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Los jugadores invisibles

Si vamos a tratar un problema o una situación en la que los principales protagonistas son la Constitución de 1991 y los desplazados debemos partir del hecho de que los desplazados no eran un grupo constituyente, ni siquiera eran considerados como un grupo marginal como las mujeres o los indígenas: Esto se explica de manera satisfactoria si se entiende, según el texto citado sobre desplazamiento forzado, que solo hasta 1995 se reconoció al fenómeno del desplazamiento, y por lo tanto a los desplazados, como una situación que debiera ser incorporada a la agenda publica, a la discusión y a la arena política nacional. En otras palabras y en términos prácticos, para el momento en que se redactó la Constitución – no  para quienes la redactaron- no existían los desplazados. Cuando se hicieron las reglas de este juego, los desplazados no habían entrado en él como tales. Esto no significa que la Constitución no cubra eventualidades pues es en la consagración de los derechos fundamentales que la constitución encuentra la herramienta para combatir estas eventualidades sin modificarse.

El fenómeno del desplazamiento puede encontrarse caracterizado en una medida satisfactoria para el que esté leyendo esta entrada en el texto citado sobre el desplazamiento. Así pues, como a esta entrada le es imposible abarcar el fenómeno,  se limitará a señalar unas variables importantes de la relación entre el fenómeno mencionado y las actuaciones del Estado Colombiano.

En la columna “Reglas idílicas VS un juego real”, Santiago afirma que las reglas pueden limitar la conexión real de la Constitución y el progreso social basando su argumento en la coexistencia de normas que regulan la emergencia social con la persistencia prolongada de dicha emergencia social. Luego Alejandra, en su columna “No se puede ganar con un solo lanzamiento de dados”, acude a los esfuerzos de la corte para reivindicar el poder de la constitución. A fin de cuentas, fue ésta la que permitió que la Corte tomara cartas en el asunto y en una medida u otra se viera un progreso tangible en cuanto a la forma de abordar y tratar el problema de los desplazados. Por ultimo, tenemos la intervención de Camila quien en su columna “Nuevas casillas en el tablero”  nos recuerda que “la Constitución del 91 ha sido sumamente eficaz (en cierto sentido) porque se ha convertido en una fuente para la gente común sobre lo que se puede o no hacer y sobre lo que se puede o no exigir”. Y este ultimo punto es un punto de quiebre en la situación de los desplazados pues como fuente, la Constitución del 91 es la que ha permitido la intervención de la Corte Constitucional en la problemática nacional y ha permitido que ésta entre en relación Estado – desplazamiento como dinamizadora de un proceso estancado en fallas que considero técnicas y metodológicas

Pienso que algo crucial para el desarrollo de la discusión es que las actuaciones de la Corte tengan un papel protagónico en la misma. Lo que se debe rescatar es que la Corte ha intentado, de forma legítima, generar una coherencia interinstitucional a nivel público y privado en la nación para atender el problema de los desplazados. Ciertamente quien mire los autos de la sentencia contenidos en el texto sobre el desplazamiento es probable que entienda que estos esfuerzos están dando fruto y que si es que ya no se está logrando una cierta eficacia de constitución, por lo menos se está construyendo el marco en que la constitución podrá ser eficaz en materia de desplazados. Construcción cuyos componentes serian la generación de coherencia interinstitucional y la recaudación de fondos necesarios para ayudar a los desplazados. La razón para que el lector del texto tenga la sensación de que se está avanzando responde en gran medida al sistema de rendición de cuentas creado y administrado por la Corte Constitucional, para comprobar si efectivamente se está cumpliendo lo establecido en la sentencia t-025 de 2004 que precisamente demandaba, acudiendo a la figura del estado de cosas institucional, la coherencia institucional y la recaudación de fondos mencionadas, además del establecimiento de un método efectivo de conteo y determinación de la condición de la población desplazada.

Pero lo cierto es que el asunto ha sobrecogido a la Corte como institución pues ésta no cuenta con el personal ni los recursos suficientes para llevar de manera adecuada su sistema de rendición de cuentas. Como lo dijo el pasado lunes el presidente de la Corte Constitucional al periódico El Nuevo Siglo; el alto Tribunal no tiene suficiente personal para atender los informes que rinde el Gobierno en materia de desplazados.

