermediarios de las demandas sociales”[2], no solo carecen de legitimidad sino que están preocupados por favorecer a ciertos sectores con los que se ha comprometido, a pesar de que el mandato del pueblo sea representativo. Mientras que el presidente, por la misma naturaleza de su figura se ve impulsado a la búsqueda del interés general aunque sus facultades designativas logran darle un poder enorme, ya no frente al pueblo como tal sino frente a su propio gobierno y frente al estado, ganando aliados en todos los frentes, aliados que se hicieron presentes, de forma directa o indirecta en el proceso de montaje del referendo reeleccionista.  Pues como se sabe muchas de las entidades que financiaron la recolección de firmas fueron contratistas del estado. Contrataciones que claro, no hacen los congresistas sino los miembros del gobierno. En muchos casos designados por el presidente.

Cara a cara

Presidente de la Corte Constitucional Mauricio González Cuervo – Tomado de: http://www.eltiempo.com

A pesar de que los miembros de la rama judicial no son elegidos de forma democrática, (situación duramente criticada por algunos) y si bien estos no están exentos de ser susceptibles a deudas con altos cargos respecto de quien los propuso, estos logran mantenerse al margen de la crisis política, institucional y de gobernabilidad y muchas veces, logran hacer lo que los congresistas no, y esto es responder de forma oportuna frente a problemas emergentes. Pero el valor originario de una rama judicial reside no en su faceta dinamizadora sino en su función reguladora. Pues la función natural de los jueces no es propositiva sino decisoria y precisamente por eso resulta paradójico  el desenlace del proceso de referendo del que la corte constitucional fue protagonista, y resulta paradójico en la medida de que la corte ya ha tenido un papel dinamizador y en cierto modo legislativo, sin tener que enfrentar mayores cuestionamientos por parte de la opinión pública[3], frente al hecho de que , ahora, cuando está cumpliendo la función para la cual fue creada dicha corte, sea cuando se esté cuestionando, no su fallo como tal sino su competencia.

Creo que el proceso del referendo estuvo marcado por las actuaciones de miembros del gobierno y cercanos al gobierno.

Aunque la ineficacia instrumental se ha manifestado de forma indirecta en este proceso pues como se ha dicho, pienso que en realidad hay un componente, no de autoritarismo sino mas bien genérico de este que es el que se debe resaltar en el proceso, en lo que se refiere a los campos jurídicos latinoamericanos, pues fue la debilidad institucional, no instantánea, sino histórica, la que permitió que se tuviera, en tal consideración apoteósica, a un jefe de estado con balances positivos de sus políticas, fue esa misma debilidad la que permitió que los colombianos, e incluso las autoridades y las mismas instituciones (procuraduría) fueran indiferentes a la violación de normas cuando éstas limitaban el ejercicio de un poder que estaba rindiendo sus frutos. Fue precisamente la ineficacia generalizada e histórica, presente en la generalidad de los campos jurídicos latinoamericanos, la que generó esa sensación de vulnerabilidad en la población; que a su vez estuvo dispuesta a sacrificar las normas por su seguridad o por los resultados. En este orden de ideas, no es que se haya manifestado la ineficacia como tal en el proceso de reelección, pues al fin y  al cabo fueron las normas que violaron las que hicieron que ésta cayera con contundencia, o tampoco el autoritarismo pues, aún con casos de corrupción de  enjuiciamiento social contra personas en contra del régimen de Uribe, no se puede decir que se haya tratado de un gobierno propiamente autoritario, ni mucho menos que el autoritarismo se haya manifestado en el proceso del referendo, sino que más bien fue esa ineficacia histórica la que generó un ambiente en el que podía eventualmente nacer un gobierno autoritario.

El anterior fue un seguimiento al caso colombiano analizado desde una perspectiva que encuadra a los países latinoamericanos y caracteriza en forma satisfactoria sus relaciones intra-gubernamentales. El proceso del referendo no es atípico en Latinoamérica y en realidad se enmarca en el patrón de reformas constitucionales para los referendos en donde estos se hacen para perpetuar al presidente de turno, Fujimori, Chávez, Morales y no nacen de un análisis abstracto y objetivo de las necesidades del país y sin una consideración concienzuda de las consecuencias que tendrá dicha reforma para el país, cuando este líder haya dejado su  silla. Pienso que el punto de comparación, por lo menos para el caso de Perú y Colombia, mas allá del carisma del líder que es una constante en los procesos de reelección, es la presencia y la correlación entre una debilidad institucional histórica, la sensación de vulnerabilidad de la población, (ya sea en materia de seguridad para Colombia y en Perú en materia económica o social) y una confianza ciega un líder que haya logrado plasmar algunas de sus políticas públicas y publicitarlas correctamente.

Bibliografía

Evans, Peter. Instituciones y desarrollo en la era de la globalización neoliberal. Colección  En Clave de Sur. 1ª Edición: ILSA. Bogotá, Colombia, abril de 2007 pp.35-61

García Villegas, Mauricio y Rodríguez Garavito, Cesar. “Derecho y Sociedad en América Latina”, En García Villegas, M y C Rodríguez Garavito. Derecho y Sociedad en América Latina., Bogotá ILSA. Universidad Nacional de Colombia. Pp 15-56

ORDÓÑEZ MALDONADO, ALEJANDRO (Procurador General de la Nación) Concepto del Procurador General de la Nación respecto de la ley 1354 de 2009. Bogotá, D.C. 12 de enero de 2010. Expediente No. CRF-0003  Concepto No. 4890

Rojas Aravena, Francisco. Democracia y gobernabilidad en América Latina. En PEPELES, # 86 de 2004


[1] Esto es, en términos generales, la distinción que Peter Evans hace de estos tipos de estados, donde una estado predatorio seria la Nueva Republica del Congo y  una estado Desarrollista seria el Japón.

[2] Tomado de; Rojas Aravena, Francisco. Democracia y gobernabilidad en América Latina. En PEPELES, # 86 de 2004

[3] Claro que los cuestionamientos a las sentencia de la corte son proporcionales la controversia de sus sentencias y de los temas tratados, sin embargo, como en el caso del aborto, lo que se cuestiona y se debate mas es la validez de los argumentos de la corte y no, el hecho de que se hayan extralimitado o no en sus facultades.