Sin embargo, no puede negarse que se está mejorando pues aunque el sistema de rendición de cuentas no funcione de manera optima, hemos pasado de no reconocer el problema de los desplazados en la agenda publica a reconocerlo, de ahí a que el ejecutivo haya intentado desarrollar una política publica para que luego, tras la sentencia de la corte, el ejecutivo se vea obligado a que estas políticas funcionen, ese es el aporte de la sentencia, pues ahora el ejecutivo tiene una obligación judicial y no meramente social para con los desplazados que podría traerle sanciones mas allá de perder las próximas votaciones, pues como también lo dijo el presidente de la corte, Nilson Pinilla; “La Corte declaró un estado inconstitucional de cosas y tiene que cumplirse un proceso, de manera que en eso se seguirá haciendo un seguimiento pertinente hasta que el grado inconstitucional de cosas sea cero”. Cuando nos referimos a un constitucionalismo aspiracional,  no estamos hablando de superar el concepto contractual vinculado a la Constitución como figura política sino de “rebasar” dicho concepto, adelantarse a éste, o, en otras palabras ir mas allá del mismo. Es en esta medida que nos es insuficiente el constitucionalismo preservador pues acá no hay ningún status quo que mantener sino un estado inconstitucional de las cosas que superar.

Bibliografía:

Aponte, L.A (2010, 08 de febrero). Falta representación en comisión de reforma judicial: Nilson Pinilla. El Nuevo Siglo.

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Nuevas casillas en el tablero

En estos días de acalorados debates centrados en la Constitución y más específicamente sobre su posible modificación, parece no quedarnos mucho más que hacer sino esperar. Estamos a la espera de que la Corte determine si el referendo reeleccionista tiene vía libre para pasar por “Go” o si incurrió en vicios de distintas índoles que lo harían inconstitucional, dejando al proyecto estancado en la casilla del parqueadero.   Esto, en otras palabras quiere decir que estamos esperando a que un órgano tome una decisión que impactará enormemente el futuro del país, lo cual a su vez significa que confiamos en el criterio de la Corte y que una vez ésta toma una decisión, solemos reconsiderar nuestras ideas al respecto. Después de todo, si lo dijo la Corte, “algo de cierto tendrá”. A esta reconsideración de las ideas que cada uno llevamos adentro, es lo que en el mundo del derecho se conoce como eficacia simbólica. El que aún confiemos en el órgano dedicado a salvaguardar la Constitución, en la decisión que ésta tome, y que todavía entendamos por inconstitucional algo que no se puede hacer, dice mucho sobre la eficacia simbólica de ésta.

A menudo el análisis de normas y cuán eficaces han sido, hace referencia solamente a la eficacia material (lo que cambia la realidad tangible).  Propongo, a diferencia de Santiago y compartiendo un poco más con Alejandra, mirar la Constitución del 91, y su eficacia, desde la óptica de lo simbólico y no sólo de lo material.  Por lo tanto, se agregan casillas nuevas al tablero de juego. No hay solo una manera de jugar, sino varias que se sobreponen, y que creo firmemente, se pueden complementar. Hablar de eficacia simbólica no niega la existencia de eficacia material y viceversa.

Santiago habla de las debilidades fácticas de la Constitución y de su incapacidad de detener la violación de derechos de los desplazados. Alejandra aporta que la intención de la Corte con la sentencia T-025 del 2004 es novedosa porque implica seguimiento.  Si bien la intención de seguimiento y su posterior desenvolvimiento en numerosos autos y audiencias es un proceso sin precedentes, creo que la riqueza y el aporte de la sentencia van mucho más allá de eso porque ilustran otras maneras en que las sentencias, y la Constitución como tal, pueden ser eficaces.

Volviendo al caso de los desplazados, la sentencia de la Corte logró involucrar a diversos sectores de la población en una situación a la cual la opinión pública no le ponía mucha atención y a la cual se le hacía referencia en los medios como si los desplazados no fueran los protagonistas ni los titulares de derechos. Además de este proceso participativo, se ha logrado que los desplazados conozcan que tienen derechos. Como bien señala Alejandra, el que “la Carta  asegure el derecho a la educación no quiere decir que desde 1991, cuando se escribió la norma todos nos convertimos en “educados”. Completamente de acuerdo, pero lo que esa aseguración logra es hacernos saber que ese es un derecho del cual somos titulares y podemos exigir. Esta misma analogía aplica para el caso de los desplazados.

Tener en cuenta la eficacia simbólica a la hora de encasillar algo como eficaz o no eficaz, permite tener en cuenta variables que van más allá de lo tangible, pero que también son parte de una realidad y una forma particular de aproximarse a la sociedad en la que vivimos y los retos que enfrentamos como parte de ésta. Los cambios que pueden ser evaluados a partir de cifras, porcentajes y gráficas de la población que retorna y otras estadísticas, son una herramienta invaluable que puede enriquecerse aún más si tiene en cuenta otras formas de cambio que trascienden lo tangible.  En este segundo aspecto, creo que la Constitución del 91 ha sido sumamente eficaz porque se ha convertido en una fuente para la gente común sobre lo que se puede o no hacer y sobre lo que se puede o no exigir.

No se puede ganar con un solo lanzamiento de dados

Hay una clara influencia del derecho en la realidad o si gustan de la realidad en el derecho. El objetivo del derecho es la regulación del comportamiento del hombre para lograr una convivencia digna y segura. Éste parte de la realidad en busca de mejorar lo existente y no, como muchos piensan, al revés.  El punto es que hay una relación evidente entre ambos aspectos. Siguiendo este orden de ideas y contextualizándolo en un país latinoamericano como Colombia puedo afirmar que la constitución Política tiene como fin un cambio social. Por lo tanto, es aspiracional. El término cambio implica un “proceso”. Hay que ser demasiado optimista, por no decir ingenua, para creer que un cambio jurisdiccional implica automáticamente un cambio social, económico e ideológico de la población completa de un país, estamos hablando de más de cuarenta y cuatro millones de habitantes.

En la entrada anterior Santiago afirma que “la situación actual del desplazamiento demuestra la debilidad fáctica de la Constitución,  después de 17 años de haber sido implementada”. Si lo que la población pretende es que se apruebe una ley y acto seguido se redistribuyan los desplazados a sus tierras, no me siento culpable al afirmar que la utopía no la crea la ley como afirma García Villegas (García  2006) sino el hombre al pretender que las letras en un papel cambien la realidad de la crisis social por la que pasamos.

Ahora, muchos se preguntaran si se está llevando algún proceso  que justifique un cambio factible. Pues bien, debo reconocer (cosa que también se tomó el trabajo de hacer la Corte) que en un principio las cosas fueron ideales más no realidades, como es el caso de los documentos Conpes. Sin embargo es un rumbo completamente diferente el que toma  la Corte Constitucional al dictar la sentencia T-025 de 2004. Sería errado, cerrado y grosero- o ignorante- el hecho de que una persona diga que el fallo de ésta sentencia no tiene repercusiones en el futuro. En la realidad, fallar declarando ECI, 84 autos y 13 audiencias demuestran lo contrario. Además López es muy enfático cuando reconoce que lo que diferencia a esta constitución de otras anteriores es la importancia que se le otorga a los derechos fundamentales y la posibilidad de una participación de los ciudadanos en el ámbito legal (tutelas) y político (partidos políticos) que los garantizan (López:2010). Pero, para poder participar es necesario conocer y conocer implica estudiar. Todos sabemos que el estudio es un proyecto y meta no de corto sino de largo plazo. Una vez más no podemos pretender que la ley lo haga todo. El hecho de que la Carta  asegure el derecho a la educación no quiere decir que desde 1991, cuando se escribió la norma todos nos convertimos en “educados”

En conclusión no podernos desprestigiar o desvalorar el poder de la Constitución colombiana. Cambiar las cosas depende de un proceso que toma tiempo y depende de la voluntad o solidaridad de todos y cada uno de los ciudadanos. Que hay errores los hay, no es perfecta, de lo contrario estaríamos hablando de una Carta preservadora. De que estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso.

Bibliografía:

López Medina, Diego. 2010. “Repaso histórico Analítico de la Constitución política de Colombia de 1991. Bogotá pp 1-34

Reglas idílicas VS un juego real

La nueva carta política de 1991  entra  a regir el juego por la necesidad de cambiar el contexto  de violencia e incertidumbre que afrontaba el país. Al igual que todo el marco normativo de la filosofía política y jurídica nacional, los  protagonistas del juego  (ciudadanos)  estaban en una coyuntura de crisis. Las debilidades de la partida eran de toda índole y se empieza este utópico proyecto de reforma normativa basado en un nuevo programa anti-formalista, progresista, con garantías, que consagra los derechos fundamentales y estructura la democracia participativa de este nuevo Estado de derecho.  Sin embargo, las nuevas normas del juego quedaron en simple retórica y discurso político, limitando la eficacia del proyecto de manera tajante incluso 18 años después de haber empezada la nueva partida.

En primer lugar,  aún después de 18 años de haber sido implementada, la situación actual del desplazamiento demuestra la debilidad fáctica de la Constitución.  Los derechos fundamentales de poblaciones enteras se siguen viendo vulnerados e irrespetados. Cada día aumenta la población afectada  y las condiciones en los lugares de llegada son cada vez  más inhumanas, generando prejuicios a  comunidades enteras de forma sistematizada.

La población desplazada lleva décadas  en esta situación  de abandono  y en la actualidad sigue a su merced a pesar de estrategias como el Consejo Nacional para la Atención a la Población Desplazada,  el Conpes 2924, (que crea el Sistema Nacional de Atención Integral Desplazada por la Violencia) la ley 387 y la sentencia de la Corte Constitucional T – 025 (Rodríguez Garavito, 2010).

De igual importancia,  no existen ni si quiera estadísticas claras ni una clasificación formal de esta población vulnerada, de hecho, el que clasifica y contabiliza los desplazados es el mismo que generó  las políticas y programas de protección, poniendo en duda la legitimidad de cualquier resultado (Rodríguez Garavito, 2010). En definitiva, es muy diferente tener reglas de juego utópicas a tener reglas eficaces.                                         

En segundo lugar, la actual emergencia social demuestra una vez más la inestabilidad de las reglas del juego.  El país entero está en chance, a pesar de haber determinado la emergencia social para buscar  recursos para el sector salud, se generó una crisis y controversia  aún mayor.  Por un lado, el decreto 128 quiere cambiar el nombre a los servicios que son no  POS por el de “prestaciones excepcionales en salud” y que ahora sean  de prestaciones extraordinarios con  autorización del comité técnico (el mismo que creó la norma).  Se determinó  que los pacientes que no tengan capacidad económica, paguen  los  servicio médicos extraordinarios  con sus cesantías, los ahorros pensionales e incluso con préstamos bancarios y finalmente, para los pacientes que definitivamente  necesiten de recursos, está el  fondo específico (Fonprés). Es decir, los controversiales decretos, reforman la Ley 100 y limitan a los pacientes  la  vía  de la tutela, poniendo la salud de los ciudadanos una vez más en juego.  (Redacción salud, 2010)

En conclusión, al igual que en el Monopolio, las reglas del juego son la base para el desenlace, justicia y eficacia de la partida nacional. Colombia en 1991 estaba implementando las nuevas reglas  basadas en la anhelada paz, la protección de la vida y los derechos fundamentales.  Sin embargo, como se explica en el libro ¿Justicia para todos?, las reglas pueden ser simplemente retórica,  limitando la conexión real de la constitución y el progreso social,  situación que estamos viviendo en la actualidad en el país.  Por consiguiente,  las reglas y objetivos de la nueva carta política  no se están basando  realmente en características del  constitucionalismo aspiracional que necesitamos, basado en la efectividad fáctica, y no sólo jurídica de las normas. (García Villegas, 2006) Como explica Antonio Caballero, “lo constitucional y los real carecen por completo de efectos prácticos sobre la realidad”. (Caballero, 1993)

Bibliografía .

Caballero, Antonio 1993. “Lo constitucional y lo real”, revista Cambio 16 artículo periodístico sobre referendo y reelección.

García Villegas , Mauricio. 2006  “El derecho como esperanza: constitucionalismo y cambio social en América Latina, con algunas ilustraciones a partir de Colombia”, Uprimmy, R. C. Rodríguez Garavito y M. García Villegas, ¿Justicia para todos?  Sistema judicial, derechos sociales y democracia en Colombia. Bogotá, Norma, pp 201-234.

Redacción salud, 2010.  Emergencia Social prácticamente elimina servicios que están fuera de los planes de salud (POS). El tiempo virtual . Consultado 2010-02-09. Encontrado en: http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7019270.html.

Rodríguez Garavito, César  &   Rodríguez Franco, D. “El desplazamiento forzado y la intervención de la Corte Constitucional.” (1995-2009). En: Mas allá del desplazamientos. pp. 15-35.

¿Reglas inútiles?

¿Situaciones de juego?

Noticias relactivas a la nota anterior

EL NUEVO SIGLO:
PRESIDENTE URIBE SALE EN DEFENSA DE LA FAC
Indígenas llevarán caso de bombardeo a la ONU
El Defensor del Pueblo pide que se repare integralmente a los afectados
QUE ORGANISMOS internacionales, como la ONU, investiguen el bombardeo del Ejército sobre una comunidad nativa en Antioquia y que causó heredades a varios miembros de la comunidad Embera Katío, así como daños materiales al resguardo, pidió la Onic.
Según las autoridades, y el mismo presidente Álvaro Uribe, el hecho fue accidental.
Luis Fernando Arias, secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), aseguró que no es creíble totalmente la versión de un error militar, ya que en el pasado se han presentado presiones de autoridades que han generado desplazamiento de la comunidad Embera Katío.
Afirmó que el caso será llevado ante organismos como la ONU para que establezcan la realidad de la presencia militar en la zona.
William Carupia, de la Organización Indígena de Antioquia, condenó el ataque del que fueron víctimas los aborígenes y señaló que además del bombardeo fueron víctimas de ametrallamiento desde los helicópteros a las tres de la mañana del domingo.
Desmintió también que los grupos armados ilegales operen por esa zona porque está fuertemente militarizada.
De la misma manera, se informó que hasta la zona indígena donde se reportaron los bombardeos, se desplazará una comisión humanitaria para verificar los daños.
La Onic denunció que entre los cuatro integrantes de la comunidad Embera Katio que recibieron graves lesiones, figuran dos menores de edad, uno de 8 años y otro de 20 días de nacido. También se vieron afectadas viviendas que sufrieron averías.
“El año 2002, hubo un bombardeo al resguardo indígena Guayabero, en el Guaviare, al comienzo del Gobierno del Presidente Uribe, en el marco del Plan Colombia y hasta el momento no se ha resuelto la situación de la comunidad que salió desplazada”, explicó
Luis Fernando Arias.
Y recordó que las Naciones Unidas, a través de sus relatores, han pedido no involucrar a los indígenas en el conflicto.
Por su parte, el presidente Uribe dijo que la Fuerza Aérea es “cuidadosa” de no ejecutar misiones en sitios de civiles donde permanecen infiltrados guerrilleros.
El Mandatario señaló que en donde hay población indígena la orden que tienen los militares es no bombardear y “poquitas quejas que ha habido en estos ocho años en contra de la Fuerza Aérea”.
Uribe indicó que muchas veces los guerrilleros “entran a una concentración de civiles, puede ser de comunidad indígena, y eso también ha obligado a la Fuerza Aérea a detener” sus operaciones contra las Farc.
La Séptima División del Ejército señaló en un comunicado que en desarrollo de operaciones conjuntas contra el bloque noroccidental de las Farc resultaron heridos los indígenas en una zona rural de los municipios de Murindó y Mutatá, en Antioquia.
“Lamentablemente, en una de las misiones resultaron heridos con esquirlas dos indígenas de la comunidad Embera Katío, señaló el mensaje.
El general Jorge Ardila, comandante del Comando Conjunto del Caribe, precisó que los lesionados son “una mujer de 40 años y un indígena de 22 se habían quedado por fuera del resguardo”.
A su vez, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, pidió reparar integralmente los daños y demás afectaciones que pudieron haber ocasionado a integrantes de la comunidad Embera Katío.
Pérez recomendó “promover de manera urgente un proceso de diálogo y concertación con las autoridades indígenas del resguardo de Urabá, que permita el restablecimiento de los derechos conculcados a la población indígena afectada por estos hechos”.
También el Defensor del Pueblo requirió que se adelanten las investigaciones que permitan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos señalados.
EL TIEMPO:
Dos indígenas y su bebé resultaron heridos en bombardeo erróneo del Ejército Nacional
El bombardeo estaba dirigido a un grupo de las Farc en el noroeste del país.
La séptima división del Ejército señaló en un comunicado que en la madrugada de hoy en desarrollo de operaciones conjuntas contra el bloque noroccidental de las Farc resultaron heridos los aborígenes en la zona de Curbaradó (noroeste).
“Lamentablemente en una de las misiones resultaron heridos con esquirlas dos indígenas de la comunidad embera katío”, señaló el mensaje.
Sin embargo, las autoridades indígenas de la región señalaron que el hijo de la pareja también resultó herido de gravedad y fue trasladado a un hospital del municipio de Carepa, departamento de Antioquia.
Sus padres, entre tanto, fueron evacuados por el Ejército a un centro hospitalario de la ciudad de Medellín debido a la gravedad de sus heridas.
“La séptima división desplegó todos los recursos para evacuar a estas dos personas a centros médicos de la mejor calidad en la ciudad de Medellín”, agregó el comunicado castrense.
Asimismo, indicó que las operaciones que se desplegaron hoy en esa región buscan atacar a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que asesinaron en diciembre pasado a varios líderes comunitarios de la zona.
Las tropas oficiales iniciaron un acercamiento con los cabildos y gobernadores indígenas para proveer ayuda “suficiente y oportuna para resarcir los daños colaterales a estas comunidades” que fueron expuestas al bombardeo.
MEDELLÍN